Operación contra la trata movilizó en Huelva a más de 300 guardias civiles, 20 traductores y efectivos de la Cruz Roja

Operación contra la trata movilizó en Huelva a más de 300 guardias civiles, 20 traductores y efectivos de la Cruz Roja

  • La Benemérita liberó 145 víctimas que estaban siendo explotadas en la recogida de frutos rojos, aunque cifra el total en más de 600.

  • Empresas de Trabajo Temporal (ETT) «blanqueaban» la trata de personas con fines de explotación laboral.

  • La colaboración de los empresarios onubenses fue “determinante” para desmantelar la organización criminal, según el instituto armado.

  • Los 16 detenidos obtenían beneficios superiores a un millón de euros mensuales.

16 detenidos. 145 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Más de 300 guardias civiles dirigidos por una veintena de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO). Unidades de apoyo de la Policía Judicial de Huelva y Jaén. 20 traductores. Efectivos de la Cruz Roja. Multitud de vehículos y apoyo aéreo de helicópteros y drones…

por Perico Echevarría 

Estas cifras dan cuenta de la magnitud de Urofort, la más importante operación policial y judicial desarrollada hasta la fecha en España para desmantelar una importante organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La conocida como «esclavitud del siglo XXI», en pleno corazón de la agricultura española. Los esclavistas obtenían beneficios de entre uno y dos millones de euros mensuales.

La intervención de la Guardia Civil, autorizada por un juzgado de Jaén tras varios meses de laboriosa investigación desarrollada por la UCO, tuvo lugar durante tres días a finales de mayo de este año (como informó entonces La Mar de Onuba), y el grueso del operativo se centró en cuatro grandes explotaciones agrícolas de las localidades onubenses de Almonte y La Palma del Condado. 145 trabajadores que prestaban servicios «en condiciones similares a la esclavitud» (según explicó ayer jueves la Subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño), fueron identificados como «víctimas de un delito de trata».

Imagen de una de los alojamientos donde se hacinaban las víctimas de la red de trata en un asentamiento cercano la la Aldea del Rocío (Almonte)

Vivían retenidos, bajo vigilancia, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, la mayoría de ellos en asentamientos chabolistas cercanos a El Rocío (Almonte).  Y eran explotados laboralmente -de forma itinerante- en distintas campañas agrícolas de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete.

A través de conocidas empresas de trabajo temporal (ETT), los detenidos «colocaban» grandes grupos de trabajadores en importantes explotaciones de aceituna, uva o frutos rojos. Los empresarios agrícolas, a los que la Guardia Civil sitúa como «las otras víctimas de esta trama», abonaban a las ETT los jornales y horas extraordinarias según las tablas del Convenio Colectivo, y cotizaban a la Seguridad Social por el trabajo realizado. Algo más de 50 euros diarios para cada trabajador contratado.

Pero las ETT, en connivencia con los detenidos, se quedaban con hasta el 90 % de lo facturado. Los trabajadores víctimas de trata, ciudadanos rumanos y moldavos, recibían menos de 10 euros diarios; los mejores días, otros nada. Una media de 150 euros mensuales por extenuantes jornadas de sol a sol en la recogida de la aceituna en Jaén o los frutos rojos en Huelva. La red criminal se embolsaba hasta dos millones de euros mensuales, según las conclusiones de la UCO, cuya Sección de Trata ha dirigido la investigación.

 

Los 16 detenidos, 5 de ellos empresarios que actuaban en connivencia con los cabecillas de la organización criminal, habían creado una eficaz red de captación que, mediante idílicas ofertas de trabajo, asó como promesas de ayuda para obtener permisos y lograr apetecibles condiciones de vida, «importaba» ilegalmente trabajadores de Rumanía y Moldavía. Una vez en España, y a través de diferentes fórmulas de extorsión (que pasaban hasta por amenazas a los familiares en los países de origen), eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas hasta solventar la «deuda» contraída por haber llegado a España a través de la trama.

