Prostitución: Hacia una ley de paz para las mujeres

Prostitución: Hacia una ley de paz para las mujeres

 

Cuando hablamos de prostitución podemos hacerlo de dos formas; como lo que algunos sectores  pretenda que sea: un trabajo como otro cualquiera, o como lo que es: una violación de los derechos humanos. Resulta evidente para muchas personas la violencia que contra mujeres y niñas supone la prostitución, las relaciones de jerarquía hombre-mujer y de dominación sobre la que está constituida y, que instituyen para los hombres un “derecho” de libre acceso a los cuerpos de las mujeres por una cantidad variable de dinero. Sin embargo, hay quien defiende que la prostitución es “trabajo sexual”, que lo que se vende son servicios y no personas, siendo este argumento el súmmum de la deshumanización. Son ideas que forman parte de la cultura de prostitución y que pretende normalizarla, legitimarla social y normativamente. Detrás de estos discursos está el lobby proxeneta, que sabedor de que no puede presentarte ante la sociedad como explotadores y tratantes de seres humanos, han conformado toda una ideología para influir en el imaginario colectivo sobre la prostitución con la finalidad de que su negocio sea legalizado. ¿Qué proxeneta no querría ser visto y, sobre todo tratado jurídicamente como un empresario?

Una de las estrategias que sirven a tal fin es diferenciar prostitución de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, como si fueran hechos dicotómicos o separados, cuando lo cierto es que trata y prostitución son etapas complementarias e interdependientes en un mismo continuo llamado industria del sexo[i]. Esta diferenciación crea un poderoso y falaz imaginario: la trata es lo malo, lo indeseable y la prostitución es aceptable, una opción válida. Hay una enorme demanda de mujeres y ello se manifiesta, por ejemplo, en los 5 millones de euros diarios que mueve la prostitución en España[ii]. Esta demanda y volumen de negocio son absolutamente insostenibles sin la existencia de la trata.  La trata nutre de mujeres y niñas a la prostitución, son realidades indisociables. La Organización Internacional del Trabajo cifra en 4,5 millones de personas el número de víctimas de trata con fines de explotación sexual, el 90 % son mujeres y niñas. 4,5 millones de víctimas por y para la prostitución. Se ha promovido la creencia de que regulando la prostitución, las víctimas de trata se reducirían. Sin embargo, las cifras aumentan en los países donde se ha regulado[iii]. Por tanto, la regulación solo ha servido para institucionalizar y legitimar esta forma de esclavitud. La trata se reduce atacando a su origen, es decir, a la demanda de prostitución, multando a los clientes-puteros, y no como hacen los países regulacionistas, pidiéndoles que se pongan preservativos.

Consecuencia de la diferenciación trata-prostitución y de la adherencia por parte del ordenamiento jurídico, a la tesis neoliberal  que distingue prostitución voluntaria de forzada, es una tipificación penal del proxenetismo insuficiente para perseguir el delito. No se afirma que no haya mujeres efectivamente no coaccionadas o forzadas en prostitución, sino que regular basándose en la excepcionalidad y no en la situación de la mayoría de mujeres en prostitución, favorece al proxeneta. Y así pasó con el Código Penal de 1995 que eliminó la figura de la tercería locativa, esto es, la conducta de quien proporciona el local para el ejercicio de la prostitución. Esto supuso la proliferación de burdeles, pues el proxeneta siempre puede alegar que él simplemente alquila habitaciones pero que en ningún caso se lucra de la prostitución ajena. Si queremos luchar eficazmente contra la trata y el proxenetismo debemos incluir en el Código Penal todas sus modalidades y apartarnos de tesis neoliberales y patriarcales que solo sirven a la perpetuación de la subordinación sexual de las mujeres.

Otra estrategia utilizada para lograr la regulación de la prostitución es constituir falsos sindicatos, los mal denominados “sindicatos de trabajadoras sexuales”. Se evidencia enseguida que entre sus objetivos está blanquear la explotación sexual con el fin de legalizarla porque son incapaces de hablar de medidas concretas para la mejora de las condiciones de las mujeres prostituidas, lo cual debería ser la causa de su constitución. Un sindicato es una organización que defiende los derechos e intereses de los trabajadores frente a sus empleadores. Aquí, los “empleadores” son los proxenetas. ¿Cómo podremos hacer cumplir contratos jurídicamente vinculantes cuando una de las partes es la mafia proxeneta?

AMMAR (“sindicato de trabajadoras sexuales” argentino) tiene varias imputaciones por trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La propia Concha Borrell, presidenta del que pretende ser el sindicato español, ha reconocido que la relación laboral es la de trabajo por cuenta ajena. En prostitución, esto se llama proxenetismo y nada se le puede exigir a unos “empleadores” que se lucran con la explotación sexual de las mujeres. Sigamos con el análisis de las mejoras concretas que deberían estar proponiendo. ¿Establecerían un número de coitos forzados diarios? ¿Cómo cumplirían con la ley de prevención de riesgos laborales cuando el “trabajo” per se es un riesgo para la vida y la salud de las mujeres?

