Confinamiento y asuntos de familia (I)

Confinamiento y asuntos de familia (I)

 

El confinamiento a que nos ha sometido la pandemia del coronavirus ha tenido sus consecuencias, como no podía ser de otra manera, en el Derecho de Familia. Posiblemente esa presión que se venía manteniendo en el tiempo, vio en un primer momento una excusa cuasi perfecta aunque terrible por lo que suponía confinarse por una pandemia. Una bomba  que insuflaba oxígeno a un sistema judicial demasiado intoxicado y funcionando por encima de sus posibilidades. Hartazgo, escasez de medios, imposibilidad de formación por falta de tiempo, expedientes acumulados en rincones de cada Juzgado, el caos reinaba y hoy, ese mismo caos espera en miles de oficinas judiciales.

La situación sobrevenida, la alteración de ritmos y la falta de preparación para un momento como el que estamos viviendo apresuró la toma de determinadas decisiones que dejaron  la tutela judicial efectiva fuera de juego. Se cerraron los puntos de encuentro familiar en cuestión de horas sin ni siquiera trasladar a los usuarios y usuarias posibilidad alguna de información. Se cerraron los Juzgados[1] salvo para asuntos urgentes y se suspendieron las visitas o planes de relaciones familiares de forma generalizada para posteriormente indicar algunas modificaciones. Si nuestro Derecho de familia sostiene que los casos deben ser analizados de manera individual, este Estado de alarma ha dejado al aire los pilares en los que se sustentan muchos de los principios que nos defienden, protegen y nos presta nuestra legislación y por ende nuestros legisladores.

Han quedado en suspenso muchos de los asuntos que se encontraban a la espera de medidas provisionales, igualmente quedan en suspenso los plazos para recursos, ejecuciones y demandas, de forma que en este momento tenemos atrapadas entre cuatro paredes a mujeres que habían tomado la decisión de instar procedimientos de divorcio o modificaciones de medidas sobre  custodias de hijos e hijas entre otras, que nos empuja a una inefectividad absoluta del sistema y a una indefensión aberrante tanto de mujeres como de niños, niñas y adolescentes.

Las Juntas de Jueces[2], tras la declaración del Estado de alarma fueron emitiendo comunicados una vez que se pronunció la Comisión Permanente del  Consejo General del Poder Judicial[3], no llegando a un acuerdo sobre cómo gestionar o no las relaciones de los hijos e hijas con sus padres de forma unánime y dejando al arbitrio de cada Juzgado la realización de las mismas. La AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia)[4] también se apresuró a posicionarse apelando al sentido común de los progenitores, el menos común de los sentidos en situaciones como las que nos ocupan  y mucho menos en casos con antecedentes de violencia ejercida constante matrimonio sobre los hijos e hijas y sobre las mujeres, es necesario recordar que los litigios se producen por  desacuerdos insalvables. El pronunciamiento de Jueces y Juezas para la democracia[5] al menos pone de manifiesto la necesidad de unificar criterios.  Por el contrario sí se acordó suspender de facto todas aquellas visitas o contactos si no existía pernocta y si eran supervisados a través de los puntos de encuentro familiar.

Esta tremenda decisión deja sin posibilidad de contacto a un grueso número de madres y a sus hijos e hijas a los cuales, bajo la aplicación del inexistente síndrome de alienación parental[6] en sus asuntos judiciales se han visto arrancadas nuevamente de la vida de sus hijos e hijas manteniendo contacto únicamente y no todas, a través de medios digitales que no sólo no favorecen el afecto y vínculo maternofilial sino que éste se ve supeditado a la predisposición del padre, también llamado sentido común, que evidentemente viéndose sin control alguno y sin posibilidad de ser apercibido de manera inmediata por su actuación, no va a favorecerlas o ejercerá un control absoluto sobre dichos contactos telemáticos.

Quiero pormenorizar aquí, a renglón seguido, que en muchos casos no se permite el acceso a medios digitales para establecer relación con los progenitores, ya sea por decisión unilateral de uno de ellos o por decisión judicial. Esos argumentos que se esgrimen para no concederlos sin pandemia en este momento han sido desmontados por la situación en la que estamos inmersos.

Todo, todo ha quedado paralizado y si este abismo ha llegado a tener alguna consecuencia no ha sido para proteger y beneficiar a la infancia, ¿cómo llamamos a la obligatoriedad de abandonar el hogar seguro y libre de enfermedad para dar cumplimiento a un “plan de relaciones familiares” exponiendo a los hijos y las hijas a salir de él, trasladarse por la calle o transporte público para confinarles en otro domicilio donde quizá se les esté exponiendo innecesariamente a un contagio? No olvidemos que desde el 14 de marzo estamos en Estado de alarma debido a crisis sanitaria por pandemia.

