La ley de custodia compartida impuesta Valenciana suponía serios perjuicios en menores

La ley de custodia compartida impuesta Valenciana suponía serios perjuicios en menores

La cuestionada Ley de Custodia Compartida de la Comunidad Valenciana, aprobada en 2011 con el gobierno del PP, ha sido anulada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que considera esta ley «inconstitucional por razones competenciales», refiriéndose a que la aplicación de la misma invade competencias del Estado.

Aunque el Tribunal Constitucional había suspendido cautelarmente la ley en el momento en que el Gobierno recurrió, volvió a levantar esta suspensión, con lo que seguía siendo utilizada; con esta sentencia anula totalmente la Ley, que ha sido constantemente respondida y rechazada por asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres. La custodia compartida se imponía como regla general en caso de no haber pacto entre los progenitores, y suponía situaciones graves para casos de violencia de género.

«Una ley que no buscaba el beneficio del niño/a»

Las asociaciones de mujeres reclamaban la derogación de esta por «perniciosa» y tratarse de “violencia institucional añadida”. «Esta una normativa que no ha proporcionado soluciones sino más bien ha aumentado los conflictos y dificultades cuando los progenitores deciden separarse, divorciarse o pedir la nulidad”.

Ángeles Jaime, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, recuerda que «no había competencias para aplicar esta ley, es una invasión directa de las competencias, ya que Valencia no es una comunidad de derecho foral».

Además, ha querido ir al fondo del asunto, señalando que la custodia compartida impuesta es «una estrategia del neomachismo que quiere imponer, a través de los juzgados, un supuesto beneficio para los y las menores que no tiene base científica. Se debe analizar cada caso particularmente para la estabilidad de los niños y niñas, y no imponer la custodia como sistema preferente».

En casos de separaciones con conflicto, Ángeles Jaime apunta a que «se han usado a los menores como rehenes; esta ley era especialmente perniciosa para los niños y niñas».

Por su parte, Yolanda Besteiro, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, considera «fundamental anular esta ley, que es un disparate». Señala también la invasión de competencias de la Comunidad Valenciana y recuerda que «ya existe en derecho civil la regulación de las custodias compartidas; si estas se imponen como preferentes, tienen consecuencias gravísimas para los y las menores».

Besteiro incide en que, para que una custodia compartida sea adecuada, «debe existir un alto grado de cooperación y entendimiento entre progenitores», buscando así la estabilidad máxima de los niños y niñas; por ello, «la custodia compartida impuesta no funciona, y tiene efectos muy perjudiciales en el desarrollo personal de los menores».

Besteiro recuerda que esta materia es «exclusiva del Estado, no de las Comunidades Autónomas» y apunta a que la ley de Aragón siga el mismo camino.

«Es importante señalar que no estamos en contra de las custodias compartidas, sino de que se impongan por norma, sin valorar cada caso particularmente. Ha habido casos de violencia de género, en los que no había denuncia, y se ha impuesto la custodia compartida. Se debe, ante todo, valorar el interés del menor, su estabilidad psicoafectiva y educacional, y nada de esto ocurre con la custodia compartida impuesta».

 

 

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