Orígenes y efectos de la sanción de la Ley de «Identidad de Género» en Argentina

Orígenes y efectos de la sanción de la Ley de «Identidad de Género» en Argentina

La situación política de Argentina desde la crisis del 2001 se estabilizó con un gobierno cuya característica fundamental fue el caldo de cultivo de la política del género como identidad. El kirchnerismo (gobernó entre el 2003 y el 2015 y de nuevo desde diciembre del 2019) es un régimen de tipo bonapartista (populista), que construye una amalgama de mitos políticos capaces de interpelar a vastos (y contradictorios) sectores de la población, abstraídos de su condición de clase, siguiendo las recomendaciones del gran ideólogo del populismo latinoamericano, Ernesto Laclau. De allí la definición de su política como de “expansión de derechos”. Por ese motivo tuvo más éxito en los sectores que promueven reivindicaciones específicas: población aborigen, campesinos, “marrones”, travestis y trans, entre otros. El gobierno consigue así, una multitud de usinas que reproducen su política y le permiten vehiculizar el control social de amplios sectores de la población. Estos grupos son muy agresivos en su prédica y adoptan, necesariamente, la perspectiva según la cual la verdad es una construcción social, lo que les permite justificar las arbitrariedades y las contradicciones, amén de unir fuerzas dispersas en torno a esos intereses sectoriales. Esta es la base ideológica en la cual la eliminación del sexo como realidad material y el generismo queer funcionan como herramientas eficaces para la construcción de la hegemonía política.

La Ley 26.743, de Identidad de Género, sancionada en mayo del 2012, se caracteriza por:

  1. a) la identidad de género es autodeclarada;
    b) los interesados pueden solicitar inscripción registral de su autodeclaración sin requisitos previos;
    c) si la persona requiere alguna forma de intervención (hormonal o quirúrgica), dicha intervención se realizará con el consentimiento informado y debe estar incluida en el Plan/Programa médico obligatorio de la obra social o, en su defecto, realizarse en un hospital público sin costo alguno. d) para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la intervención quirúrgica de reasignación genital. e) los menores de edad pueden recibir tratamientos hormonales o realizarse cirugías.

 

Cuáles fueron las consecuencias de la ley

Hace poco, en España, la diputada Carla Antonelli, del PSOE, defendió el reconocimiento del género como identidad con el argumento  de que, en Argentina “no ha pasado absolutamente nada” luego de varios años de aprobada la ley. Lo cierto es que Argentina funciona como banco de pruebas del generismo queer, dado que fue el primer país del mundo en aprobar una ley de identidad de género con estas características. Digamos primero, que la ley se aprobó sin ninguna discusión social, acompañada luego por una intensa campaña de censura contra todas las personas que opinen diferente, so pena de castigo legal, enjuiciamiento por “crimen de odio” o por “calumnias e injurias”.

La Ley de Identidad de Género debe colocarse entonces en el marco más amplio que implica todo un conjunto legislativo y de prácticas sociales, dentro de las cuales se justifica el alquiler de vientres, la prostitución o la hormonación de menores. Es un marco filosófico subjetivista, relativista y anti científico, que, puesto al servicio del deseo individual, posibilita todo tipo de arbitrariedades. Desde este punto de vista, el individuo está autorizado a exigir todo de la sociedad, sin que se le pueda pedir nada a cambio. Una ley que interpusiera el derecho de la sociedad (y el deber, para con la propia persona interesada) de verificar, certificar o valorar la posibilidad y la conveniencia de una solución determinada al problema que se le presenta, se considera un intento poco menos que “mengeliano” de “patologización” de la condición sexo-genérica del o la demandante.

la ley se aprobó sin ninguna discusión social, acompañada luego por una intensa campaña de censura contra todas las personas que opinen diferente, so pena de castigo legal, enjuiciamiento por “crimen de odio” o por “calumnias e injurias”.

Por lo tanto, el problema que enfrentamos no radica en “trans” sí o “trans” no, sino en una “filosofía” perversa con consecuencias nefastas para las mujeres. Luchamos contra esa dirección política que disfraza este individualismo salvaje de “derechos humanos” para construir poder político desde posiciones supuestamente izquierdistas. Veamos algunos ejemplos.

 

En el campo laboral y de la formación

Voy a partir del caso de Sergio Lazarovich, empleado en una repartición oficial, que adoptó la identidad de género femenina y pasó a llamarse Sergia, poco antes de cumplir 60 años. En Argentina, la edad jubilatoria de los hombres es de 65 años y la de las mujeres, de 60. Esta diferencia es una forma de considerar que las mujeres llevamos la carga laboral de la doble jornada durante gran parte de nuestras vidas. Pues bien, Sergio no quería trabajar hasta los 65 años. El caso, muy polémico, solo se hizo público porque sus compañeros de trabajo denunciaron que el trámite era simplemente una maniobra. Obviamente, Sergia puede volver a transformarse en Sergio cuando quiera, habida cuenta de que no hay nada que lo impida ante la ley. Dado que el cambio en la identificación registral del sexo es confidencial, no se puede saber cuántas personas pudieron haber realizado esta misma operatoria. Lo que sí está claro es que es perfectamente legal y echa por tierra un derecho conquistado por las trabajadoras de la Argentina.

