El Ministerio de Trabajo, de brazos caídos con la legalización de OTRAS

Pese a las contundentes declaraciones abolicionistas de la ministra, Trabajo no ha emprendido ninguna acción para revocar la legalización de OTRAS
CARLOS HIDALGO

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. EFE/Archivo

El 4 de agosto el BOE publicó la legalización del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) sin embargo, hasta que no se hizo pública el Ministerio de Trabajo no se decidió a actuar. Así, el 30 de agosto, con notable disgusto, Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, dijo que se le había colado “un gol por la escuadra” y anunció que el Ministerio emprendería urgentemente acciones para enmendar lo que fue calificado como un error. “No avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”, declaró Valerio. Sin embargo, desde el 4 de agosto hasta ahora no se ha hecho nada por parte de la Administración. Ni siquiera contestar a los requerimientos administrativos acerca del estado de esa posible ilegalización o de qué funcionario se encarga de este asunto.

Aún así, dos colectivos feministas sí que decidieron buscar las vías para oponerse a esta legalización. La asociación andaluza “8 de marzo”, que impugnó los estatutos de OTRAS en los tribunales. Y la organización feminista catalana L’Escola AC impugnó el acto administrativo de la inscripción del sindicato. Ambos casos serán juzgados en la Sala Segunda de lo Social de la Audiencia Nacional el próximo 14 de noviembre.

Impugnación caducada antes de anunciarse
Magdalena Valerio dijo -y repitió ayer mismo- que se estudiaría la impugnación de los Estatutos, tal y como ha hecho la Asociación 8 de marzo. Sin embargo, no sólo no se ha personado en la causa, sino que la Abogacía del Estado ya está fuera de plazo para poder hacerlo. El Gobierno, pese a sus declaraciones e informes, ni está ni se le espera impugnando los estatutos de OTRAS. Así lo resume Rosario Carracedo, portavoz de la asociación: “El Gobierno nos ha mentido”.

Con respecto a la impugnación de la inscripción de OTRAS,hoy El Diario cita un supuesto informe de la Abogacía del Estado que afirma que “el registro de los estatutos de un sindicato es un acto administrativo que, salvo error evidente de forma o del contenido mínimo exigido por la norma, pasa el trámite” y afirman que no puede ser recurrido o enmendado. Y sin embargo en eso difieren del presidente de la Sala Segunda, que no sólo ha admitido a trámite la impugnación de la inscripción del sindicato, sino que ha desestimado un escrito del fiscal -que usaba los mismos argumentos- que abogaba por no admitir la demanda.

Cúmulo de contradicciones
Además, si la inscripción es un acto automático y no cuestiona la legalidad del sindicato inscrito, ¿por qué se cesó a Concepción Pascual, la directora general de Trabajo a la que se hizo responsable? El ministerio pidió la documentación en dos ocasiones a OTRAS pero no cuestionó la legalidad de un sindicato de personas que trabajan en el sexo por cuenta ajena, cuando el proxenetismo está prohibido en España; no se puede contratar a alguien para que se prostituya para una empresa o un empresario. “Una cosa es el derecho de asociación”, explica Nuria González, presidenta de L’Escola “y otra es permitir un sindicato de personas que ejercen la prostitución para un tercero”.

Lo sorprendente de esto es que el Gobierno, fuera de los tribunales, tampoco ha hecho nada para revertir la legalización de OTRAS, ni siquiera pedir un informe al Consejo de Estado para ver si es posible revocar su propio acto, ni tampoco atender al requerimiento administrativo de L’Escola AC para saber qué medidas se contemplaban y qué funcionario se encargaba de ello.

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