Hablan de derechos laborales cuando lo cierto es que las mujeres por cuenta propia pueden afiliarse a la Seguridad Social como cualquier otra trabajadora. ¿Qué pretenden pues cuando aluden a la “sindicación o al “trabajo sexual”? Sencillamente, están cambiando los términos del debate. Consiguen, hablando de sindicatos que la prostitución sea vista como un trabajo en lugar de como la forma de violencia que es. Pretenden dotar de credibilidad y respetabilidad a los defensores de la prostitución. Pero las evidencias destrozan estas pretensiones. Por ejemplo, AMMAR (“sindicato de trabajadoras sexuales” argentino) tiene varias imputaciones por trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

No podemos permitir que hable de consecución de derechos quienes pretenden legitimar social y jurídicamente una práctica social e institución patriarcal que los vulnera. Cambian los términos del debate para no conceptualizar, para no explicar qué es la prostitución. Hablar de “trabajo sexual” no hará que la prostitución deje de ser una manifestación de la desigualdad estructural soportada por las mujeres. Tenemos que recentrar el debate. La violencia ejercida previo pago sigue siendo violencia. Tenemos que seguir explicando que el sometimiento y la explotación sexual ni se sindican ni se regulan, sino que se lucha por abolirlas.

La constitución de este tipo de “sindicatos” en países donde se ha regulado la prostitución, fue uno de sus pasos previos. Por tanto, ahora más que nunca, debemos seguir exigiendo una legislación abolicionista. Esta legislación está fundamentada en tres principios fundamentales: la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y una violación de la dignidad humana[iv]. Si queremos remover los obstáculos que impiden esta igualdad, es imprescindible una ley abolicionista de la prostitución. En sociedades formalmente igualitarias, la prostitución es uno de los últimos reductos donde se ejerce impunemente la dominación sexual. Es, como dice Ana de Miguel, la restauración simbólica del poder de los hombres sobre las mujeres.

La lucha por la abolición es la lucha por el reconocimiento de todos los derechos, el derecho a una vida digna libre de violencia o el derecho a no ser prostituida como manifestación del más amplio derecho a la integridad física y moral.

Son medidas abolicionistas la descriminalización de las mujeres prostituidas, la protección, asistencia y alternativas de salida para todas las personas prostituidas, la penalización de la compra de actos sexuales y el reproche penal a los proxenetas y clientes-prostituidores. Ejemplo de medida concreta es la sanción económica al putero que se elevaría a pena de prisión si la víctima fuese menor de edad o se encontrase en situación de especial vulnerabilidad (enfermedad, discapacidad). El espíritu de la ley y por ende, de todas estas medidas, responden a qué tipo de sociedad queremos construir, una en la que no haya cabida a la compraventa de seres humanos. No nos mueve, como nos acusan en ocasiones, la imposición de ninguna moral ni mucho menos, de valores religiosos. Nos mueve el respeto a los derechos humanos y una verdadera voluntad de emancipación y liberación de todas las mujeres en todo el mundo.

Abolir la prostitución no es ninguna utopía, sino un camino que debe ser recorrido y que paulatinamente irá dando sus frutos. Así lo atestiguan las evaluaciones realizadas en países donde se ha legislado en este sentido. Suecia, que bautizó a esta ley como la ley de paz de las mujeres, la adoptó en 1999. Algunos resultados de la misma es que los compradores de sexo pasaron de ser de 1 de cada 8 hombres a 1 de cada 13, las mujeres en situación de prostitución no alcanzan actualmente las 1.500 y desde la instauración de la ley no hubo ningún feminicidio en prostitución. No se puede decir lo mismo de los países regulacionistas. El propio Gobierno alemán, en una evaluación de su modelo  realizada en 2007 reconoce “el fracaso estrepitoso, especialmente en lo que concierne a los derechos de las mujeres”. Este fracaso se puede referir en todo caso, al aumento de trata de mujeres y niñas o a la perpetuación del fenómeno de la reificación,  derivado de la incesante oferta de mujeres para servicio sexual de quien tenga unos euros en la cartera.

La lucha por la abolición es la lucha por el reconocimiento de todos los derechos, el derecho a una vida digna libre de violencia o el derecho a no ser prostituida como manifestación del más amplio derecho a la integridad física y moral. Obedece a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre recogida en Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta plasmación legislativa se tiene que materializar en la práctica social, sino de nada sirve. Abolir esta violencia patriarcal ancestral es indispensable si queremos una sociedad más libre y justa.

La  lucha por la abolición es también la lucha por la libertad sexual, para que se dejen de reproducir las relaciones de poder también en el sexo y que estas sean de satisfacción mutua. Es una lucha que clama que nadie se vea obligada a vender su sexualidad ni el acceso a su cuerpo para poder sobrevivir, que nos dejen de imponer relaciones sexuales no deseadas. Es la lucha por el fin de una de las más brutales formas de subordinación patriarcal. Cabe preguntarnos, ¿qué pasaría si lográramos erradicar la prostitución? Sencillamente, evitaríamos el insoportable sufrimiento de millones de mujeres y niñas.

 


[i]  Szil, Peter (2018): “En manos de hombres: pornografía, trata, prostitución”, ATLÁNTICAS, Revista Internacional de Estudios Feministas, Nº3.

[ii] Datos CNP.

[iii] Seo-Young Cho, Axel Dreher and Eric Neumayer (2013): “Does legalized prostitution increase human trafficking?”

[iv] “Ley francesa del 13 de abril de 2016 para reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas”.

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