La violencia sexual pide paso en la agenda feminista

La violencia sexual pide paso en la agenda feminista

Que 9 millones de mujeres en la EU hayan sido objeto de agresiones sexuales en un periodo de 12 meses anterior a la encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2014 no puede ser un dato que pase desapercibido.

Esta encuesta también nos ha revelado que el 18 % de las mujeres europeas han sido objeto de acoso a partir de los 15 años de edad.

Si analizamos pormenorizadamente los datos de la encuesta europea podemos desvelar que España se sitúa a la cola de Europa en denuncias por violación. ¿Se han preguntado cómo influye en la interposición de denuncia el hecho de que las victimas sepan que se exponen sin ningún tipo de amparo, a un linchamiento y cuestionamiento estereotipado de su comportamiento social?

Sabemos que hay más denuncias en países con mayor intolerancia a la violencia sexual y con mejores niveles de igualdad de género. Por eso, saber que estamos en el furgón de cola en el número de este tipo de delitos registrados ante la policía nos un dato.

La tasa de denuncias de violaciones es 2,65 casos por cada 100.000 habitantes en España frente a la de Suecia que es de casi 57 por cada 100.000 habitantes. Si hablamos de agresiones sexuales, el índice en Suecia es seis veces mayor que en España.

La indignación social que nos provocan determinados tratamientos mediáticos o judiciales deben ser la espoleta  para mover conciencias,

La encuesta europea, apunta la necesidad de conocer aspectos relacionados con la denuncia de estos abusos, y las razones por los que las mujeres no denuncian éstos delitos, quizás por esa consiente (aunque no lo tenga documentado) de que las victimas se exponen sin ningún tipo de amparo, a un linchamiento y cuestionamiento estereotipado de su comportamiento privado y social.

Necesitamos obtener información suficiente de las características de las agresiones y la respuesta social y jurídica para adecuar el marco legal regulador.

El Plan Estadística Nacional debe dejar de estar de espaldas a datos relacionados con la violencia sexual para poner a disposición de la sociedad los datos que reflejan esta realidad, para facilitar que conozcamos la evolución y tendencias y para que dichas informaciones favorezcan la toma de conciencia frente al problema. La estadística es una forma de ayudar a las administraciones en la planificación de una respuesta, adecuada y adaptada.

Es urgente que el CGPJ abra un nuevo epígrafe en sus informes  que identifique  el número de denuncias, el sentido de las sentencias, y otros indicadores de interés.

Si hubiese que priorizar medidas me gustaría llamar la atención sobre la necesidad imperiosa de realizar, en colaboración con el CGPJ y organizaciones de juristas, una investigación sobre la respuesta de la administración de justicia ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otras agresiones sexuales.

Han sido este tipo de trabajo los que han ido desvelando a lo largo de los años qué practicas judiciales actúan de manera estereotipada y por tanto injusta. Cuando la judicatura española utiliza una serie de mitos sobre cuál debe ser la conducta de una mujer frente a una violación colabora en el minado de la credibilidad de los relatos de las mujeres y juzga desde los estereotipos de género.

En estos días, hemos reclamado un estudio que nos permita conocer la interpretación que la justicia está haciendo sobre los delitos sexuales porque es a través del análisis de las sentencias que podemos conocer si existe un trato discriminatorio que no aparezca asignado a ningún precepto explícito.

«desconocemos la respuesta de la administración de Justicia a las agre siones sexuales y no podemos probar qué agravantes o atenuantes funcionan a beneficio de los violadores y por supuesto no se ha analizado que prejuicios y estereotipos sexistas resultan favorables a los agresores.

No sería nada nuevo. Bajo el título “La mujer en la administración de justicia” se llevó a cabo, a finales de los 80, y bajo el auspicio del Instituto de la Mujer una investigación que permitió desvelar un tratamiento discriminatorio en los casos de parricidio donde se identificó que, en todos los casos, cuando el autor de los hechos era un varón se presentaban alusiones no probadas respecto de la conducta sexual y social de la víctima al efecto de reducir la culpabilidad del acusado.

Esto lo estamos viendo cada día en los delitos de tipo sexual, pero aquella investigación probó la discriminación sexual en la apreciación de los jueces que de manera sistemática utilizaron las agravantes y atenuantes como factores discriminatorios de la responsabilidad criminal siempre a beneficio de los varones.

Otro trabajo que abrió la puerta a reformas incluidas en la posteriormente en Ley 1/2004 vino de la mano de la investigación de la asociación de mujeres Juristas Themis que en 1999 analizó miles de procedimientos penales y civiles relacionados con la violencia de género en el ámbito de la pareja, para demostrar con pruebas fehacientes, que la mayoría de las agresiones denunciadas eran enjuiciadas como infracción leve o archivadas, a pesar de que existían agresiones graves.

Pues bien, desconocemos la respuesta de la administración de Justicia a las agresiones sexuales y no podemos probar qué agravantes o atenuantes funcionan a beneficio de los violadores y por supuesto no se ha analizado que prejuicios y estereotipos sexistas resultan favorables a los agresores. Sabemos que existen porque cada vez que tenemos un “caso mediático”, se pone en evidencia, pero necesitamos desentrañarlo y mostrarlo.

Desconocemos por completo que papel está jugando el juzgador como variable intermedia entre los hechos reales y la sentencia. Como indicaron en su día las autoras del trabajo Las mujeres ante la administración de Justicia, “los jueces son también seres sociales que tienen los mismos mecanismos psicológicos que los ciudadanos medios”, por eso conocer el estereotipo, las actitudes, las motivaciones, o prejuicios que aparecen en el discurso jurídico y que influyen en el resultado final de la sentencia es esencial.

Conocer estas cuestiones allanará el camino de las reformas que en materia de agresiones sexuales serán precisas para  equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio y dar la respuesta que nos reclama el Convenio de Estambul.

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