La custodia compartida impuesta, perjudicial para mujeres e infancia

La custodia compartida impuesta, perjudicial para mujeres e infancia

 

La noticia no ha tenido una difusión especialmente amplia. Parece que los medios de comunicación han intentado acallarla, ¿será su objetivo ocultarlo a los colectivos y organizaciones feministas? Pero eso no significa que no haya pasado. La semana pasada, el Congreso apoyó la moción de Ciudadanos, por la que instaba al Gobierno a realizar las modificaciones oportunas para que la custodia compartida sea la modalidad preferente. Es decir, para que el Código Civil y las leyes correspondientes den luz verde a la custodia compartida impuesta.

Una petición que no obedece a ninguna necesidad real de la sociedad y que, lejos de beneficiar, perjudica a la infancia, que son quienes realmente sufrirán este régimen impuesto.

En Mujeres para la Salud estamos constatando que la custodia compartida impuesta es perjudicial para los/as hijos/as y representa una forma más de violencia hacia las mujeres. La custodia compartida implica un régimen de convivencia muy complejo que, cuando se realiza sin acuerdo ni consentimiento entre ambas partes, es decir, de forma obligatoria o impuesta, tiene graves consecuencias sobre la infancia y sobre las mujeres.

¿Qué características debe cumplir una pareja para que la custodia compartida sea beneficiosa?

En realidad, en los casos en que la pareja se puede poner de acuerdo para ejercer una custodia compartida es una opción con grandes ventajas para sus hijas e hijos. Sin embargo, son muy pocas las parejas que reúnen las características adecuadas para compartir los cuidados y la educación de sus hijas/os.

Entre estas características, destacan en primer e importante lugar el que no haya existido violencia de género durante la relación, que ambas partes, padre y madre, deseen ejercer la custodia compartida y hayan participado equitativamente y, desde el principio, en los cuidados y posean las habilidades necesarias para continuar realizando dicha tarea por separado. Los recursos económicos, las características y situación de las viviendas, el consenso en pautas y normas de crianza y educativas y la madurez emocional y afectiva son otros de estos requisitos.

¿Qué sucede cuando la custodia compartida se realiza sin mutuo acuerdo?

Sin embargo, la mayoría de las parejas separadas no cumplen los requisitos adecuados para llevar a cabo este régimen de convivencia tan complejo. Para empezar, el consenso rara vez se produce. Imponer la custodia compartida en contra de la voluntad de las madres acarrea graves efectos sobre la salud de las y los menores y de las mujeres.

Cuando las vías judiciales obligan a la custodia compartida, afecta a las pautas de crianza, agudiza los enfrentamientos entre las partes de la expareja y dificulta su disponibilidad emocional para sus hijas/os. Además, las hostilidades entre la expareja afectan directamente a los acuerdos necesarios para la crianza, con la consiguiente aparición de mensajes contradictorios y educaciones dispares que provoca graves traumas a corto y largo plazo en la infancia y repercusiones negativas en su desarrollo emocional, social, cognitivo y académico.

Como consecuencia de la custodia compartida impuesta, niñas y niños pueden presentar problemas de socialización, síntomas depresivos o agresivos, miedos, alteraciones del sueño, síntomas regresivos (actuando como si fuesen menores de la edad que tienen), problemas de integración en la escuela, síntomas de estrés prostraumático, asumir roles parentales y protectores hacia hermanos y/o hermanas menores y hacia la madre o respuestas emocionales y de comportamiento tales como rabia, cambios repentinos de humor, ansiedad, sentimientos de culpa, negación, dificultad en la expresión y el manejo de las emociones…

Además, tras una separación conflictiva de pareja algunas mujeres pueden presentar síntomas de depresión y baja autoestima. En el Espacio de Salud Entre Nosotras, el centro terapéutico dedicado a mujeres de la Asociación de Mujeres para la Salud, están especializadas en el trabajo con estas mujeres y han catalogado esta depresión como un Síndrome de Género por separación de pareja dentro de su Psicoterapia de Equidad Feminista. Después de más de 30 años trabajando con mujeres que atraviesan separaciones de pareja especialmente conflictivas, han constatado que los problemas más comunes que suele tener una mujer en su proceso de separación se centran en la pérdida de la autoestima, un fuerte sentimiento de fracaso personal, falta de autonomía y una dependencia emocional generalizada que la hace especialmente vulnerable a vivir la sociedad de manera negativa. Además, suele tener un déficit de asertividad que le dificulta mucho la desvinculación de su expareja, especialmente cuando éste es y ha sido abusivo con ella.

