“Cuando un maltratador asesina a su hijo en un caso ya institucionalizado, la culpa no es solo del padre”

“Cuando un maltratador asesina a su hijo en un caso ya institucionalizado, la culpa no es solo del padre”

 

El silencio de los niños, un silencio que la sociedad no quiere escuchar.

La responsabilidad de la sociedad y la formación de profesionales sociales y judiciales como herramientas para acabar con el terrorismo machista.
Quien Maltrata No Cuida, una campaña que denuncia la doble violencia, de género e institucional, que sufren los menores obligados a vivir con un padre violento.

Fotografía de Marta Morales

“Cuando se produce el asesinato de un niño sin que haya habido intervención de las instituciones, la culpa es del padre; cuando ha intervenido un equipo profesional y jurídico dejando al niño en manos su maltratador, ha habido cómplices”. En estos términos se expresaba ayer Patricia Fernández, escritora, activista y presidenta de la asociación Avanza sin miedo, en el debate sobre la custodia compartida en casos de violencia de género impulsado por Volando Vengo Transformación Social y los cines GOLEM.

En este encuentro, enmarcado dentro de la campaña Quien Maltrata No Cuida, resonaron las voces de profesionales como Ana María Pérez del Campo, activista y diplomada en derecho matrimonial y fundadora del CARRMM, Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Fiscalía General del Estado, Patricia Fernández, Juan Pedro Caravaca, suboficial jefe de la policía local de Alcobendas, miembro del Grupo Luna, y Cristina Mateos, doctora especialista en violencia de género.

El coloquio giró, principalmente, en torno a dos ejes: la irresponsabilidad de permitir que un maltratador pueda seguir ejerciendo supuestos cuidados como padre y la necesidad de formación y sensibilización de los profesionales relacionados con la infancia en general, y en particular en contextos de violencia de género; desde la prevención y la identificación, hasta la judicialización y las medidas de control social y protección.

En este contexto, Ana María Pérez del Campo abría el debate incidiendo en que “los niños tienen que ser escuchados” en todo proceso judicial. Afirmación que Teresa Peramato reforzó al manifestar que los menores deben tener la posibilidad de hablar y expresarse en entornos amigables con profesionales formados o dándoles la posibilidad de hablar con familiares o personas de su confianza, cuyos testimonios se tengan en cuenta. También manifestó la importancia de recurrir a medios humanos especializados como los equipos de valoración psicosocial, o medios tecnológicos como las cámaras Gesell.

En esta misma línea, la fiscal explicó cómo los niños y niñas son instrumentalizados y utilizados como medios de maltrato por parte de sus padres, ya sea para ejercer daño directo al menor o usándolo para coaccionar a la madre.

La fundadora del CARRM recordó los 13 asesinatos de menores a manos de sus padres durante el pasado año. En estos casos, “el maltratador no ve un hijo, ve una víctima, una forma de hacer daño a la mujer y seguir maltratándola”, perpetuando así la violencia y su herencia entre generaciones. “Sólo cuidando a nuestra infancia podremos hacer que este cáncer social, este terrorismo machista, desaparezca”, finalizó.

La implicación de la sociedad

Los distintos puntos de vista de los ponentes de la mesa se aunaron al interpelar a la responsabilidad de toda la sociedad para atajar la problemática. “Parémonos a pensar en cuál es la responsabilidad de una sociedad que permanece muda, que se estremece al ver películas como Custodia Compartida pero no hace nada. Si sigue habiendo violencia es porque el sistema lo consiente: matan porque pueden, porque se les permite”, sentenciaba la especialista Pérez del Campo.

Por su parte, Juan Pedro Caravaca señaló la importancia de acudir a la policía y denunciar, al mismo tiempo que reconocía que la denuncia por sí sola se queda corta; “pero abre un camino en el que intervienen un equipo de profesionales formados que pueden acercar la solución al problema”. Sin embargo, advirtió: “la policía sola no puede, tiene que haber un paso delante de toda la sociedad”. Por esta vía, insistía, “poco a poco podremos ir venciendo esta lacra”.

El papel de los profesionales

“Podemos tener las mejores leyes del universo, pero las mujeres y sus hijos siguen padeciendo. Hace falta un cambio en la madurez de los profesionales”, afirmaba rotundamente la presidenta de Avanza sin miedo.

“Nos falta formación -admitía Peramato- “es necesario ir más allá. Jueces y fiscales no somos psicólogos, necesitamos a profesionales instruidos específicamente en violencia de género y maltrato infantil apoyándonos”.

La violencia oculta y las cifras oficiales

Tras las intervenciones, tuvo lugar un avivado debate en el que la audiencia manifestó su malestar con la actuación de las instituciones tanto en los casos de custodia compartida como en los de violencia de género en general.

Se mencionaron sucesos concretos de mujeres, que tras haber interpuesto denuncias a sus maltratadores, han sido asesinadas delante de sus propios hijos. Además se cuestionó que las cifras oficiales sean un reflejo de la realidad. Según Peramato, en nuestro país “solo llega a los juzgados el 28% de la violencia machista, el 65% está oculta”. Para ella, esa violencia oculta es, con mayor proporción, “la que termina en asesinatos”.
Además, puntualizó, que se trata de una violencia silenciada y normalizada hasta por las propias familias ya que “solo el 2% de las denuncias procede de familiares”.

Un debate incómodo tanto para los y las profesionales de la mesa como para el público, tanto para las instituciones como para la sociedad en general; al ser interpelados por una realidad desgarradora que nos sitúa como cómplices directos de la violencia machista.

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