Siguiendo la estela europea: empresas deberán adaptar registro salarial

Siguiendo la estela europea: empresas deberán adaptar registro salarial

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos leyes que buscan reducir la brecha salarial de género en las empresas españolas, con las que se obliga a las empresas, en un plazo de seis meses, a adaptar su registro salarial y, además, a hacer una auditoría retributiva.

Ambos proyectos de ley han sido elaborados de forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad y, según han señalado las dos ministras de ambas carteras, Yolanda Díaz e Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un logro «histórico».

Según han explicado, el primer texto «regula la transparencia salarial, garantizando el derecho a la información retributiva». Así, se obliga a las empresas a tener igual retribución tanto para hombres como mujeres por trabajo de igual valor en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La segunda norma tiene que ver con los planes de igualdad y su elaboración por parte de las empresas. A través de este texto se exige que los planes sean negociados con los agentes sociales y se determina cómo hacer el diagnóstico y poner en marcha las herramientas necesarias para lograr la igualdad.

«La igualdad es un derecho, pero es también una cuestión de eficacia y eficiencia económica», ha declarado Montero que, a pesar de celebrar este «avance», ha reconocido que «no basta» para poner fin a la brecha retributiva que existe en el país.

UGT y CCOO destacan que las normas aprobadas por el Gobierno permitirán recortar la brecha salarial

UGT y CCOO han celebrado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de dos normas que consideran «clave» para reducir la brecha salarial y avanzar en la igualdad real: la ley de transparencia retributiva y las de planes de igualdad en las empresas.

Ambos sindicatos han subrayado en sendos comunicados que estas normas recogen el «Acuerdo para el desarrollo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo» alcanzado en el marco del diálogo social el pasado 30 de julio. Dicho acuerdo fue ratificado por las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la de Igualdad, Irene Montero, y los sindicatos UGT y CCOO.

UGT ha afirmado que la implantación de planes de igualdad en las empresas a partir de 50 trabajadores ayudará a avanzar en la igualdad retributiva «porque las mujeres en España siguen ganando 6.000 euros menos al año de media que los hombres».

El sindicato ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para cumplir la ley en esta materia y ha pedido que se habiliten más recursos económicos y humanos para llegar a todas las empresas y garantizar así una igualdad real.

En la misma línea, CCOO ha apelado a CEOE y Cepyme –«que se levantaron de la mesa de negociación de estos reglamentos»– para que a partir de ahora se sienten a negociar en las empresas la aplicación de lo aprobado.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha resaltado que estos reglamentos «son una buena herramienta para negociar con garantías los planes de igualdad e implantar el registro salarial en las empresas».

La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, por su parte, ha señalado que «este acuerdo es fundamental para avanzar en igualdad». Ambas responsables sindicales han destacado su importancia para acabar con las distintas brechas que existen entre mujeres y hombres, «consolidando una sociedad igualitaria, libre de estereotipos de género».

El sueldo de las empleadas públicas es más de 3.300 euros inferior a los de los hombres, según CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este martes al Gobierno que se siente a negociar el III Plan de Igualdad para la Administración General del Estado (AGE) para actualizar el actual, que data de 2015.

Según ha denunciado CSIF en un comunicado, el salario medio bruto de las mujeres del sector de la Administración Pública alcanzó los 28.095 euros en 2018, frente a los 31.469 euros de los hombres.

Asimismo, de acuerdo con datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), CSIF ha puesto de manifiesto que las mujeres hacen el triple de jornadas a tiempo parcial que los hombres en el sector público, lo que explicaría también parte de la brecha salarial.

De este modo, al hilo de la aprobación de los decretos sobre planes de igualdad y de igualdad salarial en el Consejo de Ministros de este martes, el sindicato ha considerado «obligado» que estas políticas se reflejen también en el ámbito de las administraciones públicas.

En este sentido, CSIF recuerda que el II Plan de Igualdad finalizó su periodo de aplicación en 2016, por lo que el III Plan lleva ya cuatro años de retraso.

«Este III Plan persigue un cambio cultural y organizativo con el fin de consolidar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos, promover la sensibilización y formación de todos los empleados y empleadas públicas en esta materia, el apoyo a la conciliación y el abordaje de situaciones de discriminación directa o indirecta con un catálogo de buenas prácticas, acciones y medidas concretas», apunta.

En su opinión, los ejes de la negociación pasan por mejorar las estadísticas e indicadores, el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera profesional, las condiciones de trabajo, salud y prevención, comunicación no sexista e inclusiva, retribuciones o violencia de género, entre otros temas.

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