El Gobierno quiere impugnar los estatutos del sindicato de prostitutas fuera de plazo

El Gobierno quiere impugnar los estatutos del sindicato de prostitutas fuera de plazo

Carlos Hidalgo

Tras no sumarse a los dos procedimientos abiertos en los tribunales, el Ministerio de Trabajo comunica ahora acciones contra el pseudosindicato de prostitutas.

Cuando se destapó que el Ministerio de Trabajo había publicado la inscripción del seudosindicato de trabajadoras del sexo OTRAS, la ministra Magalena Valerio expresó su disgusto y anunció que iban a tomar medidas inmediatas para revertir esa acción, que le costó el puesto a la anterior secretaria de Estado de Trabajo. Y sin embargo, nada se hizo. En paralelo, dos asociaciones de mujeres: la Asociación 8 de marzo y L’Escola, iniciaron sendos procedimientos judiciales para llevar a término las intenciones declaradas de la ministra Valerio. 8 de marzo impugnando los estatutos y con L’Escola impugnando el acto administrativo.

Sin embargo el Ministerio no se sumó a la impugnación de la Asociación 8 de Marzo y el Estado, a través de la Fiscalía, pidió que no se admitiera a trámite la demanda de L’Escola, al afirmar que el Ministerio no debía hacer un control previo de legalidad al inscribir a OTRAS.

Mientras tanto, afirmaban seguir estudiando las opciones disponibles a través de un informe de la Abogacía del Estado.

Fuera de plazo y silencio administrativo

Ayer, el Ministerio emitió un comunicado en el que repiten que impugnarán los Estatutos de OTRAS, esta vez basándose en el informe antes mencionado. Sin embargo, afirman, no lo harán a través de la Abogacía del Estado, sino a través de la Fiscalía. Y el mismo comunicado da a entender que no se realizó el control de legalidad previo a OTRAS porque la información de su posible ilegalidad les llegó después de su inscripción, lo que viene a contradecir la actitud de la Fiscalía en la Audiencia Nacional.

El recurso a la Fiscalía se debe a que hace meses ya de la inscripción del seudosindicato y la ley -aún no siendo nada clara en ese aspecto- fija de plazo para dicha impugnación los veinte días hábiles que transcurren entre el depósito de los estatutos y la fecha de adquisición de personalidad jurídica del sindicato inscrito. Si no se estimase que la impugnación está dentro de plazo, aún les quedaría la opción de deshacer el acto administrativo de la inscripción, a lo que el Ministerio se negó cuando lo solicitó L’Escola y para lo que tiene una segunda oportunidad, dado que 8 de marzo también lo ha solicitado. Si tampoco lo resuelve así, queda por ver qué es lo que decidirá la Audiencia Nacional. Los juicios se celebrarán el próximo 14 de noviembre.

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