Operación Adelita: la Guardia Civil detiene a ocho personas y desmantela otra trama de explotación de trabajadores inmigrantes en Huelva, Segovia y Madrid

Distribuían a las víctimas en trabajos agrícolas o como empleadas internas del hogar, sin darles de alta en la Seguridad Social y sin contrato.

Identificados cerca de 400 inmigrantes en situación de estancia irregular de diferentes nacionalidades, víctimas de dicha organización.

La operación ha sido posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La Guardia Civil ha identificado a cerca de 400 personas, principalmente mujeres de origen hondureño, colombiano, nicaragüense y venezolano, víctimas de una organización criminal desmantelada por la Guardia Civil, y pr la que han sido detenidas 8 personas en Huelva, Madrid y Segovia. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal organizado, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y estafa.

Las detenciones se han realizado en el marco de la denominada Operación Adelita, que ha desarticulado un grupo criminal dedicado al favorecimiento de la inmigración irregular desde América del Sur para la la posterior explotación laboral de los migrantes.

Situación de precariedad de las víctimas

 

Este  grupo criminal había Este grupo criminal inició su actividad ilícita en noviembre de 2017, creando una red de clientes por todo el territorio nacional, los cuales se encargaban de localizar y canalizar a los inmigrantes hacia puestos de trabajo escasamente remunerados y con condiciones laborales abusivas aprovechándose de la situación de precariedad de las víctimas.

 

Las víctimas de este entramado criminal llegaban a España principalmente por vía aérea desde París (Francia), a los que cobraban entre 250 y 350 € y  eran colocados en trabajos agrícolas o empleadas de hogar. Algunas de estas personas trabajaban en jornadas de más 14 horas diarias, sin contrato y sin ser dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social. Los detenidos habían creado una asociación social y cultural, radicada en la provincia de Segovia, para blanquear y encubrir sus actividades ilegales. El  principal responsable de esta organización se hacía pasar por miembro de otro tipo de organizaciones legalmente establecidas y reconocidas.

Sanciones por infracciones a la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España

Fruto de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo perteneciente al  Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado inicio a expedientes sancionadores contra los empresarios empleadores de estos inmigrantes contratados en situación irregular. Estas infracciones pueden llevar asociadas sanciones que abarcarían entre los 10.001 y 100.000 € por infracción muy grave a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. artº 54.1.d.

La Guardia Civil y el empleo irregular

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suscribieron en abril de 2013 un convenio de colaboración sobre coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social con el objeto de evitar e investigar como líneas principales de actuación:

  • La constitución de empresas ficticias sin actividad y que simulan relación laboral con trabajadores.
  • A las empresas con actividad real para obtener prestaciones indebidas de la Seguridad Social.
  • El empleo de extranjeros sin autorización de residencia y trabajos e irregularidades en matrería de extranjería.
  • El tráfico de personas y trata de seres humanos para su explotación laboral

 

La operación “Adelita” ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Segovia, y desarrollada por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Segovia con el apoyo de agentes pertenecientes a diversas Comandancias de la Guardia Civil.

Operación Adelita

‘Todas somos Adelita’ es la canción con la que la Asociación Territorio Doméstico quiso reivindicar las deplorables condiciones de trabajo que los ciudadanos extranjeros  deben soportar cuando llegan a España de forma irregular. La adaptación de este popular corrido mexicano sirvió como banda sonora de las reivindicaciones de esta asociación, que bajo su apariencia solidaria y asistencial ocultaba una compleja red criminal dedicada a conculcar los derechos de los ciudadanos extranjeros y a la estafa.

La Guardia Civil decidió dar el nombre de ‘Adelita’ a la operación policial que hace tan solo unos pocos días ha desarticulado este grupo criminal, que se ha saldado con la detención de ocho personas en Huelva, Segovia y Madrid, y la realización de dos registros domiciliarios que han conseguido desentrañar la trama dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular.

La delegada del  Gobierno en Castilla y León Mercedes Martín y el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Segovia  José Luis Ramírez dieron a conocer los detalles de esta operación policial coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, en la que se han identificado como  víctimas cerca de 400 inmigrantes captados por la organización, aunque no se descarta que la cifra pueda alcanzar hasta el millar de ciudadanos extranjeros.

La delegada del Gobierno señaló que las condiciones laborales en las que trabajaban las inmigrantes captadas por la red eran “deplorables”,  sin registrar el alta en la Seguridad Social y en algunos casos con jornadas de hasta 14 horas diarias de trabajo y sin días libres.

El teniente coronel Ramírez señaló que el trabajo realizado por el servicio de Información de la Comandancia, en coordinación con la inspección de Trabajo determinó que este grupo criminal  trabajaba bajo el “maquillaje” de la asociación socio-cultural ‘Territorio Doméstico’ , creada para blanquear sus actividades ilegales. Asimismo, indicó que la cabecilla de la organización –una mujer de nacionalidad chilena- se hacía pasar por miembro de organizaciones como Cruz Roja o Cáritas como trampantojo para encubrir su  intención.

Ramírez señaló que en esta operación “hay un círculo vicioso basado en la vulnerabilidad de las personas que llegan a España y la codicia y la falsa caridad de las empresas o las familias que les emplean en condiciones inaceptables”. Como ejemplo, señaló que en uno de los casos, la organización criminal forzó a  abortar a una mujer para que pudiera acceder al empleo.

En cuanto a las víctimas, el teniente coronel señaló que aunque la operación está ya cerrada, la investigación permitirá determinar el número  total, ya que aunque inicialmente se han identificado a 400 personas, “es muy posible que la cifra pueda alcanzar el millar”. Así, se han mantenido contactos con  la policía de  algunos de los países de procedencia para su identificación.

La colaboración de las víctimas en la investigación determinará su futuro, ya que si aportan datos relevantes sobre la operación podrán regularizar su situación en España y acceder a un permiso de trabajo que , esta vez si, les permitirá hacerlo acorde a la ley.

La investigación policial ha dado lugar también a la actuación de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, que ha abierto expedientes sancionadores contra los empleadores de los inmigrantes contratados en situación irregular.  Las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España pueden llevar asociadas sanciones económicas entre los 10.000 y los 100.000 euros.

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