«Arrancamientos» de los hijos en nombre del bien superior del menor

«Arrancamientos» de los hijos en nombre del bien superior del menor

Tribuna Feminista publicó la semana anterior un artículo que si bien no entraba a analizar profundamente el caso de la madre a la que Diputación Foral de Bizkaia arrancó la tutela de su hija de 5 años, sí pretendía hacer visible unos hechos que están pasando a diario en nuestro país.

Nos hicimos eco del grito desesperado de esta madre a quien no permiten ver a su hija más allá de ocho horas semanales, de las cuales la mitad de ellas son bajo supervisión.

El Correo ha publicado el caso recogiendo los fundamentos del Auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia así como Diario16 quien, a cargo de su directora Maria José Pintor, ha realizado un buenísimo trabajo.

No pretendo sentar ningún tipo de jurisprudencia ni tampoco categorizar unos hechos como verdaderos sobre todas las cosas. Pero tengo la mala costumbre de estudiar los casos que me llegan y así he procedido en el caso que nos ocupa.

Estos casos donde se arrancan las custodias a las madres vienen de lejos. Fue a raíz de la aprobación de la LIVG (Ley Integral de Violencia de Género) cuando los lobbys machistas extienden sus falacias, viéndose amenazados en su “hombría” y temiendo que se les recorten una serie de privilegios. Empiezan así a defender a muerte la custodia compartida con o sin acuerdo, a levantar el bulo de las denuncias falsas, a defender la mediación familiar, a mostrarse como acosados y a despertar el uso del artefacto más virulento contra mujeres y niños, el (i)sap.

Las primeras mujeres que denuncian los malos tratos, creídas que esa Ley recién aprobada era su salvaguarda, se toparon con la terrible realidad. Los Juzgados de Violencia argumentaban no tener herramientas, no poseer capacitación alguna y fueron tomando posiciones los equipos psicosociales con la mediación familiar como bandera y como no podía ser de otra manera aparecen las primeras asociaciones, sin ánimo de lucro, que se hacen con la gestión de los puntos de encuentro familiar (pefs). El primero de ellos se instala en Valladolid, de la mano de Aprome cuya presidenta es Marisa Sacristán. Pronto, en la red empiezan a colgarse las primeras conferencias de los expertos y expertas en la materia, hablan de mediación y por supuesto de (i)sap. Se empiezan a arrancar las primeras custodias, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Cataluña, Canarias, Aragón, siendo estos casos tildados de inauditos y totalmente justificados por los profesionales que asisten como manipulaciones, falsedades y ejemplarizantes de una Ley que pretenden derogar. A día de hoy la Ley no está derogada, pero lamentable y tristemente no forma parte de nuestro ordenamiento Jurídico. Muy al contrario es una ley apartada que sirve poco y se utiliza menos.

Los PEFS surgieron con engaños, lugares neutrales donde proteger a los niños y facilitar la relación con ambos progenitores. Lo que no se trasladaba es que detrás de estos lugares se encontraban las asociaciones de padres, letrados que defienden el (i)sap y profesionales adoctrinados para practicar la terapia de la amenaza. Efectivamente se facilitaba la relación con el progenitor no custodio, cliente de estos lugares con su prole, los que engrosan la cifra para recibir subvenciones, a más niños más dinero. Como si de un mercado de abastos se tratase se sucedían las entregas y recogidas de los pequeños, a la misma hora y los mismos días, miércoles, viernes y domingo. Haciendo fila para recoger a sus hijos, cruzando miradas de tristeza y desconcierto por las escaleras, llantos imposibles de calmar. Estos lugares emiten informes a los Juzgados que son tomados como periciales redactados con ningún rigor y menos profesionalidad. Son armas para Sus Señorías creadas “ad hoc”, favoreciendo al padre y dejando a la madre en el mejor de los casos cuestionada.