El gobierno nacional brinda diferentes planes de ayuda económica para la finalización de estudios primarios y secundarios. Uno de ellos es el Plan Progresar. Para poder acceder a dicha ayuda, el límite de edad es de 30 años. Para personas “cis”, claro, porque para trans el otorgamiento de la ayuda no tiene límite etario.

Otro tema crucial en este campo es el del cupo laboral. Bajo el fundamento de la suma de discriminaciones (las “personas trans” son las más pobres, las más oprimidas, las más explotadas, etc.), en algunos distritos se ha sancionado una Ley de cupo laboral trans. Ahora se discute una de carácter nacional, en la que se estipula que el Estado debe destinar un porcentaje obligatorio de plazas a la población trans. Dada la escasa magnitud de esta población, esta ley significa empleo garantizado, una prerrogativa de la que están excluidos los casi tres millones de mujeres que están desocupadas en nuestro país, a quienes se considera “privilegiadas” por el solo hecho de no ser trans.

Lamentablemente, esta ideología no solo es producida por los partidos burgueses, sino que también hace carne en partidos que se reivindican de izquierda. Hace un par de semanas, el Partido Obrero, el más grande de la izquierda argentina (trotskista no feminista) presentó ante la Cámara de Diputados su proyecto de ley nacional de “inclusión laboral trans”, por la cual las reparticiones oficiales deben ocupar a no menos de un 2% de la totalidad de su nómina con personas trans. Recordemos que en el súper poblado Estado argentino, en todos los niveles (municipal, provincial y nacional) hay 4 millones de empleados. Eso significa que estarían reservados para estas personas no menos de 80.000 empleos. Por otra parte, no es necesario que las y los aspirantes cumplan con las condiciones de idoneidad para el cargo, pues contarían con un régimen especial de capacitación a cargo de los respectivos organismos.

Esta izquierda no parece notar que esta legislación fractura las luchas obreras, creando desocupados “privilegiados” y obreros que tienen más importancia que otros. Se trata del abandono del criterio más elemental de la unidad de la lucha obrera: trabajo para todos, sin distinción de sexos y de cualquier otra consideración (étnica, etaria) y subsidio universal al desocupado, otra vez, sin diferenciación alguna. Como dijimos, con esta política, una obrera pobre, madre soltera y cabeza de familia con hijos que vive en una villa miseria, tiene que esperar porque es una “cisprivilegiada”.

 

Problemas dentro del feminismo

En nuestro país la marcha del 8M y el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) son eventos que reúnen a cientos de miles de nosotras y en ambos, la representación, tanto en cantidad como en dirección, del generismo se va imponiendo cada vez más en detrimento de las mujeres. En el Encuentro Nacional existe una enorme presión para incorporar las “demandas de la diversidad”, a tal punto que ahora se le quiere cambiar el nombre de “Encuentro Nacional de Mujeres” por “ENM Trans, Travestis, Originarias, Negras, Lesbianas, Bisexuales, No binaries” y un largo etc. En las asambleas organizativas de estos eventos nacionales la dirección política del generismo expresa intereses contrarios a los del feminismo. Incluso, se han incorporado varones que se autodenominan no binaries que, en medio de las asambleas, han violentado compañeras. Por otra parte, la mayoría de las representantes del generismo, incluso quienes dicen ser abolicionistas de la prostitución, aceptan sin cuestionamiento alguno la explotación reproductiva o la venta de óvulos. Además, en esas asambleas, nos presionan para que dejemos la discusión por el aborto para el final, o incluso que no sea discutido.

Con relación al aborto quiero señalar que en 2018, un gobierno considerado de derecha abrió el debate a la sociedad. La ley no salió porque el Senado se pronunció en contra. Como ya sabemos, el aborto es un gran negocio y las mujeres que cuentan con los recursos económicos, los realizan sin riesgo alguno. Por lo tanto, la consigna de “aborto voluntario y gratuito” es claramente una consigna no solo feminista, sino también obrera. Ahora, con el kirchnerismo nuevamente en el gobierno, la presión que supo ejercer el movimiento de mujeres bajo el macrismo, decreció. Los lazos entre el gobierno y el Vaticano son evidentes. El Papa argentino es peronista y los líderes del oficialismo siguen rindiendo cuentas a las diferentes iglesias, principalmente a la Católica y a la Evangelista.

Entonces, las argentinas tenemos ley de identidad pero no derecho al aborto.

