Defensor del Pueblo actúa de oficio ante estadísticas en Violencia de Género

Defensor del Pueblo actúa de oficio ante estadísticas en Violencia de Género

  • La Institución ha solicitado a dicha delegación que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con el objetivo de conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijas e hijos.

Estos datos fueron avanzados por Tribuna Feminista en un articulo de  la diputada socialista Angeles Alvarez que llevo a cabo la identificación de la secuencia de los últimos 8 años en los informes del CGPJ relativos ala guarda y custodia, visitas y otros relacionados con menores.

El último informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestra que en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento alcanzando casi un 10% y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5% la retirada de la custodia.

Hijos e hijas de víctimas de violencia de género

La Institución lleva años mostrando su preocupación por las y los menores hijos de víctimas de violencia de género. En su opinión, es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos e hijas de estas mujeres para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores. En los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados.

El Defensor del Pueblo mantiene abierta otra actuación a la espera de recibir información sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

La Institución solicitó en 2014 favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Además, comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.

Órdenes de alejamiento

Pasado un año desde la entrada en vigor de la Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, el Defensor del Pueblo también ha preguntado por la eficacia de las medidas de alejamiento.
Según informó la Secretaría de Estado de Seguridad a la Institución la citada instrucción pretendía mejorar la coordinación entre la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la Policía.

Esta misma mañana tras conocer la decision el PSOE  ha emitido una nota en la que agradece al Defensor del Pueblo “que se haya hecho eco de las denuncias del PSOE sobre el aumento de la desprotección de los menores víctimas de violencia de género”


Documentación asociada:

Informe anual 2016. Violencia de genero
Violencia sobre la Mujer – Primer Trimestre 2017

Resoluciones: 
05/12/2016 – Violencia de género. Mejoras técnicas en el sistema de seguimiento por medios telemáticos en los casos de violencia de género

05/12/2016 – Violencia de género. Habilitar sala de espera para la víctima en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

19/11/2014 – Régimen de visitas y comunicaciones de los menores afectados por una situación familiar en la que exista imputación de violencia de género.

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