Se arrancaron las primeras custodias a las madres, todas ellas con las mismas argumentaciones, madre manipuladora, poco colaboradora, conflictiva y unos hijos que cuando menos debían ser juguetes de cuerda porque todos eran y son considerados como poco inteligentes.  Debe ser que se hace una preselección que no sabemos. Desde los pefs se comienza a practicar la mediación aun existiendo denuncias por malos tratos, se cambian días y horas de visitas, se admiten o no que las familias vayan acompañadas, de manera que las mujeres que frecuentan estos lugares están sometidas no a un ordenamiento jurídico y a la tutela judicial efectiva, sino al criterio de unos “técnicos” que toman decisiones  al margen del Juzgado de referencia, todo ello auspiciado y apoyado por los equipos psicosociales, normalmente el psicólogo. Esto, queridos lectores, tiene un nombre y lo recoge el propio síndrome de alienación parental inventado y sufragado en su concepción por un pedófilo que defendía el incesto, la llamada TERAPIA DE LA AMENAZA, o haces ésto o te quitarán la custodia, o dices aquéllo o perderás a tus hijos para siempre. Esto se repite día sí y día también en cada punto de esta España nuestra y en cualquier momento. No vale mi palabra, quien lo desee lo puede ver reflejado en cualquiera de los Autos de cualquier Juzgado de familia o de violencia.

Como quiera que fuese que levantamos la voz, el Consejo General del Poder Judicial instó a la no utilización de dicho artefacto, (i)sap, pero la transformación en otros conceptos no tardó en llegar, así ahora nos podemos encontrarnos con madre maliciosa, obstaculizadora, interferencias parentales, negación de vínculo e incluso se atreven a diagnosticar enfermedades mentales que justificarían unas actuaciones para los defensores de dicho síndrome cuando menos enfermizas. Así nos acusan de manejar a nuestros hijos por poderes y convierten un trastorno depresivo mixto o un trastorno de estrés postraumático en carencias que impiden que ejerzamos la custodia y/o tutela.

Han ido perfeccionando los arrancamientos de los hijos y aunque algunos aún se producen en sede judicial, un importante número se lleva a cabo a través de los Servicios de Infancia de las Diputaciones autonómicas, como es el caso que nos ocupa. De manera que si se detecta que el menor, como ellos les llaman despojándoles de sus derechos como personas, no quiere ver a su padre, tiene miedo o simplemente se ha iniciado un protocolo de malos tratos ya sea hacia la mujer o hacia los hijos, intervienen inmediatamente los servicios sociales con el único fin de poner blanco sobre negro desde las asociaciones/empresas a las que se les ha externalizado los servicios, sometiendo a auténticas torturas a la mujer y a los niños, con el fin de que retiren las denuncias e incluso confiesen que mintieron. De no hacerlo, se inicia una serie de intervenciones y programas encaminados a minar la estabilidad psicológica y emocional de la mujer y a retractar a los hijos de su negativa a estar con el padre. Mientras tanto, se llenan miles de folios, miles de informes en expedientes de imposible comprensión pero que estratégicamente recogen la malicia de la madre y a los niños como seres humanos manipulables y perdidos, sin referente alguno. Detrás la amenaza de siempre, te quitarán a tus hijos.

No son casos aislados, es dificilísimo que los medios de comunicación se hagan eco, porque incluso también reciben amenazas si los publican. Y por otro lado las madres son amenazadas con no ver a sus hijos el escaso tiempo que los ven si lo hacen público.

Ciertamente no sabemos si al final Diputación Foral de Bizkaia saldrá condenada, pruebas y hechos para ello hay, pero conocemos sobradamente la justicia patriarcal a la que nos enfrentamos.

En esta denuncia se conoce de las consecuencias de un arrancamiento llevado a cabo con violencia física, de apartar a la hija de la madre con el pretexto del bien superior del menor, de provocar en una niña de cinco años la sensación de la pérdida de su referente, SU MADRE, no hablamos de si el (i)sap es legal o no, se denuncia un maltrato institucional violento, se denuncia el dolo que produce llevar a cabo la retirada de tutela, que no de custodia, de una niña de cinco años, se denuncia que es inaceptable que un expediente administrativo consiga los objetivos que no se han conseguido a través del sistema judicial.

Las retiradas de tutela deberían estar prohibidas, salvo en terribles ocasiones y éste no es el caso. Pretender que una niña de cinco años sea, a partir del momento en que es arrancada de su madre, sincera en sus declaraciones es pedir que los burros vuelen. Esta niña ha aprendido la lección, por éso calla, por éso no pondrá a su madre en riesgo, por éso ansía que llegue la visita, porque es lo único real y verdadero que le queda, lo demás se lo han impuesto.

Los niños crecen, se convierten afortunadamente en adultos y la verdad les hará libres.

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