Violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes. Represalias del sistema frente a las víctimas de violencia

Violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes. Represalias del sistema frente a las víctimas de violencia

Gracias por la presentación y muchas gracias por preparar este Seminario, ¡tan necesario!, por invitarnos a participar y por permitir que la voz de nuestros niños, niñas y adolescentes sea escuchada. Hoy voy a trasladarles esta situación que se está dando en España y que desgraciadamente no es nueva. Haré un breve recorrido para aproximarnos a la cruel realidad.
El ordenamiento jurídico español ha ido modificándose en algunas materias permaneciendo estático en otras. El propio desarrollo de la población y sus peticiones han llevado a la modificación de ciertos códigos o parte de ellos y también a la incorporación de nuevas leyes. En el año 2004 se promulga la Ley Integral de Violencia de Género, una ley que impulsa y pretende acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres, protegerlas y condenar la violencia machista que se ejerce sobre ellas por el simple hecho de ser mujeres. Una ley que si bien crea un punto de inflexión sobre dicha violencia no fue bien acogida por el sistema judicial y, a día de hoy determinados grupos políticos de ultra derecha pretenden derogar negando la existencia de este tipo de violencia, a pesar de que se produzcan asesinatos de mujeres a diario por hombres que están o han estado unidos sentimentalmente a ellas.

Como digo, con esta ley que pretende y apela castigar la violencia sobre las mujeres, aparece lo que en EEUU vienen a llamar backlash (contramovimiento) por parte de lobbys machistas organizados y con amplios recursos económicos que les permiten difundir su mensaje en infinidad de foros. Así nos encontramos con que desde estas agrupaciones se promueven varios bulos, paso a enumerar tres de ellos. Denuncias falsas, esto es, que las mujeres denuncian falsamente a sus parejas o exparejas por despecho, por conseguir salir beneficiadas y para ello utilizan a sus hijos e hijas si es necesario.


Custodias compartidas preferentes, estos grupos también defienden que se legisle y se otorguen custodias compartidas preferentes a las que llamaremos IMPUESTAS, y ¿por qué impuestas? Porque en el caso de existir violencia sobre la madre o los hijos e hijas ni siquiera deberíamos plantearnos contactos con padres violentos, puesto que esos contactos no benefician a los hijos e hijas de manera alguna y muy al contrario lo que provocan es la imposibilidad de recuperación de las víctimas, sometiéndolas a grandes momentos de tensión y estrés prolongados en el tiempo cuyas consecuencias son negativas a corto, medio y largo plazo. Convierten a los hijos en niños maleta destruyendo apegos, viviendo en una continua inestabilidad. Y el tercero de los bulos es el inexistente sap (síndrome de alienación parental), un constructo de una virulencia extrema y cuya aplicación vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus madres, instalando la duda sobre su credibilidad y arrasando con la integridad fisica y emocional de sus víctimas.

No es necesaria la interposición de una denuncia por violencia machista para que opere este artefacto de destrucción. La sola presencia de esos malos tratos (físicos, psicológicos, abusos sexuales) que se pondrán de relieve en cualquier momento acciona la maquinaria del inexistente SAP, desviando la atención del asunto principal para instalarla en la mujer madre víctima a quien acusan de haber convencido a sus hijos e hijas para denigrar al padre violento, capaz de inventarse cualquier cosa para bloquear e impedir la relación de los hijos e hijas con ese padre al que dibujan como impotente, derrotado y lleno de cualidades. Son igualmente acusadas de fabular y presionar a los hijos para que hablen en su nombre, minimizando la violencia ejercida sobre los hijos e hijas y sobre ellas, desapareciendo absolutamente por parte de los operadores judiciales cualquier alusión a ella. Esta situación perversa, provoca una revictimización de las víctimas convirtiéndolas en victimarias, anulando toda su capacidad de defensa e invisibilizando el maltrato y al maltratador. Por tanto, separaciones muy dolorosas donde se ha sufrido maltrato y episodios violentos que si bien muchas veces no son la causa que inicia la separación sí que irán apareciendo a lo largo del proceso judicial, pasan a ser consideradas separaciones conflictivas y una argucia de la mujer hacer aparecer los malos tratos para salir beneficiada.

Las mujeres y sus hijos e hijas son sometidos a estudios innumerables, innumerables pericias donde son cuestionadas, humilladas, atacadas e incluso reprendidas por seguir adelante con las denuncias. Son obligadas al cumplimiento de visitas de sus hijos e hijas con el presunto maltratador mientras el proceso judicial sigue en marcha. Procesos judiciales de años de duración donde la resistencia emocional va minándose, dilatándose en el tiempo cualquier actuación judicial.

El día a día se convierte en terror, miedo insuperable a cada actuación judicial. Así, amenazadas con perder a los hijos e hijas si continúan con esa actitud y si no permiten los contactos con el padre, serán sometidas a vigilancia extrema invadiendo espacios como el centro escolar, consulta de pediatría e incluso su propia historia clínica. Los niños y niñas son sometidos a tratos inhumanos, no se les sostiene y muy al contrario se les cuestiona y amenaza con no volver a ver a su madre si no deja de contar esas cosas tan terribles del padre. Lo que el inexistente sap viene a llamar terapia de la amenaza.
Infinidad de valoraciones psicológicas y sociales que abundan en cuestionar el testimonio de los niños niñas y adolescentes y de anular cuantas denuncias por malos tratos se presenten.

