El Tarajal, entre el rojo y el negro

El Tarajal, entre el rojo y el negro

Hace siete años, quince personas de origen subsahariano murieron ahogadas como consecuencia de la utilización por la guardia civil de medios antidisturbios que les impidieron llegar a una playa de un país en el que pensaban tener la oportunidad de vivir mejor. Tal día como hoy, hace siete años, el Mediterráneo volvió a teñirse de rojo y negro. Rojo por la sangre inocente pérdida inútilmente, negro por el luto de un mar que ha convertido sus entrañas en sepulturas de miles de hombres y mujeres que dejan sus sueños y esperanzas en él. Los hechos no tuvieron lugar en ninguna república bananera ni en país alguno violador de derechos humanos. Tuvieron lugar en un país occidental, rico, democrático: el Reino de España.

Aquel crimen no ha sido aclarado nunca. Sistemáticamente y año tras año a, pesar de las acciones iniciadas ante la justicia por diversas organizaciones de derechos humanos, la respuesta ha sido el archivo. Los responsables son conocidos, tienen nombre y rostro, son protegidos una y otra vez por un sistema que, aun reconociendo sobre el papel la igualdad entre todos los seres humanos, permite, en la práctica, que el crimen cometido contra quince personas inocentes siga impune. Jóvenes sin rostro, sin identidad, sin sepultura cuyo delito fue tener un sueño y luchar por alcanzarlo.

Aquellos sucesos ocurridos en la playa de Tarajal, en Ceuta, son hoy el símbolo de la iniquidad y la injusticia que sigue caracterizando los cimientos de un mundo profundamente desigual. Lejos de ser un hecho aislado, lo ocurrido allí puso de manifiesto la brutalidad empleada sistemáticamente contra seres asustados e indefensos y las prácticas de ocultación y justificación seguidas por las instituciones que deberían tener como primera obligación la defensa de las vidas humanas, de cualquier vida humana proceda de dónde proceda. Muertos sin nombre, cuerpos sin identificar, familias que no sabrán si uno de ellos era su hijo o su hija.

Año tras año, las muertes siguen sucediéndose porque, a pesar de todas las medidas disuasorias que se interpongan, de todos los recursos que se empleen para proteger y blindar las fronteras, no hay valla que frene el anhelo y el derecho de cualquier ser humano de buscar un mundo mejor en el que estar a salvo del hambre o de la muerte. Mientras la respuesta sean las balas o las fronteras seguirá habiendo seres humanos huyendo. Los miles de muertos – solo en 2020 se han contabilizado 2.170, de los cuales solo han aparecido los cuerpos de 88- se suceden año tras año como evidencia de que la políticas de represión y rechazo no sirven para nada, son inútiles intentos de poner puertas a los sueños y la esperanza. Solo un cambio radical en la orientación de dichas políticas, que anteponga el derecho a la vida, la justicia, y la dignidad a la exclusión y la división entre los seres humanos, que priorice la paz y el desarrollo justo de los pueblos a la desigualdad y la acumulación de riqueza y bienestar de unos pocos a costa de los más, podrá empezar a sentar las bases para que los flujos migratorios dejen de producirse.

En realidad, las vallas, las concertinas, las balas y las actitudes xenófobas y racistas tienen como objetivo la protección de los privilegios de esa pequeña parte del planeta que vive a costa del resto.

En un día como hoy, convertido ya en símbolo de la lucha contra las políticas de exclusión y rechazo, no es posible dejar de hablar de los miles de millones que mueven estas políticas. Al incremento de las partidas destinadas a impedir la llegada de las personas migrantes ha de sumarse el de las provenientes del tráfico ilegal, de las mafias, de la prostitución. Ha de sumarse el ahorro que supone la contratación de personas “sin papeles”, ya sea en el servicio doméstico, en el cuidado de mayores o en la agricultura. Ha de sumarse la indefensión, el maltrato, la persecución, el rechazo sistemático, con todo su corolario de atentado a los derechos humanos, a la dignidad y la libertad.

Derogar la Ley de extranjería, proceder al cierre de los CIE, terminar con la externalización de las fronteras, reconocer la ilegalidad de las deportaciones, las devoluciones en caliente y las exprés, terminar de una vez por todas con la criminalización de las personas refugiadas y migrantes, elaborar políticas de acogimiento y protección justas basadas en el reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas… son tareas urgentes que no pueden seguir demorándose. Tareas que competen tanto a las administraciones públicas como al conjunto de la ciudadanía, porque, con el silencio o la indiferencia, todos y todas somos responsables de esta iniquidad.

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