La Guardia Civil realizó registros en cuatro grandes explotaciones de frutos rojos y practicó un total de 16 detenciones

Según explicaba este jueves a La Mar de Onuba Félix Durán, el responsable de la UCO que dirigió la investigación y posterior operativo de la Guardia Civil en el Condado onubense, aunque la trama fue inicialmente detectada en Jaén, pronto observaron grandes movimientos de personas hasta la provincia de Huelva, concretamente a la zona del Condado, donde se ubican grandes explotaciones de frutos rojos, cuya temporada de recolecta ya había comenzado. De la necesidad de mano de obra agrícola en Huelva y sus a veces indeseadas consecuencias se ha escrito muchos en los últimos años, hasta el punto de que en abril de este 2019, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios, llegó a pedir “medidas” para que los trabajadores no rechacen las ofertas de empleo en el campo onubense».

Así que la intervención policial se centró principalmente en Huelva. Durante tres días, más de 300 agentes de la Guardia Civil, coordinados por la Sección de Trata de la UCO, efectuaron registros y detenciones en cuatro grandes explotaciones de Almonte y La Palma del Condado. También se registraron naves abandonadas y asentamientos chabolistas, donde las víctimas eran alojadas sin las más mínimas condiciones higiénicas, rodeados de suciedad y ratas. Estaban divididos en grupos y eran custodiados por miembros de la organización criminal, que también se encargaban de desplazar y repartir a los trabajadores explotados por las diferentes fincas en las que iban prestando servicios como jornaleros. A veces, más de una en un mismo día. En total, la Guardia Civil cifra en torno a unas 600 personas las que han sido víctimas de la red.

Luciano Gómez, secretario general de FICA UGT Huelva,se dirige a un grupo de trabajadores rumanos liberados de la red de trata gracias a la operación Urofort

Cuando fueron liberadas, algunas de las víctimas se encontraban en situación de extrema debilidad, pues llegaban a pasar jornadas enteras sin ingerir ningún alimento. Los 145 fueron atendidos por efectivos de la Cruz Roja de Huelva, que habían preparado con gran sigilo un operativo humanitario especial durante las semanas anteriores a desatarse Urofort. En su conversación con La Mar de Onuba, Félix Durán define la situación como de «penuria». Para poder identificarlos y conocer la situación y origen de cada uno de ellos, participaron 20 traductores de rumano y moldavo. La mayoría habían sido «captados» en Rumanía, y para venir a España habían contraído importantes deudas con los tratantes detenidos. 18 de ellos, cuya documentación también era rumana, resultaron ser realmente moldavos con identidad falseada; ciudadanos extracomunitarios cuya estancia en España era ilegal, lo que los convertía en las víctimas más vulnerables. Sin embargo, para ellos la historia no ha tenido un mal final, ya que gracias a la protección que la legislación otorga a las víctimas de trata, y a la colaboración de un empresario onubense no identificado, han logrado obtener permiso de residencia y trabajo y gozan de un empleo estable.

Del resto poco se sabe. Al ser rumanos y ciudadanos de la Unión Europea pueden buscar empleo y circular libremente por España. Algunos de ellos celebraron una asamblea con el dirigente ugetista Luciano Goméz, quien ofreció la ayuda de UGT para recolocarlos en empresas de la provincia de Huelva.

Durán también destaca que para desentrañar los manejos de la trama fue determinante la colaboración de los empresarios propietarios de las fincas registradas. Grandes explotaciones en las que llegan a trabajar «hasta cuatro mil personas», y en las que la contratación de grandes equipos de jornaleros se subcontrata con regularidad a empresas de empleo temporal. El responsable de la operación policial cuenta que una vez identificadas las victimas de trata en las fincas, los datos de contratación facilitados por los empresarios permitieron localizar a las ETT que estaban participando en la trama criminal, y que hacían posible la explotación de los trabajadores rumanos y moldavos de forma «legal».

