La Fiscalía de Baleares ha abierto diligencias sobre los casos de menores bajo la tutela del Instituto Mallorquín de Auntos Sociales (IMAS) que son usadas para prostituirse. Este escándalo salió a la luz a raíz de la investigación tras la violación múltiple a una niña de 13 años en la pasada Navidad

La Fiscalía conocía los hechos

La Fiscalía ha dirigido un oficio al jefe superior de Policía de Baleares, Gonzalo Espino, «para que proceda a la averiguación de los mismos y, en su caso, a la identificación de los presuntos responsables», según adelanta el Diario de Mallorca. En su escrito, el Ministerio Público admite que era conocer de los hechos: «En los últimos años se han denunciado en Fiscalía diferentes casos concretos de conductas que afectan a menores de edad por hechos similares o parecidos» y que «como no puede ser de otra manera», siempre se han investigado como cualquier hecho que revista característica de delito».

La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto después de que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales admitiera que tenía conocimiento de 16 casos de menores bajo su tutela que habían sido víctimas de explotación sexual por parte de «una red organizada de captación de menores».

El Consell y la Delegación del Gobierno minimizan el problema

Tras la aparición en los medios de comunicación del escándalo, el Consell de Mallorca y la Delegación del Gobierno optaron por minimizar el problema, al negar que se tratara de «una red», apuntado a que son «casos aislados». Por su parte, el Gobierno balear ha pretendido ampliar la responsabilidad fuera de los marcos institucionales locales, ya que, según afirmó la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, «es un asunto que va más allá» de «un sistema de protección de un consell insular o de un gobierno autonómico», ya que «hay una economía irregular a nivel internacional».

Según señaló la consellera, el Govern no dispone de competencias sobre estos menores tutelados y sólo se encarga de los adolescentes que han cometido un delito y que entran como internos en centros de reclusión.  Admitió que el Govern era conocedor de casos de prostitución, y que no son puntuales, porque estos niños entran en estos centros relatan que han caído en esta red de prostitución infantil. La Conselleria elaboró un protocolo para detectar estos casos con la ayuda de profesionales de distintos ámbitos, que se viene aplicando desde 2018, explicó. La Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, integrada en Asuntos Sociales, abrió esta semana un expediente informativo sobre las noticias aparecidas en los medios.

Para Fina Santiago, se trata de un problema «muy grave», pero ninguna comunidad autónoma tiene los suficientes medios para atajar la prostitución infantil, que se desarrolla en casi todos los países.

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil denunció la «insuficiente» respuesta de la administración balear ante los numerosos casos de explotación sexual de menores y recordó que «el ingreso y la estancia de los menores de edad en los centros debe garantizar su protección y atención integral debiendo ir cualquier actuación orientada a la restitución de sus derechos».

El Ayuntamiento de Palma anunció en un principio que anunciaría un plan de acción urgente para atajar el problema. Su regidora de asuntos sociales, Sonia Vivas, pidió trabajar con unidad ante esta lacra después de que no se le invitara a una reunión convocada por el Consell para tratar este asunto.

Vivas anunció, como adelantó El Plural, un plan de acción urgente en el Ayuntamiento, que incluía una reunión, este viernes, con asociaciones locales que llevan temas de trata, prostitución y abusos sexuales a menores, para recabar su colaboración, un encuentro que se ha realizado esta mañana, según ha podido confirmar El Plura, pero sin que trascendiera aún un proyecto concreto.

El Ayuntamiento dice ahora que no tiene competencias 

La regidora había anunciado que se activaría un mecanismo de comunicación con la sociedad civil que permitiera recabar información sobre casos de este tipo que ocurran en las calles y ponerlo en conocimiento de la Policía Local. además de una oferta formativa desde el Ayuntamiento para los funcionarios de todas las instituciones públicas porque, según explicó, «si un funcionario hace un informe indicando una situación de vulnerabilidad de un menor protegido y la administración no le responde, debe saber que puede ir a la Fiscalía de Menores y denunciarlo, y que está haciendo lo correcto, que su deber es comunicarlo y que lo puede hacer. Falta formación».

Sin embargo, preguntado hoy sobre lo anunciado, el Ayuntamiento se ha limitado a decir que no tiene competencias sobre los centros tutelados y que su campo de acción es limitado, que se pone a disposición del Govern y el Consell y ha pedido estar presente en las reuniones que se fijen sobre esta materia. Además, que desde sus competencias de «ocio y tiempo libre» pondrá a disposición de la consellería actividades de formación para adolescentes en riesgo de exclusión».