¿Prisión permanente revisable?

¿Prisión permanente revisable?

 

Rocío Sampere Meneses, Vocal de la Comisión de Igualdad del ICPM.

 

El debate está en la mesa, si o no a la penal de prisión permanente revisable. El asesinato del niño Gabriel ha reavivado las voces.

La prisión permanente revisable es, desde el año 2015, la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español. Antes el Código Penal establecía, según la gravedad del delito, penas que no podían superar los 25, 30 o 40 años.

Es una pena de privación de libertad que se aplica para supuestos de asesinato en los que concurran circunstancias específicas, como que la victima sea un menor, se atente a la libertad sexual y otros.

En principio tiene un tiempo indefinido, y cuando se ha cumplido entre 25 y 35 años se revisa por el Tribunal cada dos años, o a petición del reo.

Los que están en contra de esta pena alegan el Art. 25.2 de la Constitución que establece que esta sanción está orientada hacia la reeducación y la reinserción social y temen que esta consecuencia no consiga su finalidad si el tiempo de privación de libertad se perpetúa en el tiempo. Son quienes dicen que se está mezclando el debate del castigo y la prevención equivocando a los ciudadanos,

Los que están a favor de esta máxima penan alegan que es un buen mecanismo de control social, que garantiza la paz, cuando el reo, examinado por los especialistas, no tiene capacidad para reinsertarse, aquí en España se aplicó en el caso de David Oubel que degolló a sus dos hijos de 4 y 9 años. La brutalidad era extrema. Ante este caso nos argumentan que los asesinos de menores dan a la sociedad el impulso para estos planteamientos, el dolor de unos padres, quizás, dicen empañan una reflexión serena.

Quizás para llegar a alguna conclusión debemos preguntarnos: ¿Que bien jurídico hay que proteger? Sin duda el interés general, y para ampararle yo entiendo que es necesario abordar la función preventiva del derecho. Con los temas candentes de los asesinatos de menores, la sociedad también se está pronunciando, y en concreto los ciudadanos parece demandar garantías y una vida pacifica, sin tener que recibir propaganda de cómo evitar raptos de sus hijos, o la necesidad de recibir clases de defensa personal contra agresores sexuales. No quieren convivir aceptando esta dura realidad.

En mis tiempos de estudiante se nos enseñaba que la pena tiene una principal misión, que el reo cumpla con la sociedad y que esta se encuentre en el deber de aceptarle porque el perdón ha de ser concedido cuando ya se ha pagado el precio por una mala conducta; lo que sucede es que hay otra variable que el Estado ha de observar, antes de exigir a la Sociedad que readmita a quien asesinó con estos agravantes, y es mirar al futuro, quizás con los datos del pasado. Es la función preventiva. ¿Dejar a alguien en la calle aún a sabiendas de que no está rehabilitado? ¿Ni tan siquiera arrepentido?

Se abre un duro debate, y esa función preventiva del derecho nos hace albergar dudas ¿Los violadores se reinsertan? Tenemos casos como el Violador de la Paz, o el del ascensor que nos hacen creer que no.

Es un agrio debate, porque reconocer la necesidad de estas penas máximas es reconocer que hay situaciones no deseadas que no se pueden combatir, es entender que el sistema punitivo que tiene como fin la reinserción decae ante la propia naturaleza humana.

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