Abogan por mejorar la aplicación de protocolos de prevención del acoso sexual

Abogan por mejorar la aplicación de protocolos de prevención del acoso sexual

La prevención del acoso sexual y sexista en la Administración Pública goza de una regulación mucho más profunda que en el ámbito de la empresa privada, sobre todo a través de unos protocolos que, lamentablemente, no suelen aplicarse como se debería.

Así lo ha advertido la asesora jurídica del área de Igualdad del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Consuelo Catalá. Como ejemplo, ha señalado que entre esos protocolos se contempla la posibilidad de que una víctima de acoso pueda solicitar el trasladado de su puesto de trabajo, incluso a otra comunidad autónoma, pero, sin embargo, el desconocimiento y la falta de seguimiento impiden una aplicación óptima de ésta u otras medidas.

“Hay muchas opciones contempladas, pero en la realidad no se aplican; es importante que haya protocolos, aunque es casi más importante que exista voluntad de que se cumplan”, ha manifestado.

En su conferencia “Violencia de género, acoso sexual y acoso sexista”, Catalá ha desgranado las recomendaciones que desde el Síndic de Greuges hicieron en un informe de junio 2017 tanto a la Administración estatal como a la autonómica en materia de violencia de género.

Al respecto, esta asesora jurídica ha recordado que la ley autonómica sobre esta problemática contempla una definición de lo que es violencia de género mucho más amplia que la Ley Orgánica (LO) estatal de 2004 que regula las medidas de protección en todo el país.

Así pues, ha recordado que la legislación autonómica también considera violencia de género cualquier tipo de acoso laboral de índole sexual y sexista, además de otros lastres como la brecha salarial.

En contraposición, Catalá ha lamentado que la LO reduzca esa definición a los casos en los que haya habido una relación sentimental, lo que limita la posible actuación judicial en muchos casos de violencia de género que no pueden ser considerados como tal.  En este sentido cabe recordar que el Pacto contra la violencia exige dar respuesta integral, pero demanda leyes especificas para adecuar la respuesta. 

Otras recomendaciones fueron: la mejoría en la regulación de las ayudas económicas, la reducción de los requisitos para lograr la acreditación como víctima o que la protección de éstas se hiciera extensible de forma inmediata a los menores.

Según Catalá, la mayoría de éstas sugerencias sí fueron incluidas por el Gobierno autonómico en el Pacto contra la Violencia de Género firmado en septiembre de 2017.

Aunque el Síndic de Greuges no tiene competencias para intervenir en casos de acoso en el ámbito de la empresa privada, Catalá ha revelado que cuando reciben una queja en materia de Igualdad la trasladan a la Conselleria pertinente para que tengan conocimiento de ello.

Precisamente sobre esto ha hablado el director del curso, el profesor de Derecho del Trabajo de la UA, David Montoya, quien  ha aconsejado incluir medidas contra el acoso laboral dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales.

Montoya ha considerado necesario “habilitar mecanismos internos en las empresas para que exista una tolerancia cero” contra el acoso, ya que “la sensibilización del legislador para dar respuesta al acoso es relativamente reciente” y las medidas que se toman tienen “un enfoque de tipo paliativo”, lo que, a su juicio, ofrece “soluciones no del todo satisfactorias”.

Mejorar estos aspectos sería beneficioso tanto para las víctimas como para las propias empresas, pues, según ha explicado, el trabajador acosado solo suele denunciar una vez ha tenido que coger la baja laboral y las multas por daños y perjuicios contra las compañías pueden llegar a alcanzar los 187.000 euros, una cantidad que puede obligar a su cierre.

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