 

Implicancias legales de la Ley de Identidad

Después del 2012, se presentaron decenas de proyectos que van acomodando el sistema legal a la consideración de que el sexo es un constructo social y el género, fluido. Menciono solamente los dos últimos: el proyecto kirchnerista de vientres de alquiler, entre cuyos fundamentos aparece la causa de la “voluntad procreacional” como un derecho que debe ampliarse a las parejas que (como los varones homosexuales o de parejas con transmujeres) no pueden concebir. Consecuentemente, proliferan los proyectos de vientres de alquiler presentados como “gestación solidaria”, fundada en la jurisprudencia por la cual, las parejas que han comprado criaturas en el exterior, pueden inscribirlas como propias en virtud de la mencionada “voluntad procreacional”.

Otro proyecto kirchnerista busca modificar el articulado del Código Penal en los que se regula el otorgamiento de la prisión domiciliaria para mujeres embarazadas, así como también para las que están a cargo de niños menores de cinco años. Pues bien, la propuesta es la de modificar “mujer” por “persona embarazada”.

Sin embargo, hay otro proyecto kirchnerista que consagra el borrado de las mujeres a todos los efectos legales, dado que propone la eliminación de la categoría de sexo en toda la documentación, tanto pública como privada, por considerar que el sexo se asigna al nacer de manera compulsiva y que la categoría de sexo es falsa. En este derrotero, luego de haber luchado años para incorporar como agravante en el código penal la figura del femicidio, ningún asesinato podría ser considerado como tal si el criminal se autodeclara mujer o peor aún, si nunca existió para la ley la distinción por sexos.

 

Hormonas y cirugías: una realidad insoslayable

El problema más acuciante son las intervenciones que pueden realizarse en menores. La ley dice que la solicitud del trámite de cambio de identidad puede realizarlo el menor de 18 años a través de sus representantes legales. Sin embargo, si los responsables del menor no acuerdan, teniendo en cuenta “la capacidad progresiva y el interés superior del niño/a”, se recurrirá a la vía sumarísima judicial (60 días a partir de la solicitud) para resolver la cuestión. Y no solo para cambiar los registros en la documentación, sino también para la realización de hormonación y cirugías. Hay pruebas de que los menores son sometidos/as a tratamientos hormonales antes de iniciada la pubertad o apenas iniciada esa etapa. En los hospitales públicos, los profesionales responsables de estas prácticas, en lugar de problematizarlas, proponen comenzar cuanto antes. No solo lo proponen, sino que hacen mastectomías de niñas de 11 o 12 años. Como consecuencia, lo que normalmente son problemas típicos de una personalidad en formación, propios de la adolescencia (¿quién soy? ¿qué quiero?), resultan en un proceso real de “patologización” (“tu cuerpo está mal”, “naciste en un cuerpo equivocado”), desde una óptica verdaderamente “biologista”, que culmina con una extrema y peligrosa medicalización de la vida humana.

 

Un problema de números

 Por lo tanto, más allá de las consecuencias inmediatas de la ley a partir de su aplicación a la población trans, lo importante es el efecto que causa sobre la consideración general de las mujeres. De eso que hemos llamado el “borrado” y cuyas consecuencias se ven en el reforzamiento del patriarcado y en nuestra indefensión progresiva.

Lo más grave de toda esta situación es la idea de que la mujer es una “privilegiada”, es que habilita a los varones a sentirse libres frente a nosotras, en tanto ya no somos un colectivo subordinado y oprimido, sino libre y opresor. El ascenso del/la trans al “podio” de la opresión ha desdibujado por completo el lugar de la mujer en la vida social. Para el capitalismo es un negocio redondo: garantizar el empleo de 10.000 personas, o las cirugías de una cantidad aún menor, es mucho más barato que resolver el desempleo de los millones de nuevas “privilegiadas” y sus problemas elementales de salud reproductiva. No hay forma directa de medir el incremento de la violencia contra las mujeres que esta desvalorización provoca. Pero allí está: por mucho que luchemos contra los femicidios, estos aumentan, lo que resulta un posible indicio de las consecuencias del queerismo y de la política que promueve.

La colonización queer del feminismo utiliza como punta de lanza a la población trans, quien a su vez, aislada del movimiento LGBTQ+, ha encontrado en el de mujeres un vector más útil para sus demandas. Así, el transactivismo, que no comparte con nadie sus organizaciones y logros, pretende dirigir el movimiento de mujeres. Esta colonización necesita del borrado. El movimiento de mujeres se transforma, de esta manera, en el soporte de los intereses de otros, con una consecuencia clara: el fortalecimiento del patriarcado. El argumento central de Antonelli esconde esta terrible realidad: que la política del queerismo pretende resolver los problemas de su colectivo a costa de las mujeres. Porque gracias a esa política, los únicos verdaderos ganadores son el patriarcado y su socio estratégico, el capitalismo.

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