Fiscalía pide a la Junta de CyL mejorar la asistencia en oficinas de atención a víctimas de violencia de género

Fiscalía pide a la Junta de CyL mejorar la asistencia en oficinas de atención a víctimas de violencia de género

Pide colaborar para control e inspección de centros de internamiento y echa en falta un servicio de protección al menor de guardia

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, ha propuesto a la Junta la búsqueda de convenios o acuerdos que permitan mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género en las oficinas de atención y las unidades de valoración que dependen de Justicia.

Rodríguez Rey, durante su comparecencia en las Cortes para explicar la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2018, ha señalado que en materia de violencia de género se ha «avanzado bastante», pero ve necesario mejorar algunas cuestiones.

Así, ha propuesto que los medios que llegan a las comunidades autónomas destinados a labores asistenciales se «engarcen» de alguna manera con el trabajo que se lleva a cabo en las oficinas de atención a las víctimas y las unidades de valoración integral, que dependen de Justicia.

Por ello, ha abogado por buscar convenios, acuerdos u otras fórmulas, en la línea de colaboración que se mantiene con la Junta, porque falta «engarzar» ésta desde un punto de vista jurídico o asentarlo más para mejorar la atención a las víctimas en las oficinas para ello y en las unidades de valoración, que funcionan con criterios tanto asistenciales como jurídicos, y se «refuercen».

La fiscal superior ha destacado la «extraordinaria» colaboración con la Consejería de Familia con los que se ha trabajado «muy bien» pero ve necesario mejorar en este aspecto dada la dependencia del Ministerio de Justicia de las oficinas de atención y unidades de valoración, que están insuficientemente dotadas.

Por otro lado, Lourdes Rodríguez también ha anunciado que próximamente se celebrará una reunión con todos los fiscales de víctimas y los fiscales jefes de Castilla y León, a la que le gustaría que asistieran responsables de la Junta, para conocer los recursos asistenciales y judiciales para las víctimas de violencia de género y mejorar la coordinación en esta materia, dada la dispersión de recursos y servicios que hay.

La fiscal superior, quien considera que es «muy importante» educar en igualdad, ha destacado la importancia del apoyo psicológico y la asistencia a la víctima cuando denuncia, dado que es necesario que ésta se mantenga para sostener la acusación. Por ello, ha insistido en la necesidad de reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a la víctima de violencia de género no declarar contra su agresor mediante un precepto genérico que permite no hacerlo contra familiares.

A este respecto, ha advertido de que muchas sentencias absolutorias contra los agresores se deben a este motivo y ha advertido de que «no se puede permitir un precepto del siglo XIX».

La fiscal superior ha puesto de manifiesto la necesidad de más medidas de valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género para adoptar la opción de protección más adecuada y ha señalado que no se necesitan sólo en horario «de ocho a dos» sino todo el día.

CENTROS DE INTERNAMIENTO

Por otro lado, Lourdes Rodríguez Rey ha abogado por establecer una mayor colaboración con Servicios Sociales e incluso realizar inspecciones y visitas conjuntas a centros de internamiento en el ámbito de la protección de personas con discapacidad y el control de la tutela de éstas o de quienes la pierden con el paso de los años.

La fiscal ha explicado que en Castilla y León hay un «reto» actualmente como es el envejecimiento de la población, que lleva consigo el deterioro de la capacidad de las personas, su voluntad y entendimiento, algo en lo que la Fiscalía tiene que apoyar para que tengan su «sitio» y puedan vivir con dignidad.

A este respecto, ha señalado que se ha producido un elevado número de denuncias para proteger a las personas con una disminución de estas capacidades y dotarles de protección, para lo que considera que sería necesaria la especialización de juzgados pero también posibles colaboraciones para que los fiscales contasen con instrumentos adecuados y personal especializado para llevar a cabo su labor.

Precisamente en este sentido es en el que enmarca la necesidad de «intensificar» la colaboración, sobre todo en las visitas e inspecciones a centros de internamiento, tanto psiquiátricos como de mayores, de los que hay «muchísimos».

A este respecto, ha propuesto incluso la realización de inspecciones conjuntas y que los Servicios Sociales conocieran la problemática que se encuentran en las secciones y las visitas y también ve necesario intensificar el control sobre los internos ingresados involuntariamente o quienes lo hicieron de forma voluntaria y después han perdido capacidades como el caso de los mayores.

Por otro lado, a lo largo de su comparecencia en las Cortes, la fiscal superior se ha referido a la protección e intervención con menores, ámbito en el que ha advertido de que echan «en falta» un servicio de guardia en Servicios Sociales para la protección de los menores porque surgen cuestiones a cualquier hora y no sólo «de ocho a tres».

De la misma forma, ha asegurado que otro tema recurrente es se echan de menos centros específicos para el tratamiento de menores que tienen una problemática especial como psicológica, trastornos de conducta, etcétera, ya que ahora para el internamiento de menores sólo está el centro Zambrana, en Valladolid, que tiene carácter de «reforma».

Otras de las propuestas de Rodríguez Rey, además de mejora la dotación de medios, es el refuerzo de la colaboración en siniestralidad laboral o contar con equipos multidisciplinares para el abordaje de todo lo que se refiere a los delitos económicos, dado su volumen y complejidad.

En otros ámbitos como el de la seguridad vial, la fiscal superior ha trasladado la preocupación, compartida con la Fiscalía General del Estado, por los vehículos de movilidad personal, especialmente en las ciudades, y estima necesaria una regulación que solvente problemas en torno a los vehículos, seguros y lugares por donde pueden circular para evitar que las víctimas no queden desamparadas.

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