Polétika presenta el informe «Paso atrás en la legislatura del cambio»

Polétika presenta el informe «Paso atrás en la legislatura del cambio»

Los Presupuestos Generales del Estado muestran un paso atrás en la lucha contra la desigualdad en esta legislatura.

El informe alerta de que la paralización gubernamental y parlamentaria frena las políticas para reducir la desigualdad.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de rentas mínimas y la Ley Mordaza han sufrido las tácticas de bloqueo desplegadas en el Congreso y tampoco llegan los 200 millones comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Polétika, la red de más de 500 organizaciones de la sociedad civil enfocadas a vigilar las iniciativas y compromisos adquiridos por los partidos políticos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, observa con máxima preocupación la falta de voluntad en la asignación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE 2018) para las políticas de reducción de desigualdades en lo que va de legislatura.

El informe Paso atrás en la legislatura del cambio alerta de que sin un urgente cambio de actitud por parte de los partidos políticos y el Gobierno, traducido en acuerdos legislativos y presupuestarios ambiciosos, se comienza a correr el riesgo de dar esta XII Legislatura por perdida.

El bloqueo está comenzando a afectar incluso a los pasos positivos que se habían dado al comienzo de la legislatura y que podrían acabar dejando en papel mojado medidas clave para el bienestar de todas las personas. Así lo han podido constatar las organizaciones de Polétika tras su análisis de las más de 700 iniciativas parlamentarias tramitadas en casi dos años de legislatura.

Anuncios como la Ley de Cambio Climático,  la Ley Integral para Erradicar la violencia contra la infancia  o la regulación de los lobbies en España, que desde Polétika se valoraron de forma muy positiva, están estancadas a día de hoy. No conocemos los avances que se están produciendo o incluso si los hay en otras áreas cruciales como el incumplimiento del Gobierno de la cuota de reubicación en España de personas refugiadas en España con tan sólo un 14,5% del compromiso.

Otras medidas que sí han llegado a aprobarse, como el Pacto de Estado contra la violencia de Género o la creación de una comisión no legislativa de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, están funcionando a medio gas al no ir acompañadas de un presupuesto que permita hacer efectivas sus propuestas.

La derogación de la Ley Mordaza finalmente ha superado un bloqueo de más de 10 meses, pero ha vuelto a ver dilatada su tramitación tras recibir cientos de enmiendas las dos propuestas diferentes que fueron registradas. Asimismo, la Iniciativa Legislativa Popular que contempla una prestación a familias con bajos ingresos sin derecho a subsidio por desempleo superó el bloqueo de la Mesa del Congreso para quedarse atascada parlamentariamente, a pesar de que podría ayudar a 1,8 millones de familias en España. Asimismo, a pesar de que existe una mayoría parlamentaria a favor de garantizar la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país, limitada desde 2012, el Ejecutivo ha vetado cualquier reforma en este sentido.

Esta tendencia de parálisis y ralentización podría haber sido revertida en parte con unos Presupuestos Generales del Estado que apostasen por hacer llegar el crecimiento de los últimos cinco años a todas las capas de la sociedad. Sin embargo, las cuentas públicas de 2018 vuelven a ser una oportunidad perdida y mantienen secuestrado cualquier impacto positivo en la lucha contra la desigualdad.

Polétika es una red de más de 500 organizaciones sociales que vigila y da seguimiento a qué es lo que está haciendo cada partido en el Congreso para acabar contra la pobreza y la desigualdad. Analizamos sus compromisos públicos y exigimos su cumplimiento sobre cambio climático, protección social, infancia, conflictos internacionales, fiscalidad, salarios, género, sanidad, desarrollo, educación, ciudadanía y transparencia.

Forman parte de Polétika organizaciones como Greenpeace, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Access Info Europe, Inspiraction, CIECODE, así como la Plataforma de Infancia, Salud por Derecho, Nuevo Modelo Energético y la Coordinadora de ONGS.

Principales conclusiones del análisis por temáticas:

Paso atrás en la legislatura del cambio

Tras 18 meses de Gobierno y casi 2 años desde que comenzara la XII Legislatura, las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, dentro y fuera de nuestras fronteras, siguen atascadas en procesos parlamentarios bloqueados o ralentizados por falta de acuerdos. Sin un urgente cambio de actitud de partidos políticos y Gobierno, que pueda traducirse en acuerdos legislativos y presupuestarios ambiciosos, estaremos en riesgo de dar por perdida esta Legislatura.

Polétika es una plataforma dedicada al seguimiento y análisis de compromisos electorales y actividad parlamentaria que aglutina a más de 500 organizaciones y movimientos sociales en España. En la campaña electoral de 2015 iniciamos el seguimiento de los compromisos adquiridos públicamente por las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria en 11 temas fundamentales para reducir la desigualdad: infancia, género, conflictos internacionales sanidad, educación, cooperación al desarrollo, transparencia, cambio climático, fiscalidad y protección social. Desde el inicio de esta Legislatura, hemos analizado más de 700 iniciativas parlamentarias y otras tantas del Gobierno, y hemos comprobado cuántas propuestas ha hecho cada grupo político y cuál es el nivel de cumplimiento de sus promesas electorales. En Polétika creemos en una ciudadanía activa y que da seguimiento a los procesos de toma de decisión, es capaz de influir en políticas dirigidas a lograr una mayor igualdad de oportunidades, y una menor desigualdad y pobreza.