Basándonos en nuestros estudios, acompañamientos y en la valoración de los casos hemos concluido que el sistema falla estrepitosamente cuando invoca el interés superior del menor ( como se llama en España, dando un valor ninguno al considerarlo menos, no capacitado), en la credibilidad de testimonio de las víctimas y en las medidas de protección sobre los niños niñas y adolescentes.
Si bien la infinidad de valoraciones, la obligatoriedad de vincular forzosamente con violentos a los hijos e hijas ya en sí supone una tortura prolongada en el tiempo y una vulneración constatada de los derechos de los más vulnerables, los arrancamientos de custodia que se llevan a cabo en nombre de este inexistente SAP bien podrían considerarse delitos de lesa humanidad. Los niños y niñas son arrancados de su madre y familia materna con violencia, lloran, patalean, entran en estado de shock, de bloqueo. Son obligados a convivir con quien temen y no quieren forzadamente, estableciendo una ausencia de contacto con su madre por tiempo indeterminado, no saben cuándo volverán a verlas, cuándo podrán volver a su habitación, a jugar con sus amigos. Las madres son arrancadas de sus vidas, no se las permite verles ni contactar con ellos de ninguna forma hasta que no se curen. ¿Curarse, de qué?¿ De proteger a nuestros hijos? ¿De amarles profundamente?¿De ofrecerles seguridad? ¿O curarse de haber solicitado auxilio a un sistema judicial que les falló, les cuestionó y les condenó a la peor de las barbaridades humanas?

Esto está pasando en España, año 2019, siglo XXl. No son casos aislados ni casos complicados, ni conflictivos. Todos los casos son tratados de la misma forma, obviando y anulando los malos tratos, revinculando forzadamente a los hijos e hijas bajo la amenaza de arrancarles de sus madres, vulnerando su derecho a ser creídos. Son parte activa de los procesos interminables las madres y sus hijos e hijas y pasiva los padres a quienes se presenta como hombres afables, llenos de recursos, comunicativos y colaboradores. Construyen un padre perfecto frente a una madre que destruyen con una violencia extrema basándose en meras opiniones subjetivas e incluso con argumentos que nada aportan a la causa pero que consiguen desacreditarla y con ella a sus hijos e hijas. Se manejan hipótesis y sobre las hipótesis se informa.
Son casi 30 niños y niñas asesinados por sus padres en régimen de visitas o en su periodo de custodia compartida, madres que habían puesto de relieve y en conocimiento de los juzgados las amenazas que les realizaban los padres de sus hijos e hijas, «te quitaré a tus hijos, te voy a dar donde más te duele». Sólo un asesinato, sólo uno debería ser suficiente para parar esta locura, para dejar de aplicar falsos sindromes.

Imaginemos el terror, el miedo que siente un niño, niña cuando se cierra la puerta tras ellos y tienen que vivir con esos padres, pensemos si justifica que obliguemos a esas criaturas a vivir esas torturas mientras se les llena la boca argumentando que se protege al más débil y sin embargo la realidad es bien distinta y se les amenaza desde cualquier operador del sistema si no se relaciona con un padre violento. Pongamonos en su lugar, en el lugar de los niños y niñas que tras vivir infiernos son arrancados de sus madres que sólo querian protegerles, el vacío, la inseguridad, la tristeza infinita que sienten, la soledad. Hagamos ese ejercicio tan necesario.
Por último voy a referir un fragmento de un Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya relativo a un arrancamiento de una niña de 5 años de su madre perpetrado por 10 adultos, entre ellos policía uniformada, trabajadores y educadores sociales, psicólogos, en presencia de su abuela materna y su madre. A pesar de la imputación a los y las profesionales por delito de lesiones y prevaricación, a día de hoy siguen separadas. Dice así:

«Las consecuencias que estos actos pueden tener sobre la menor son de una gravedad extrema, además de haber sido vejada y menospreciada la madre denunciante por profesionales a los que se atribuye falta de preparación adecuada y modificación de criterios sin consistencia suficiente, resultando afectada una niña de corta edad e igualmente su madre, la denunciante»
Ya en resolución dictada hace ya más de diez años (sentencia de 27 de marzo de 2008.- rollo de apelación número 99/2008) esta misma Sección de la A. provincial dejábamos clara nuestra posición de que el denominado síndrome de alienación parental y su drástica aplicación con medidas como la que es objeto de estas diligencias, es otra forma más de ejercer violencia contra la mujer, a quien se presenta como propiciadora del rechazo de hijos e hijas a relacionarse con su progenitor. Dejamos constancia de que, incluso en el hipotético supuesto de que se aprecie cierta interferencia, la resolución del conflicto no pasa nunca por ejercer violencia y medidas drásticas como la que no se duda se ha ejercitado en esta causa. Las máximas de experiencia elementales nos indican que dejan secuelas indelebles en las criaturas y en las madres a las que se les ha arrancado de este modo a su hija. Secuelas que además pasan y llevan a minusvalorar a la madre, a mostrar desconfianza hacia ella, etc…, perfectamente conocidas no solo por quienes ejercen profesiones del tenor de las implicadas en esta causa, sino por buena parte de la población.
La resolución de arrancar a la niña de la custodia de su madre fue injusta y desproporcionada, sin que quepa justificarse en un supuesto interés superior de la menor, ¿cómo se ha decidido, y en base a qué parámetros que sacar de modo violento a la niña de brazos y estancia de su madre es más beneficioso para la pequeña?
Muchas gracias por su atención y pensemos que si el cuerpo de una mujer tarda más de un año en comenzar a recuperarse de un parto, ¿ Cuánto tarda en recuperarse de un arrancamiento?¿ Cuánto tarda un niño, niña, adolescente en superar semejante trauma de imposible reparación?

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