Reino Unido se pone en alerta sobre estadística y borrado del indicador sexo


 

 

 

 

 

 


James Kirkup /  es director de la Social Market Foundation y exeditor político de The Scotsman y de The Daily Telegraph.

Solía escribir mucho sobre sexo y género aquí. Hoy en día no lo hago tanto por varias razones, una de las cuales es que las cuestiones de actualidad las empiezan a reconocer y abordar mejor las personas cuya responsabilidad es encarar las complejidades de las políticas y los conflictos de derechos y argumentos.

Un ejemplo de ello se produjo el fin de semana, cuando la baronesa Falkner, nueva presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, declaró a The Times que no se debe penalizar o maltratar a las mujeres que crean que las personas transgénero no se convierten en mujeres por su mera identidad declarada.

“Se puede creer que las personas que se autoidentifican como un sexo diferente no son el sexo diferente con el que se autoidentifican”, afirmó. “A mucha gente le parecería una convicción totalmente razonable”.

En otras palabras, la autoridad de los derechos humanos del Reino Unido dice que no hay por qué aceptar que las mujeres trans son mujeres. Algo muy importante, como sabrá cualquiera que haya seguido este debate. También es una señal de que cada vez es más fácil debatir las implicaciones de la política y la práctica en torno al sexo y el género, lo cual es bueno para todos los implicados. Las políticas que se debaten adecuadamente pueden ganar la confianza del público, a diferencia de aquellas que se aplican en silencio y sin discusión abierta.

Cuando empecé a escribir sobre estos temas, fue en parte porque me preocupaba que la política no facilitara esos debates. En 2018, a lo largo de varios meses, recopile decenas de relatos privados de parlamentarios en activo de varios partidos, que decían creer que algunas políticas y prácticas destinadas a beneficiar a las personas trans podían repercutir negativamente en los derechos, la situación legal y los servicios de otras personas, especialmente de las mujeres. Sin embargo, casi ninguno de esos políticos lo decía públicamente, porque consideraban que el clima en torno al tema era demasiado hostil y tóxico.

Eso me preocupaba, diría que hasta me molestaba. Entiendo perfectamente que los políticos son humanos y no les gusta meterse en un nido de víboras, pero también es tarea de los políticos liderar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Eso significa encontrar formas de drenar el veneno del debate público y tener el valor de discutir cosas complicadas y polémicas, incluso si al hacerlo se acaba molestando a algunas personas.

Así que, después de haber sido un poco grosero con los políticos y su incapacidad para debatir sobre sexo, género y políticas públicas, creo que ahora debo ser amable con los que hacen su trabajo y discuten estas cosas. Por eso, la mayor parte del resto de esta columna es el texto de un breve discurso de Tonia Antoniazzi, la diputada laborista por Gower.

Hago referencia a su intervención en la Cámara de los Comunes en un debate sobre delincuencia y «calles seguras para todos y todas».

Merece la pena leer su discurso entero aquí:

Para encontrar soluciones eficaces debemos comprender plenamente el problema, y los datos precisos son fundamentales para abordar las causas de la delincuencia, proteger al público, hacer justicia a las víctimas y rehabilitar a los delincuentes. Los datos deben estar desglosados con precisión por sexo para comprender bien el impacto de todos los delitos sobre las mujeres y las niñas. Para luchar contra el sexismo hay que tener en cuenta el sexo, y para luchar contra la discriminación de otros grupos es necesario registrar datos separados y adicionales. Los patrones de delincuencia de los hombres y de las mujeres muestran el mayor diferencial, por lo que debemos registrar el sexo de las víctimas y de los autores de todos los delitos. Por ejemplo, la proporción de mujeres procesadas en 2019 fue del 2 % en delitos sexuales, del 8 % en robos y del 7 % en posesión de armas.

Todos queremos vivir en una sociedad que sea respetuosa y tolerante y que luche por la igualdad. La reasignación de sexo es, con razón, una característica protegida y debemos respetar la intimidad de las personas transgénero, pero para proteger a todo el mundo cuando se trata de registros oficiales de delitos, especialmente contra mujeres y niñas, necesitamos registros precisos del sexo biológico de las víctimas y de los autores de los delitos, además de datos sobre la identidad de género de víctimas y autores. ¿Por qué entonces los cuerpos policiales registran el género autoidentificado de las víctimas de los presuntos delincuentes y no su sexo biológico?

Tengo entendido que al menos 16 fuerzas policiales regionales registran ahora el sexo de los sospechosos basándose en la identidad de género, siguiendo las directrices del Consejo Nacional de Jefes de Policía. Los datos basados únicamente en el sexo autoidentificado no ofrecen datos precisos sobre los que construir una estrategia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, ni para planificar eficazmente servicios que apoyen a todas las víctimas y se dirijan a todos los agresores, sea cual sea su sexo o la forma en que se identifiquen.

Si los registros policiales no son sólidos y no están correctamente desglosados por sexo, acabamos teniendo datos poco fiables y potencialmente engañosos en los informes. Por ejemplo, la BBC pidió a 45 fuerzas policiales regionales del Reino Unido que recabaran datos sobre los casos denunciados de abuso sexual infantil por parte de mujeres entre 2015 y 2019. Los datos recibidos indicaron que se produjo un aumento del 84 %. La corrupción de los datos da a entender que no podemos afirmar si este gran aumento se debe a un incremento de mujeres delincuentes o de aquellos que se identifican como mujeres, y ese detalle importa.

Las mujeres representan el 3 % de las detenciones por todos los delitos sexuales. El número de mujeres condenadas por estos delitos es tan bajo que el registro erróneo del sexo del infractor sesga los datos muy rápidamente. Cuando las categorías de delitos son cometidas por mujeres en contadísimas ocasiones, la adición de apenas una o dos personas puede tener un impacto significativo en los datos. Por ejemplo, un hombre condenado por intento de asesinato y otros delitos en el tribunal de la Corona de Birmingham en 2017 fue registrado como mujer, con lo que se elevó de forma falsa el número de mujeres condenadas por intento de asesinato ese año en Inglaterra y Gales en alrededor de un 20 %. Necesitamos saber qué medidas tomará el Gobierno para garantizar el correcto mantenimiento de los registros policiales y evitar la posible corrupción de los datos sobre los delitos y su impacto en las mujeres y niñas.

Antoniazzi se plantea preguntas serias e importantes. Para ello, se basa en las investigaciones de organizaciones como Fair Play For Women y se hace eco de las preocupaciones sobre sexo, género y datos planteadas por académicas como la profesora Alice Sullivan de la UCL. (Por si sirve de algo, yo también he escrito un poco sobre el tema).

El sexo y el género no son un juego lingüístico ni un tema de debate online. Como demuestra el citado discurso, estas cosas importan. La política debe basarse siempre en hechos; los datos oficiales deben iluminar, no oscurecer. Es una cuestión abierta si, al permitir que la identidad de género autodeclarada eclipse el sexo biológico, las fuerzas policiales y otros organismos públicos están creando la impresión engañosa de una creciente participación femenina en delitos graves. Estas son cosas que deberían debatirse en el Parlamento.

El hecho de que una diputada lo haga es algo positivo, una señal de que el debate sobre el sexo y el género es cada vez más fácil y habitual. Pero Tonia Antoniazzi merece sin duda nuestros elogios por plantear esas preguntas. También merece respuestas.

 

 

 

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