Urofort contado por la Benemérita
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«Dos tipos de víctimas», la colaboración de los empresarios

El coronel Luis Ortega de la Guardia Civil abundaba ayer sobre el papel jugado por los empresarios. Según explicaba en Jaén, ciudad desde la que se ha dirigido judicialmente la operación Urofort, «en esta trama hay dos tipos de víctimas». Por un lado, los trabajadores rumanos y moldavos explotados por la organización. Por otro, los propios empresarios en cuyas fincas se producía la explotación. «Quiero dejarlo claro para que no haya ningún tipo de malinterpretación», incidía Ortega. «Los empresarios pagaban a esta estructura lo que en convenio se marcaba. Era la estructura la que realmente no le hacía llegar el dinero a los trabajadoras que venían de Rumanía o de Moldavia». El coronel añadía que «de hecho, han sido los empresarios, casi en su totalidad, los que nos han aportado gran cantidad de datos y nos han favorecido enormemente la investigación».

2019: tres operaciones contra redes de trata con ramificaciones en Huelva

La operación Urofort, dirigida en mayo por la UCO en Huelva, y cuyos detalles se dieron a conocer ayer en Jaén, ha supuesto la mayor realizada en España contra tramas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Este mismo año, en el mes de junio, se produjeron dos operaciones más contra redes de trata desmanteladas por la Guardia Civil, que volvían a azotar al campo onubense.

En la Operación Adelita8 personas fueron detenidas en Huelva, Madrid y Segovia por orden de un juzgado de esta última provincia. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal organizado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y estafa. La Guardia Civil identificó a cerca de 400 personas, principalmente mujeres de origen hondureño, colombiano, nicaragüense y venezolano. Según el comunicado de la Benemérita, la red «distribuía» a estas personas en situación irregular en trabajos agrícolas, o como empleadas internas del hogar; en muchos casos sin darles de alta en la Seguridad Social y sin contrato. La Operación Adelita continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Se estima que el numero total de víctimas podía alcanzar el millar.

Pocos días después, el instituto armado informaba de una tercera operación llevada cabo en Valverde del Camino en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía (UCRIF) y la Inspección de Trabajo. En la operación se han identificaron a 22 personas con irregularidades en contratos de trabajo, así como identidades falsas. En esta tercera intervención, entre los detenidos se encuentraba el responsable de la finca, dedicada también al cultivo de frutos rojos. Se confeccionaron 29 denuncias administrativas por irregularidades contempladas en leyes en materia de extranjería, y se relacionaron a siete personas más en calidad de investigados, figurando entre ellas la persona que supuestamente confeccionaba contratos de trabajo fraudulentos. En este caso, las investigaciones también continúan abiertas, no descartándose futuras detenciones.



Comunicado de Ausaj

Tras conocerse a través de los medios de comunicación los detalles de la operación Urofort, la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia, cuyos letrados representan a las diez mujeres marroquíes conocidas como Temporeras contra la esclavitud, y que han solicitado que el caso que afecta a estas trabajadoras sea instruido como una causa por delitos de trata, hicieron llegar a la redacción de La mar de Onuba el siguiente comunicado:

Así ha de ser una investigación sobre la Trata de Seres Humanos.

En este caso, recordemos, NO HA EXISTIDO DENUNCIA INICIAL, SINO UNA SIMPLE NOTITIA CRIMINIS, en base a la cual se inició la Investigación Judicial, localizando a las víctimas, identificándolas y tomándoles declaración con decenas de intérpretes. Están siendo investigadas las situaciones patrimoniales de los investigados, de conformidad con el «PROTOCOLO DE PALERMO» (cuyo Artículo 1, 1º: establece que «complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención»), del «Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos» (Varsovia, 16.V.2005), que «complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención» (Exposición de Motivos y Artículo 1, 1º), y de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 , relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

A la vista de la actuación Judicial y Administrativa desarrollada por los Juzgados de La Palma del Condado (Huelva) en las diferentes actuaciones relativas a las ya conocidas como «TEMPORERAS CONTRA LA ESCLAVITUD«, conviene tener presente el Artículo 23 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional): Penalización de la obstrucción de la justicia:

«Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos».

AUSAJ

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