Avances a destacar y retrocesos a lamentar

En estos casi dos años de Legislatura resaltan avances significativos en algunos de los temas analizados por Polétika. Entre ellos, el cumplimiento del 95% de la cuota comprometida de reasentamiento en España de refugiados sirios desde otros países de Oriente Medio; la aprobación de determinadas modificaciones en la Ley de contratos públicos que evitan que las subcontratas bajen salarios para ganar concursos públicos o el pacto para alcanzar prácticamente los 1.000 euros de sueldo mínimo en 2020. El desbloqueo del proceso de derogación de la Ley Mordaza ha sido celebrado por Polétika, que espera avances sustantivos en los meses próximos, de cara a agilizar el trámite de unificación de las actuales propuestas.

Sin embargo, hace unos meses publicamos un informe recapitulando los avances logrados tras un año de Gobierno y es de lamentar que algunas de las iniciativas positivas allí resaltadas han quedando, 8 meses después, en papel mojado por falta de avances o presupuesto. La muy anunciada Ley de Cambio Climático no es aún una realidad; o, a pesar de los compromisos de todos los partidos, aún no contamos con una Ley para erradicar la Violencia contra la Infancia, ni se han regulado los lobbies.

Además, en este nuevo análisis rse recoge cómo, en otras áreas cruciales, se han dado nulos avances o incluso retrocesos. Por ejemplo, el incumplimiento del Gobierno de la cuota de reubicación en España de personas refugiadas desde otros países de la Unión Europea, con tan solo un 14,5% del compromiso logrado; o que la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos demandando una nueva prestación para familias sin ingresos siga atascada en el parlamento sin que se dé el debate necesario de cómo mejorar nuestro sistema de rentas mínimas para reducir la pobreza. Sorprende negativamente que no se haya dado ninguna iniciativa sobre participación ciudadana en la toma de decisiones.

Los Presupuestos Generales del Estado son uno de los momentos políticos más relevantes porque sintetizan mejor que ninguna otra herramienta las prioridades políticas del Gobierno y determinan el impacto real de las propuestas políticas realizadas. En 2018 los Presupuestos Generales del Estado van camino de convertirse en una oportunidad perdida para hacer llegar el crecimiento económico de los últimos 5 años a todas las capas de la sociedad, poniendo a las personas más vulnerables en el centro de las decisiones políticas.  Avances como el Pacto de Estado contra la violencia de género o la creación de una Comisión no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia pierden capacidad de impacto si no vienen acompañados de presupuesto para implementar las propuestas.

Por último y entendiendo que el acuerdo internacional contemplado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas es una oportunidad para avanzar hacia el modelo de sociedad más justa, igualitaria y sostenible que persigue Polétika, valoramos positivamente la decisión adoptada por el Gobierno de someter sus avances en la implementación de esta nueva agenda al examen de Naciones Unidas de julio de 2018. Sin embargo, desde Polétika destacamos la importancia de seguir trabajando la implementación de la Agenda 2030 más allá de la superación de dicho examen, y demandamos la construcción participativa de una Estrategia de Desarrollo Sostenible con políticas transformadoras y recursos suficientes, que cuente con el consenso de actores sociales, económicos y políticos.

Avance en salario mínimo, pero mucho por hacer en precariedad laboral

La temporalidad, la precariedad, los bajos salarios o la brecha salarial de género, copan telediarios y debates parlamentarios. Sin embargo, cabe destacar el acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno para subir el SMI a prácticamente 1.000 euros en 2020, aunque la legislatura sigue pasando sin mayores cambios en las relaciones laborales.

Presupuesto insuficiente para un Pacto de Estado contra la violencia de género con impacto

En esta legislatura se ha aprobado el Pacto de Estado contra la violencia de género, cuya primera condición adoptada en el Pleno del Congreso es contar con un presupuesto suficiente para su puesta en marcha. La propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2018, presentada a principios de abril, incumple los compromisos adquiridos y pone en riesgo la aplicación de las medidas aprobadas.

Respecto a las medidas necesarias para una organización social de los cuidados corresponsable entre hombres, mujeres e instituciones (tema medular para avanzar hacia la igualdad de género y el ejercicio real de los derechos humanos de las mujeres) hay pequeñas iniciativas pero aún sin impactos significativos.

En relación a la necesidad de restablecer una estructura de igualdad para impulsar, viabilizar y coordinar la implementación de políticas públicas transformadoras de la desigualdad de género, se mantiene el olvido y la nula prioridad, tanto desde el Gobierno como desde la mayor parte de grupos parlamentarios.

