América Latina: zona franca de la colonización queer

América Latina: zona franca de la colonización queer

Este articulo es de la autoría de María José Binetti y fue publicado originalmente en el portal de la organización feminista británica FiLiA. María es Doctora en Filosofía y Magíster en Estudios de las Mujeres y de Género – Investigadora del CONICET (Argentina) en el área de Filosofía Contemporánea y Filosofía Feminista – Activista por los derechos de las mujeres en base al sexo – Integrante de la Campaña Argentina por el Reconocimiento de los Derechos de las Mujeres en Base al Sexo.

 Pueden leer la versión en inglés de esta entrevista en el portal de la organización feminista británica FiLiA aquí.

 

Me propongo explicar aquí por qué y en qué sentido América Latina y en particular Argentina constituyen una tierra extremadamente atractiva y de fácil acceso para el extractivismo neocolonial queer. Hay algunas razones para ello. En primer lugar, América Latina es la región más desigual del mundo. Tenemos aquí masas de mujeres desempleadas y empobrecidas cuyo único capital es su propio cuerpo. En segundo lugar, la precariedad de las instituciones políticas y la falta de tradición democrática ponen a la región a merced de caudillos carismáticos y muy corruptos. Para los líderes populistas latinoamericanos, la pobreza es un gran negocio. En tercer lugar, nuestro subdesarrollo cultural es continuamente cautivado por modas importadas.

En tal contexto, no es mera coincidencia que la agenda queer comenzara por colonizar América Latina. En efecto, Ecuador fue el primer país del mundo en introducir la “identidad de género” en su nueva Constitución de 2008, seguido por Bolivia en su Constitución de 2009. Ambos incorporaron la Pachamama ‒la Diosa Madre aborigen‒, el Sumak Kawsay ‒la filosofía indígena del bien living‒, junto con la identidad de género promovida por los Principios de Yogyakarta y las agencias de la ONU. Por su parte, Argentina fue el primer país en aprobar un modelo legislativo basado en la auto-percepción en 2012, seguido de Brasil en 2013.

Argentina fue el primer país en aprobar un modelo legislativo basado en la auto-percepción en 2012, seguido de Brasil en 2013.

En ese momento, América del Sur estaba dominada por una ola populista, disfrazada de progresismo y antiimperialismo. Esta expandió un tipo de Nueva Izquierda que combinó el relativismo cultural posmoderno ‒inspirado en pensadores como Michel Foucault, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau y Judith Butler‒ con el populismo nacionalista. Me refiero al gobierno de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, y Lula da Silva en Brasil, alineados con Hugo Chávez en Venezuela y Fidel Castro en Cuba. Ellos se presentaron como los Padres re-fundadores de la Patria Grande. La retórica progresista e inclusiva fue el marco en el que entró el emprendimiento queer neoliberal en América Latina.

La retórica progresista e inclusiva fue el marco en el que entró el emprendimiento queer neoliberal en América Latina.

De allí en adelante, el discurso jurídico, político y cultural comenzó a ajustarse al modelo auto-perceptivo y constructivista que la identidad de género presupone. El mercado mundial del sexo encontró nuevos nichos, y fundaciones y ONG muy influyentes comenzaron a ejercer presión. Mencionemos, por ejemplo, Red Umbrella, RedTraSex, Mama Cash, Amnistía Internacional, Open Society Foundation o GATE. Esta última fue fundada en 2009 por Mauro Cabral Grinspan, una mujer argentina auto-declarada varón que firmó los Principios de Yogyakarta. Argentina juega un papel líder en la promoción de la agenda queer y sirve como termómetro de la región. Me referiré brevemente a lo que está sucediendo en la actualidad en Argentina.

Desde el pasado mes de diciembre, el país volvió a ser gobernado por el partido de Cristina Kirchner, el mismo que gobernó entre 2007 y 2015, cuando la identidad de género arribó a la región. Como resultado, durante los últimos 10 meses la vulneración de los derechos de las mujeres basados en el sexo ha sido terrible.

Desde diciembre, Argentina cuenta con un nuevo Ministerio de “Mujeres, Géneros y Diversidad”, un instrumento omni-inclusivo a fin de legitimarlo todo: mujeres, varones, estereotipos sexuales e identificaciones privadas. El Ministerio está estratégicamente institucionalizado para socavar la agenda feminista y promover en su lugar la agenda queer. En efecto, bajo el paraguas de los géneros y las diversidades, las mujeres se convierten en una identidad más, un grupo minoritario entre tantos otros.

