Primera denuncia contra España ante el Comité contra la Tortura de ONU por no proteger a una víctima de trata

Primera denuncia contra España ante el Comité contra la Tortura de ONU por no proteger a una víctima de trata

 

  • Women’s Link Worldwide presenta hoy, por primera vez, un caso de trata contra España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
  • Se trata del caso de Gladys John, una mujer nigeriana embarazada que fue internada en un CIE y expulsada irregularmente de España al no ser identificada como víctima de trata por las autoridades españolas
  • Según la organización, los funcionarios públicos españoles no cumplieron con su deber de investigar las denuncias que presentó la víctima, lo que les convierte en cómplices de la tortura que sufrió Gladys por parte de la red de trata

Las víctimas de trata en España enfrentan serias dificultades para poder acceder a la justicia y que se protejan sus derechos fundamentales. Según denuncia la organización internacional Women’s Link Worldwide, de forma frecuente las víctimas de trata no son correctamente identificadas, algo que vulnera sus derechos y puede provocar que acaben internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) e, incluso, que sean expulsadas.

La organización presenta hoy ante el Comité contra la Tortura de la ONU el caso de Gladys John una mujer nigeriana víctima de trata en España que en 2010 fue detenida e internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. En el momento de su detención Gladys estaba embarazada, pero en el CIE no recibió la atención médica necesaria para su estado. Gladys solicitó asilo y su petición fue denegada a pesar de que varias organizaciones la identificaron como presunta víctima de trata. Días después, fue expulsada sin garantías, sin analizar el riesgo que corría su vida al ser expulsada a Nigeria y sin avisar previamente a las abogadas de la organización.

Gladys solicitó asilo y su petición fue denegada a pesar de que varias organizaciones la identificaron como presunta víctima de trata. Días después, fue expulsada sin garantías, sin analizar el riesgo que corría su vida al ser expulsada a Nigeria y sin avisar previamente a las abogadas de la organización.

“Las víctimas de trata, precisamente por su condición de víctimas, no deberían terminar nunca en un centro de internamiento. Y, por supuesto, no deberían ser deportadas, sino protegidas. Sin embargo, sabemos que esto sucede de forma constante porque no se las está identificando correctamente, o se prefiere no hacerlo, para poder priorizar el control migratorio sobre la protección de sus derechos”, afirma Teresa Fernández Paredes, abogada de Women’s Link Worldwide.

«Si los funcionarios públicos no tienen en cuenta la denuncia de las víctimas de trata, están siendo cómplices de tortura»

Women’s Link Worldwide señala que ser víctima de trata ya es un acto de tortura en sí mismo porque, según la definición, torturar es infligir dolores o sufrimientos graves a una persona con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o para coaccionarla o intimidarla. «Los funcionarios públicos tienen el deber de investigar y de tomar en cuenta las denuncias de las mujeres sobre la violencia que se ejerce contra ellas, por encima de la persecución del delito o de la situación administrativa de las víctimas. Si no lo hacen, están siendo cómplices de la tortura», afirman.

Denuncian que Gladys fue sometida a tortura por parte de la red de trata y el Estado español no sólo no investigó los actos de tortura denunciados por Gladys ante las autoridades españolas, sino que la encerró en un Centro de Internamiento, donde fue nuevamente víctima de tortura al recibir un trato inhumano y degradante, y la expulsó sin garantías a un país donde podía volver a ser torturada por las autoridades nigerianas y volver a ser víctima de trata (re-trafficking).

“A día de hoy no sabemos si Gladys John está viva o está muerta. El Estado español es el responsable de su desaparición porque ella confió en los funcionarios públicos y el Estado le falló. Este caso demuestra claramente cómo el Estado español no garantiza la protección a las víctimas de trata y las pone en una situación de extrema vulnerabilidad, haciendo que corran peligro sus vidas”, concluye Teresa.

 

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