El Gobierno necesita mejorar mucho si quiere contribuir en la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad en el mundo

A pesar de los compromisos internacionales y de las demandas de la sociedad civil y del Parlamento, el Gobierno sigue sin dar pasos decisivos para recuperar la política de cooperación como elemento central del papel que debe jugar nuestro país en la solución de los retos globales. PSOE y UP van en línea con sus compromisos electorales, mientras que Cs y PP han avanzado respecto a sus programas. Todos han apoyado avanzar en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y recuperar la cooperación llegando al 0,4% en la legislatura, pero por el momento estas posiciones no se están concretando en los presupuestos.

Oportunidad perdida para convertir nuestras rentas mínimas en un verdadero sistema de garantía de renta 

Polétika demanda un esfuerzo desde el Estado para lograr un suelo común para el conjunto de las rentas mínimas y para que el sistema de protección social llegue a todos los hogares sin ingresos. Lamentablemente, esta está siendo la legislatura perdida para reformarlo gracias al bloqueo del PP y la complicidad de Cs.

Indicios de mejora en la agenda humanitaria pero aún lejos de un compromiso real

A pesar de las incesantes y crecientes necesidades humanitarias, esta agenda sigue sin estar entre las prioridades del Gobierno tras casi dos años de legislatura. El Ejecutivo ha mostrado un tibio compromiso con algunas cuestiones concretas como el aumento de la ayuda humanitaria, pero en general la falta de voluntad política ha sido la tónica general, siendo la venta de armas el caso más flagrante. Mientras, el Congreso ha mantenido una actividad parlamentaria activa velando por el cumplimiento de sus compromisos  en materia de presupuesto humanitario, control y transparencia del comercio de armas y cumplimiento de la cuota de refugiados.

La infancia gana presencia en el debate político, pero está lejos de ser una prioridad a nivel legislativo y presupuestario.

La actual legislatura ha dejado constancia del interés de todos los grupos parlamentarios por la infancia reflejado a través de diversas Propuestas No de Ley. Sin embargo, no ha habido avances ni en cuanto a presupuestos ni propuestas vinculantes que mejoren la situación de la infancia en España. Iniciativas positivas desde la perspectiva de Poletika como la Ley para erradicar la violencia contra la infancia, el aumento de la prestación por hijo a cargo o el pacto de estado por la inversión en infancia están lejos de hacerse efectivas.

La calidad democrática basada en la transparencia, la participación ciudadana y las libertades siguen siendo una asignatura a mejorar

Casi dos años después del inicio de la XII legislatura, hay abiertos en el Congreso dos debates que contemplan mejoras importantes en materia de transparencia y derecho de acceso a la información: la regulación de la actividad de los lobbies y grupos de interés en el Congreso de los Diputados y la reforma de la Ley de Transparencia. Sin embargo, a lo largo de este periodo legislativo los grupos parlamentarios no han avanzado nada en incorporar mecanismos reales de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Con respecto a los derechos y libertades democráticas, la anunciada derogación de la actual Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (conocida como “Ley Mordaza”), ha sufrido un dilatado bloqueo parlamentario de casi un año. Una vez reabierto el trámite se encuentra aún lejos de concluir.

El cambio climático y la transición energética siguen en la sala de espera

El Gobierno no está a la altura de la urgencia climática a la que se enfrenta nuestro país. Las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido en el Estado español en 2017 debido principalmente al aumento del uso del carbón pero el Gobierno aún no tiene planes para su abandono progresivo. La lucha contra el cambio climático no está entre sus prioridades y el presupuesto destinado a medio ambiente se ha reducido en un 56,5% desde 2008. En sus casi dos años de legislatura apenas se ha instalado nueva potencia renovable y la prometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética no termina de llegar.

El Gobierno frustra las esperanzas de una Sanidad Universal

A pesar de la existencia de una mayoría parlamentaria a favor de garantizar una sanidad universal para todas las personas que viven en España, el Ejecutivo ha utilizado su prerrogativa de veto para impedir cualquier reforma que revierta los efectos del Real Decreto-Ley 16/2012.

En lo que respecta a la política del medicamento, a pesar de una iniciativa positiva a principios de legislatura, el Gobierno sigue evitando mejorar la transparencia y avanzar hacia un sistema de fijación de precios justo y equitativo para revertir el actual sistema de acceso a los medicamentos.

Sin acortar la brecha fiscal, sin recuperar progresividad: la asignatura pendiente del sistema fiscal español

El Gobierno participa activamente en los ámbitos internacionales de reformas del sistema fiscal internacional, sin mostrar liderazgo ni ambición en el calado de las reformas. De la sequía de reformas legislativas tan sólo destaca el compromiso de revisar la lista de paraísos fiscales antes de fin de año.

Una vez más, incapacidad de las fuerzas políticas para sacar adelante un Pacto de Estado.

A pesar de la creación de la subcomisión de trabajo por el Pacto de estado y que las reválidas ya no sean condición sine qua non para titular de ESO y Bachillerato, discrepancias en cuestiones fundamentales como la financiación o el procedimiento de elaboración del texto, nos alejan de un pacto entre las fuerzas políticas para la aprobación de una ley estable, duradera, consensuada y que promueva la equidad.

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