Superponer el fallo judicial frente al Decreto de un Estado de alarma es muy grave, máxime cuando se ha suspendido el resto de la actividad judicial, salvo casos urgentes. Sin embargo y frente a ésto, existe la posibilidad de solicitar auxilio a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que se produzca la entrega de los hijos e hijas.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden negarse a acudir donde se les reclame aunque entiendo que en un mínimo de sentido común, el mismo al que se apela anteriormente, no obligarán a ningún niño, niña o adolescente a exponerse al contagio. Volvemos a tener aquí otra de las cuestiones que tanto se apelan en el Derecho de Familia, como es ejercer el derecho de cuidados sobre los hijos e hijas exponiendo a los mismos a salidas domiciliarias por cumplir el plan de relaciones familiares. Digo derecho y no digo deber porque así es de manido este término que convierte las obligaciones en derechos de los progenitores, sobre todo de los padres varones y sobre todo de los presuntos maltratadores que siguen utilizando incluso la falta de salud para atacar a las madres y para someter a los hijos e hijas. Debe el legislador también reflexionar sobre ese derecho-deber que obliga a arriesgar la salud y bienestar en pro de un plan de relaciones familiares.

Queda claro que el COVID-19 no nos ha traído sólo la crisis sanitaria. El coronavirus nos está dejando al descubierto que urge para ayer un estudio y planificación exhaustiva de las situaciones sociales que debemos resolver y entre ellas las de los planes de relaciones familiares y su alcance. Volvemos nuevamente al mismo punto de partida de siempre, adultos y adultas, muchos de ellos y ellas en situación de poder, decidiendo por la infancia pero sin la infancia, estableciendo qué les conviene a nuestros hijos e hijas pero sin contar con ellos y ellas. Esta situación es muy grave y ha sido y es muy poco estudiada y absolutamente nada reconducida a día de hoy. En los casos de niños y niñas con TEA han tenido que ser sus propios familiares los que han tenido que incumplir el confinamiento y lanzarse a la calle con sus hijos e hijas ante las dramáticas situaciones que se están viviendo. Tras ello se reguló. Sin embargo los niños y niñas que han pintado cada rincón de España con sus arco iris, lanzando mensajes de #Quédate en casa o #Todo va a salir bien, por ellos y ellas lo único que se ha regulado es que puedan bajar a comprar con su padre o madre por ser más conveniente que quedarse sin supervisión en el domicilio; la última regulación que se llevó a cabo es la que he expuesto en cuanto a las medidas judiciales.

Una sociedad que ha abandonado y olvidado a los y las más vulnerables, creyendo que la regulación de recogida y entrega en caso de padres y madres divorciadas era su deber debe preocuparnos. Y debe hacerlo porque precisamente a la infancia más vulnerable la hemos arrinconado, a todos esos niños y niñas que sufren en silencio los abusos a que son sometidos, que oyen y reciben cada día los golpes e insultos de su padre, niños y niñas a los que llamamos héroes, valientes porque marcan el 016 y piden ayuda. Esta infancia no es valiente, está siendo maltratada por el sistema que debe protegerla y ante esa desprotección toma decisiones que ni siquiera debería plantearse. ¡Cuánta amenaza percibirán cuando son capaces de levantar el teléfono! mientras el vecindario mira para otro lado o sube el volúmen de la música porque esos temas no les conciernen. Es curioso que no se tome partido en temas de violencia machista o de abusos infantiles pero sí se haga por cuánto tiempo está un perro en la calle.

Hoy me encuentro en prensa dos artículo, uno que recoge que “la Vicepresidenta de Derechos Sociales y del Ministerio de Igualdad pide que no se interrumpa la intervención con niños y niñas que CRECEN en entornos de violencia[7]   y otro de Jueces y Juezas para la democracia[8] que  “instan a los poderes públicos a diseñar de «manera urgente» medidas específicas durante la situación de estado de alarma, para reforzar la prevención y detección del abuso infantilInstan, además, a cualquier profesional que esté en contacto con menores a ponerse en contacto con los servicios de protección, con las fuerzas de seguridad o con la fiscalía cuando tengan motivos fundados para creer que un niño es víctima de abuso sexual, explotación sexual o pornografía infantil”. Llegan tarde y mal aunque llegan y llegan como siempre, sesgados, tendenciosos y sin aclarar ni posicionarse en firme ¿acaso urge ahora proteger a los niños y niñas de la violencia machista y abusos?¿ No se estaba haciendo ya?¿ No será que los maltratadores no deberían tener contacto alguno con sus hijos e hijas ni con pandemia ni sin pandemia?.

A la vez vía Twitter me llega un pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño[9] que si bien es de agradecer que lo hayan realizado, es cuando menos preocupante que en temas como la violencia machista y sobre todo en la aplicación del inexistente síndrome de alienación parental que tantas infancias está destrozando no lo hagan. Esperemos que tras la pandemia se enfrenten a otra pandemia como es la violencia machista y abusos sobre mujeres, niños, niñas y  adolescentes y también se pronuncien.


[1] BOE Estado de alarma

[2] Junta de Jueces Aragon

[3] Pronunciamiento CGPJ

[4] Comunicado AEAFA

[5] Pronunciamiento Jueces y Juezas para la democracia Covid19

[6] Pronunciamiento inexistente sap

[7] Garantizar la protección a niñas y niños en entornos de violencia

[8] Jueces para la Democracia reclama un plan urgente para la detección de casos de abuso infantil durante el confinamiento

[9] Declaración Comité de los Derechos del Niño ONU

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