Fundación Mujeres urge a aprobar pensiones para huérfanos de violencia de género, cuyo retraso está «injustificado»

Fundación Mujeres urge a aprobar pensiones para huérfanos de violencia de género, cuyo retraso está «injustificado»

La directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha pedido «responsabilidad» a todos los grupos parlamentarios para que se apruebe «ya» la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia machista, que la elevará a más de 600 euros. A su juicio, la tramitación de esta iniciativa está teniendo un «retraso injustificado».

«Cada Pleno que no se aprueba son meses para una familia que no está percibiendo ninguna ayuda de subsistencia y necesidad básica. Son meses más de dificultades económicas para las familias», ha señalado Soleto.

«Esta ayuda es muy urgente», ha incidido durante la presentación de la II edición de la carrera solidaria Corre por los huérfanos y las huérfanas de la violencia de género, que se celebrará en Madrid el próximo 10 de febrero.

Previsiblemente, el Pleno del Senado del próximo día 5 de febrero dará luz verde a la propuesta de mejora de la pensión de orfandad de estos huérfanos y, tras ello, volverá al Congreso para su ratificación y aprobación definitiva. «Esperamos que los grupos sean responsables porque están causando un quebrando económico a las familias», ha declarado.

Según ha destacado Soleto, «no puede ser» que las familias de los 233 huérfanos por violencia de género contabilizados desde el año 2013 sólo perciban una ayuda económica a partir del asesinato de la mujer, gracias al Fondo de Becas Soledad Cazorla, gestionado por la Fundación Mujeres, que lleva años promoviendo la necesidad de que el Estado garantice ayudas para la reparación del daño.

El Fondo de Becas, a fecha 22 de enero, presta apoyo a un total de 16 familias, que se hacen cargo de 25 huérfanos y huérfanas, de los cuales cinco son mayores de edad y 20 menores de edad. Se nutre del apoyo solidario individual y de empresas, sin ayudas públicas, y desde su creación ha tramitado ayudas por valor de 61.285 euros.

Joaquin Tagar, promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto, ha hecho hincapié en que, incluso si se aprueba la ley de mejora de las pensiones, estos niños no cobrarán «ni la tercera parte de la que reciben los huérfanos por terrorismo».

A finales del año pasado, la proposición de Ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, pese a sufrir «11 prórrogas» por la presentación de enmiendas por parte de los grupos, según ha lamentado Tagar, que ha apuntado que «inexplicablemente» el Senado también solicitó una nueva prórroga de enmiendas.

«HOY PODRÍAN ESTAR COBRANDO»

«No hemos entendido, más que en el marco de las tácticas políticas que acontecen en España, que una propuesta que sale con unanimidad del Congreso realmente necesite enmiendas en Senado. Si no se hubieran presentado enmiendas en el Senado, hoy podrían estar solicitando ayudas porque estaría terminada la tramitación», ha sentenciado Soleto, que reclama «celeridad» para poder dar las ayudas «ya».

De hecho, así se lo trasmitieron Tagar y Soleto a la senadora y portavoz de Igualdad del PP en el Senado, Susana Camarero, ya que los ‘populares’ tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta. También han remitido una carta al presidente del PP, Pablo Casado, para recordarle el «compromiso» de Camarero de llevar el debate de la iniciativa el próximo Pleno previsto el próximo día 5 de febrero.

Según han explicado, hubiesen preferido que la pensión formara parte del sistema de cotización de la Seguridad Social. De acuerdo al texto en tramitación, estas pensiones pasarán de ser contributivas a no contributivas, es decir, que ya no dependen de que la madre asesinada haya cotizado a la seguridad social, sino que su financiación llegará a través de los presupuestos.

En cualquier caso, han insistido en la «urgencia» de su puesta en marcha «ya», al tiempo que han recalcado que, una vez aprobada, podrán solicitar esa pensión todos los que están en situación de orfandad por violencia de género, «independientemente» de cuando se produjera el asesinato de su madre a manos de su pareja o expareja. Podrán pedirla hasta cumplir la mayoría de edad, aunque en el caso de estar realizando estudios la ayuda puede prorrogarse, según han señalado Tagar y Soleto.

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