Balance en el medio rural tras diez años de la Ley de Igualdad

Balance en el medio rural tras diez años de la Ley de Igualdad

 

Hoy miércoles se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Igualdad. Para nosotras, las mujeres rurales de FADEMUR, es una ley histórica por varios motivos, entre ellos por ser la primera que aborda específicamente las políticas públicas que se desarrollan en el mundo rural, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Nos gusta destacar que es una ley pionera y valiente, inclusiva; una ley que marcó las directrices por las que, en los siguientes cuatro años, las mujeres rurales avanzamos más que en todo el período democrático.

Una ley que marcó las directrices por las que, en los siguientes cuatro años, las mujeres rurales avanzamos más que en todo el período democrático

Con la promulgación de la ley de igualdad se puso el foco sobre una situación de invisibilidad y desigualdad desconocida para gran parte de la población española, la de las mujeres rurales, identificando los aspectos básicos sobre los que debían actuar los poderes públicos. Aborda la igualdad de oportunidades con las singularidades que tenemos en el medio rural.

Trata la igualdad en el mercado laboral con nuestros dos grandes retos: la incorporación de las mujeres (promocionando nuevas actividades y reforzando la formación), y, sobre todo, la visibilidad del trabajo desempeñado por las mujeres agricultoras y ganaderas en las explotaciones familiares, mandatando el desarrollo de la figura jurídica de la titularidad compartida para reconocer los mismos derechos por el mismo trabajo.

Y aborda las políticas públicas que se aplican en el medio rural desde la óptica de la igualdad de oportunidades, y por eso apuesta por la participación en los órganos de dirección (en empresas y en asociaciones), por la conciliación y la corresponsabilidad (desarrollando una red de servicios sociales para atender a mayores, menores y dependientes), y por la igualdad de oportunidades digital, afrontando la doble brecha (rural –de acceso- y de género).

Han pasado diez años ya y toca hacer balance. En nuestro caso, resulta agridulce…

Dulce, porque nos puso en el mapa, nos visibilizó, y hoy nadie cuestiona –en público- que todas las políticas públicas tienen que abordar las especificidades del medio rural, que son muchas. Porque posibilitó avances legislativos que nos garantizan la igualdad legal en un sector, el agrario, en el que el trabajo de las mujeres se catalogaba como ayuda, sin derechos. Y porque marca las grandes líneas que hay que abordar para garantizar la igualdad de oportunidades en el mundo rural. La Ley de Igualdad marcó el rumbo a otras dos leyes que contribuyen a afianzar y desarrollar esos pilares sobre los que construir la igualdad de oportunidades: la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural; y la Ley 35/2011, sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.

Posibilitó avances legislativos que nos garantizan la igualdad legal en un sector, el agrario, en el que el trabajo de las mujeres se catalogaba como ayuda, sin derechos

Además, ese foco que puso la Ley de Igualdad sobre la situación de las mujeres rurales ayudó a romper con muchos estereotipos existentes, que nos identificaban como mujeres mayores, tradicionales, sumisas, resignadas… Tiene su explicación: si algo se puso en valor durante muchos años fue nuestra capacidad reproductiva para fijar población en un medio con problemas demográficos, y nuestro papel como reservorio de costumbres y tradiciones, no siempre deseables. La ley de igualdad nos ayudó a alzar la voz para demostrar la pluralidad que existe entre 7 millones de mujeres rurales: mujeres que quieren tener los mismos derechos por el mismo trabajo, que quieren ser protagonistas de su vida, que quieren ocupar puestos de representación, que quieren acceder al mercado laboral, que quieren formarse e informarse… Que quieren, queremos, ni más ni menos de lo que nos corresponde: los mismos derechos y las mismas oportunidades.

La crisis económica ha demostrado que un derecho fundamental, como es la igualdad de oportunidades, puede pasar a segundo plano sin ningún coste

Pero existe la cara B, y es que la crisis económica ha demostrado que un derecho fundamental, como es la igualdad de oportunidades, puede pasar a segundo plano sin ningún coste, apelando al tradicional espíritu de sacrificio de las mujeres, que una vez más debemos renunciar a nuestros derechos en pro del bien común. Como si los derechos de la mitad de la población fuesen un lujo…

Diez años después, sí se ha promulgado una Ley de Titularidad Compartida que es pionera en la UE, pero la desidia y la burocracia de las administraciones hace que sea tremendamente complicado ejercer ese derecho: no se ha desarrollado, apenas se sabe informar y todavía ahora se están empezando a poner en marcha los incentivos que contemplaba, gracias a la voluntad de alguna Comunidad Autónoma comprometida.

Diez años después, está absolutamente parada la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural

Diez años después de realizar múltiples análisis de nuestra situación, contamos con un Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural, que compila todas las medidas existentes de los distintos ministerios, pero no aporta ni nuevas medidas ni incremento presupuestario.

Y diez años después, está absolutamente parada la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que abordaba las oportunidades de formación, de participación, de incorporación al mercado laboral, el desarrollo de los servicios y el acceso a las nuevas tecnologías…

El preámbulo de la Ley de Igualdad dice que “El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente…”. Diez años después podemos completarlo diciendo que “la acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla” garantiza la igualdad legal, pero no la igualdad real.

 

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