Esta situación se agrava cuando además de esta dificultosa separación se impone una custodia compartida obligatoria, que hace que la mujer vea mermada su seguridad y su asertividad para ejercer las tareas educativas de sus hijas e hijos. Ante la custodia compartida obligada, ella vive en un conflicto permanente con su expareja, por lo que aumenta el riesgo de que presente síntomas de estrés postraumático y tendrá, muy probablemente, una peor calidad en las relaciones con sus criaturas.

La custodia compartida impuesta y la violencia de género en la pareja

Los colectivos feministas, además, tenemos una especial preocupación por los casos de custodia compartida obligatoria en las parejas en las que ha habido violencia de género. Si bien es cierto que la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004 prohíbe expresamente que se aplique la custodia compartida en estos supuestos, también es cierto que para acreditar los malos tratos se exige una sentencia, cosa que no está al alcance de cualquier mujer que sufra violencia.

De hecho, más del 60% de los casos de violencia de género no se denuncian, un 30% de las mujeres no quiere ratificar la denuncia o se acogen a su derecho a no declarar, e incluso hay muchos casos de violencia muy difíciles de probar, como es el caso de la violencia psicológica. Un amplio abanico de impunidad que entraría en los casos en los que se impondría la custodia compartida, con los consiguientes efectos perjudiciales tanto para la infancia como para las mujeres afectadas.

La supuesta defensa de la igualdad

Ciudadanos y los colectivos neomachistas que defienden la custodia compartida obligatoria basan sus argumentos en una supuesta defensa de la igualdad entre la madre y el padre en el momento de la ruptura. Pero la realidad es bien distinta.

Porque ¿por qué estas nuevas corrientes supuestamente igualitarias se centran en el momento de la separación familiar, olvidando por completo las luchas pertinentes por lograr una igualdad real desde el principio de la convivencia de la pareja, incluso antes de tener hijas o hijos? La realidad es que es sobre la mujer sobre la que recaen las responsabilidades de la crianza de las/os hijas/os, es ella quien toma la reducción de jornada y las bajas laborales, es ella quien lleva el todo el peso de los cuidados, quien renuncia a promocionar en su carrera laboral o deja de trabajar por los cuidados. Hechos todos ellos demostrables, ¿quién discute hoy que la brecha salarial y el techo de cristal sean falsos?

En definitiva, los colectivos de defensa de la custodia compartida impuesta no reconocen que no se puede tratar de igual manera dos situaciones que tienen profundas diferencias de partida, como es el caso de la ruptura matrimonial, en la que las partes tienen grandes desigualdades de origen en términos de posición económica y social, y en la atención y cuidados de los y las menores.

La custodia compartida debe ser una medida excepcional. Sin embargo, como manifiesta la Plataforma 7N, de la excepcionalidad se ha hecho una regla, existiendo muchas sentencias actuales que la recogen, en contraste con la suspensión del régimen de visitas a padres violentos que está recogido en la ley pero que en la mayoría de los casos no se produce.

Queda así pues patente el funcionamiento patriarcal de la justicia, y la necesidad de que a jueces, juezas y fiscales encargados/as de los procedimientos de Separaciones y Divorcios y de Violencia de Género se les ofrezca y exija institucionalmente realizar una especialización con perspectiva de género como la que realizan en la Escuela ESEN que les dé los conocimientos y habilidades específicos acerca de estos fenómenos y de sus efectos en la salud integral de las madres, hijos e hijas.

 

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