El uso del así llamado “lenguaje inclusivo” acompaña al nuevo modelo de la autodeterminación sexual introduciendo el fonema neutro “e” como género común de femenino/masculino. Así por ejemplo se usa “todes” en lugar de “todas” y “todos”. Además, la categoría de “mujeres” está siendo reemplazada por el neutro “persona”. El lenguaje inclusivo ha sido adoptado oficialmente por varias universidades y organismos públicos como el Banco Central de Argentina.

la categoría de “mujeres” está siendo reemplazada por el neutro “persona”.

A los efectos de la inclusión, el Banco Nacional junto con todos los demás servicios públicos acaba de establecer un cupo para trabajadores travestis, transexuales y trabajadores no menor al 1%. El único requisito para aplicar al cupo es autoidentificarse “trans”, sin necesidad de cambiar el sexo o nombre en los documentos oficiales. Sin embargo, no está claro si este 1% supone la paridad entre mujeres y varones.

Todas las acciones del Ministerio están dirigidas de manera conjunta a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales. Por ejemplo, el reciente Programa Nacional “Acompañar” está destinado a mitigar la violencia de géneros contra varones y mujeres en el contexto del COVID, sin mencionar la especificidad de la violencia contra las mujeres basada en el sexo. El programa tampoco indica nada sobre el porcentaje destinado a mitigar la violencia contra las mujeres y el porcentaje destinado a la violencia contra los varones. Lo mismo vale para el Programa Nacional “Igualar”, destinado a promover la igualdad de géneros en el trabajo, empleo y producción según el principio de igualdad en la diversidad.

Y otro tanto ocurre con el Plan Nacional para prevenir la violencia contra las personas por razones de géneros.

Otro ejemplo reciente de la confusión entre mujeres y diversidades es la Resolución Número 34 de la Inspección General de Justicia que establece la diversidad de género en el directorio de todas las corporaciones, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. Según la Resolución, debe haber un número igual de miembros femeninos y masculinos en los órganos colegiados. Además de eliminar el derecho a la existencia de organizaciones solo de mujeres, la Resolución sustituye la paridad entre mujeres y varones por la diversidad de género entre miembros femeninos y masculinos.

El borrado es también el destino de la categoría legal de “madre” y “mujer embarazada”, ahora reemplazada el neutro asexuado “persona” ‒libremente determinada‒ más las funciones de “embarazo” o “lactancia” ‒libremente disociable del sexo‒. A modo de ejemplo, un reciente proyecto de ley presentado al Congreso argentino propone sustituir en algunos artículos del Código Penal argentino la categoría de “mujer embarazada” por “persona embarazada”. El proyecto de ley sostiene que “mujer” es un término perimido y anacrónico, que niega además el derecho a la identidad de género.

El borrado es también el destino de la categoría legal de “madre” y “mujer embarazada”, ahora reemplazada el neutro asexuado “persona” ‒libremente determinada

La operación ideológica para confundir mujer y diversidades ‒justificada por el modelo auto-perceptivo de los géneros‒ repite una misma estrategia. Las iniciativas políticas suelen comenzar invocando la autoridad de la CEDAW, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, o la Convención Interamericana Belem do Pará, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, para proceder a la sustitución de los derechos de las mujeres basados en el sexo por los derechos de las personas basados en los géneros.

Dicho brevemente, los tratados y convenciones internacionales referidos a las mujeres son utilizados para borrarlas. Ya sea que se elimine por completo la categoría jurídica mujer o la se equipare a las diversidades, la cuestión es la discriminación y la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Introducir a las mujeres en la infinita lista de los géneros ‒como si las mujeres hicieran una actuación en la que nos identificamos con la hetero-normativa social del sistema‒ supone violencia simbólica y psicológica, y minoriza a las mujeres. Las diversas somos las mujeres. El resto son varones.

Hay también otra institución crucial para el feminismo argentino severamente amenazada por la colonización queer, a saber, el Encuentro Nacional de Mujeres. Desde hace algunos años, las activistas “trans” han estado presionando para convertir el Encuentro Nacional de Mujeres en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Al final, lo consiguieron. A partir de este año, en el 35º Encuentro, habrá dos eventos separados: el Nacional de Mujeres y el Plurinacional de Diversidades. Pero la gran noticia es que el gobierno decidió invertir alrededor de 2 millones de dólares en el Encuentro de Diversidades ignorando el Encuentro de Mujeres.

