El PP arremete contra el Real Decreto de medidas contra la violencia machista

El PP arremete contra el Real Decreto de medidas contra la violencia machista

La mayoría del Congreso ha apoyado hoy la petición del PP de comparecencia «urgente» de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, para que explique las medidas que va a poner en marcha el Ejecutivo para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ciudadanos y UPN han manifestado su apoyo durante la sesión de la Diputación Permanente a dos peticiones del PP sobre la comparecencia urgente de Calvo en una sesión extraordinaria de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

La pretensión del PP es que la ministra de Igualdad explique también la motivación y la urgencia para aprobar un Real Decreto-Ley con algunas de las medidas del Pacto, así como la falta de diálogo con las fuerzas políticas.

Los grupos han manifestado su condena por la muerte hoy de una mujer estrangulada por su pareja sentimental en Orihuela (Alicante), que se convierte en la víctima número 28 en lo que va de año.

Durante el debate, la diputada del PP Marta González ha criticado que en el mes de junio, cuando fueron asesinadas tres mujeres en 24 horas, la vicepresidenta estuviera «extremadamente ocupada coordinando al equipo de ministros y ministras para la llegada del buque Aquarius a Valencia».

Marta González ha criticado que la vicepresidenta realice el computo sumando años y ha señalado que ante esta situación, el Gobierno «ha quitado presión» modificando el sistema de cómputo de los asesinatos, una medida que ha calificado de «descarada», con la que «nos han sorprendido por su absoluta desfachatez y falta de escrúpulos».

Además, ha criticado que el Gobierno, «con total desprecio a la Comisión de Seguimiento del Pacto», haya «fusilado» el contenido de una proposición de ley orgánica registrada por el PP en su Real-Decreto Ley «y presentarlo apresuradamente en el último Consejo de Ministros antes de irse de vacaciones, quitando algunas cosas que no les gustaban mucho y añadiendo otras que les convenían».

En este sentido Angeles Alvarez, portavoz del Igualdad del PSOE del Grupo socialista ha recordado en los pasillos del Congreso que «el PP hace referencia a una Proposición de Ley que a su vez copia literalmente ( como hace el Decreto del Gobierno) el texto propuesto en el Pacto contra la violencia que votaron favorablemente todos los Grupos  en la Subcomisión».

Por el PSOE, ha intervenido la diputada Esther Peña  que ha contestado que el Gobierno se toma la violencia de género como un asunto prioritario y urgente, de ahí la aprobación del Real Decreto para poner en marcha medidas del Pacto de Estado, que estaba «atascado» y «sin asignaciones concretas». Además, ha recordado que la vicepresidenta ha pedido comparecer a petición propia para dar explicaciones sobre este tema.

Ciudadanos ha manifestado su apoyo a la comparecencia a pesar de que, según su portavoz, Patricia Reyes, no comparte los términos del texto en el que el PP «parece que casi hace responsable al PSOE de los asesinatos» y de que, mientras gobernó «tuvimos que perseguirlo» para que pusiera en marcha las medidas del pacto «y no movió un dedo».

También el diputado del grupo mixto (UPN) Íñigo Jesús Allí Martínez ha apoyado la comparecencia de Calvo y ha pedido no usar la violencia machista como herramienta política «ni arrogarse, tanto la derecha como la izquierda, ser el estandarte» de la lucha contra esa lacra.

La diputada de Unidos Podemos, Lucía Martín, ha acusado al PP de ser «una amenaza para los derechos de las mujeres» y, aunque se ha mostrado a favor del contenido del Real Decreto, ha dicho que no iba a oponerse a que el Gobierno de explicaciones.

Por el grupo mixto, Carles Campuzano (PdeCat), ha considerado la petición de comparecencia de «fuera de lugar», ya que habrá ocasión de debatir sobre el tema durante la convalidación del Real Decreto, en lo que han coincidido tanto Joan Tardá (ERC) como Mikel Legarda (PNV).

Angeles Alvarez: «es urgente acabar con la paradoja de que sea un maltratador sentenciado quien tenga que autorizar las intervenciones psicológicas con los menores afectados por la violencia que el mismo inflige».

La portavoz popular ha criticado que la vicepresidenta utilice un sistema de recuento de asesinatos para “por un lado quitar presión y modificar el sistema de cómputos de los asesinatos”. Esta sistema de recuento lo ha calificado como «medida descarada y carente de toda lógica estadística nos han sorprendido y avergonzado por su absoluta desfachatez y falta de escrúpulos”, ha aseverado.

El PP tras perder el Gobierno presento una Proposición de modificación de la Ley Orgánica 1/2014 que recopilaba varias medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aunque la popular ha reprochado a los socialistas haber presentado   el Real Decreto con «desprecio a la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado, que no fue convocada y  fusilar con total desprecio el contenido de la PL Orgánica del GPP Marta González. eludió que su proposición se limita a copiar las propuestas acordadas en el Pacto.

A pesar de las criticas la diputada popular ha recocido que el texto del Real Decreto, «es perfectamente legal como Proposición de Ley Orgánica» aunque segun su opinión ,»no es legal como RDL». Ha indicado que, «de hecho pasa a ser inconstitucional, muy particularmente por la inclusión de la disposición adicional segunda de la modificación del art. 156 del Código Civil en lo que se refiere a la modificación del catálogo de actos que requieren decisión común en la patria potestad, para la atención psicológica del menor víctima de violencia de género, sin necesidad de la autorización paterna”, ha aseverado la portavoz del PP.

En este sentido Angeles  Alvarez portavoz de Igualdad socialista ha recordado, en declaraciones a TF ,que la modificación del art. 156 del Código Civil  «fue votada por el PP en el Pleno del Congreso  y nunca se opuso a ello en los debates de la subcomision». En este sentido ha considerado «urgente acabar con la paradoja de que sea un maltratador sentenciado quien tenga que autorizar las intervenciones psicológicas con los menores afectados por la violencia que el mismo inflige».

 

 

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