El Gobierno quiere que los cambios legales del Pacto de Violencia de Género se hagan este año

El Gobierno quiere que los cambios legales del Pacto de Violencia de Género se hagan este año

 

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha solicitado hoy al Parlamento que ponga en marcha las modificaciones legales recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género antes de que termine el año, es decir, en cuatro meses.
Calvo ha explicado ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género que hay que «dar un tirón importante» a las medidas legislativas del Pacto: «A finales de año queremos tener todas las modificaciones legales».
La vicepresidenta del Ejecutivo ha incidido en que «hay que poner más recursos y voluntad» en la lucha contra la violencia machista y ha pedido a Congreso y Senado que «acompañen al Gobierno» y den prioridad al consenso y la lealtad para terminar de poner en marcha el Pacto porque «vamos tarde» y «habrá pocos objetivos que merezcan más la pena que éste en una democracia».

En una comparecencia extraordinaria para explicar el decreto ley del Gobierno por el que se impulsan varias medidas del Pacto de Estado -entre ellas, la devolución de las competencias a los ayuntamientos y la acreditación de víctimas de violencia machista sin necesidad de que medie denuncia-, Calvo ha concedido que ese acuerdo es sólo el «punto de arranque, no de llegada» en esta lucha.
En este sentido, ha mostrado su disposición para poner en marcha un pacto de Estado contra el sexismo en el que todos los partidos políticos «vayan juntos» y ha asegurado que hay que abordar la violencia sexual «de manera integral».

La responsable de Igualdad ha recordado que pronto se cumplirá un año desde la aprobación del Pacto, un «documento extraordinario» fruto del acuerdo de las distintas fuerzas políticas, a las que ha exigido un «común esfuerzo» para que sus medidas legislativas se aprueben porque «hay que responder cada día y a cada momento a esta situación inaceptable»: 29 mujeres han sido asesinadas en 2018.
Asimismo, ha adelantado que convocará «muy pronto» una nueva conferencia sectorial «porque hay algunas medidas que se tienen que desarrollar coordinadamente» con el resto de administraciones.

Calvo, que ha pedido que la confrontación política quede fuera de este ámbito, ha anunciado que el debate para la convalidación del citado decreto ley del Gobierno tendrá lugar en el Pleno del próximo día 6.
«Hemos utilizado el real decreto de una manera constitucionalmente impecable. (…) Es una fórmula habitual de cualquier democracia», ha aseverado.
«Cuando llega un Gobierno que supone un cambio ideológico tiene prisa por hacer las cosas. (…) La violencia de género no se va de vacaciones», ha añadido, tras recordar que son ya 953 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que se registran las estadísticas.

a vicepresidenta ha aclarado que el decreto es respetuoso con el Pacto y se refiere a tres medidas urgentes -la protección de víctimas que no se atreven a denunciar, la devolución de las competencias a los ayuntamientos y el acceso al tratamiento psicológico de los menores sin consentimiento paterno- que no requieren una tramitación compleja.
Sin embargo, el PP considera que el Ejecutivo «no está dando la talla, no está haciendo de la lucha de género una prioridad». La diputada popular María del Carmen González cree que el decreto es inconstitucional, fruto de la precipitación y la imprevisión. y ha reclamado que se tramite como un proyecto de ley.

También lo ha pedido Ciudadanos. A juicio de la diputada Patricia Reyes, recurrir a la fórmula del decreto es un «gravísimo error», una «maniobra electoral», y ha cuestionado su contenido.

Por su parte, Carmen Cuello, diputada socialista, ha defendido que el decreto es una iniciativa «necesaria y urgente» y ha pedido al resto de grupos «sentido de Estado» para su convalidación y la puesta en marcha del resto del Pacto.
Un pacto que la diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández Castañón considera «insuficiente»: el grupo confederal pretende que la lucha contra el machismo sea más ambiciosa, ya que se trata de un problema estructural de la sociedad.

Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea ha exigido a Calvo que «se cumpla todo lo que pone en el Pacto», mientras que la diputada de ERC Ana Surla ha afirmado que con su partido «siempre habrá diálogo para erradicar la violencia machista».

Por último, la vicepresidenta ha contado que tanto la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, como la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, han mostrado su disposición para comparecer ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado.

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