Vale la pena señalar que los Encuentros de Mujeres han sido y serán autofinanciados, a fin de mantener su autonomía, y que la inversión del gobierno para las diversidades ocurre en un contexto con más del 40% de pobreza y 5 millones de nuevos pobres debido a la pandemia.

. Desde hace algunos años, las activistas “trans” han estado presionando para convertir el Encuentro Nacional de Mujeres en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias.

El “trabajo sexual” también se ha convertido en una identidad libre y privada que debe ser legitimada. Aunque Argentina es un país abolicionista ‒que criminaliza el proxenetismo y la trata, pero no a las mujeres prostituidas‒ sin embargo la presión para despenalizar el proxenetismo y regular la prostitución es cada vez mayor. En junio de este año hubo un intento ilegal por incorporar el “trabajo sexual” al Registro Nacional de la Economía Popular. El abolicionismo feminista reaccionó rápidamente y el Registro tuvo que dar marcha atrás.

Sin embargo, la presión continúa por medio de AMMAR, un pseudo-sindicato de trabajadoras sexuales muy influyente. AMMAR tiene vínculos directos con el gobierno, las organizaciones de derechos humanos y también “Ni Una Menos”, un movimiento de mujeres ahora registrado como una marca muy rentable. Detrás de AMMAR están RedTraSex, ONUSIDA, el Banco Mundial y Mama Cash, Robert Carr Fund for Civil Society Networks, entre muchas otras organizaciones.

La portavoz principal de AMMAR asistió recientemente al 3º Congreso Internacional de Educación organizado por Ministerios, Congresos y Universidades nacionales y Provinciales, donde señaló la importancia de introducir el trabajo sexual como contenido curricular. El año pasado, AMMAR abrió la Casa Roja, una especie de centro de asistencia para mujeres prostituidas. Desde la pandemia del coronavirus, la Casa Roja ha estado proporcionando documentos de identidad, programas sociales, vivienda, subsidios, etc. a migrantes. Sí, las mujeres migrantes pobres son “asistidas” por el “Ministerio de las Putas” en coordinación con el Estado.

Pero el tema más preocupante de la colonización queer es este momento la explotación reproductiva. En julio se presentó al Congreso argentino el proyecto de ley para incorporar la gestación por subrogación al Código Civil, justo el día del décimo aniversario del matrimonio igualitario, como una especie de regalo de bodas para las minorías reproductivas y las identidades de género.

Una de las principales impulsoras de la gestación subrogada en el país es Marisa Herrera, quien es además la actual candidata argentina a la CEDAW. Herrera lleva años impulsando la explotación reproductiva de las mujeres. Alineada con el Ministerio de los Géneros, ella ha expresado su deseo de democratizar la CEDAW introduciendo las diversidades. También ha mantenido una confusa posición sobre el cuidado compartido de las/os hijas/os, omitiendo algunas recomendaciones generales de la CEDAW.

Una de las principales impulsoras de la gestación subrogada en el país es Marisa Herrera, quien es además la actual candidata argentina a la CEDAW.

La industria de la gestación subrogada intenta instalarse en América Latina. Esta tierra promete un mercado atractivo para la explotación sexual y reproductiva, posibilitado por masas de mujeres empobrecidas y desempleadas, falta de instituciones democráticas y una corrupción endémica. Actualmente, existen proyectos para regular la gestación subrogada en Argentina, Perú y México. El Código Orgánico de Ecuador ya lo aprobó, y Guatemala tiene granjas de mujeres paridoras. Argentina ha autorizado hasta la fecha 47 inscripciones de niños nacidos de una supuesta explotación altruista, y el último caso se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia. Curiosamente, ninguno de estos países ha despenalizado el aborto, que permanece a la espera de un acuerdo entre la Iglesia y los gobiernos.

En este contexto, es difícil para las feministas latinoamericanas abrir espacios para voces críticas de género y los géneros. La censura en la academia y la exclusión de los medios de comunicación son la regla. Nuestro principal apoyo son las redes de acción internacional.

Sabemos que esta lucha es global. Sabemos también que unidas, las mujeres somos más fuertes.

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