La FEMP recuerda, en el 8 de Marzo, a las 103 alcaldesas elegidas en las primeras elecciones democráticas

La FEMP recuerda, en el 8 de Marzo, a las 103 alcaldesas elegidas en las primeras elecciones democráticas

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha hecho pública una declaración institucional con motivo del 8 de marzo en la que realiza un reconocimiento a las primeras mujeres que han llegado a ser alcaldesas en España. 103 mujeres fueron elegidas el 3 de abril de 1979 en los primeros comicios municipales tras la recuperación de la democracia.

«Mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso al frente y liderar el cambio en sus pueblos y ciudades», recoge la declaración institucional. Asimismo, subraya el reconocimiento de «la valentía de las 103 alcaldesas del 79, que abrieron el camino del cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumen puestos de decisión en tantas corporaciones locales».

La declaración, aprobada en la Junta de Gobierno de la FEMP del pasado 26 de febrero, señala que en la actualidad hay 1.565 alcaldesas. «Las 103 primeras lo fueron, en su mayor parte, de municipios pequeños y medianos. En sucesivas convocatorias municipales, las mujeres fueron ganando presencia en ciudades y localidades de mayor tamaño, y el número de ellas fue en aumento, hasta la cifra actual», ha resaltado la FEMP.

En el texto de la declaración, remitida desde la FEMP a todos los Gobiernos locales, se apuesta por la igualdad de trato y de oportunidades, por «un futuro sin discriminación por razón de género» y por la erradicación de actitudes que puedan perpetuar la desigualdad.

También destaca la necesidad de impulsar políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades y el apoyo a las mujeres del ámbito rural.

Se demanda, asimismo, dotar a los gobiernos locales de los medios necesarios para «llevar a cabo las competencias que nos ha devuelto el Pacto de Estado en materia de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible».

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