La Administración del Estado tiene pendiente desarrollar un protocolo de protección y la movilidad entre administraciones

 

  • CSIF denuncia, a propósito del 25, que la Administración del Estado tiene pendiente el protocolo de protección por Violencia de Género y la movilidad entre CC.AA y Ayuntamientos.
  • CSIF valora la iniciativa por el Pacto de Estado promovida en al Congreso de los Diputados y espera que se devuelva este tema a la primera línea del debate político.
  • La Administración General del Estado tiene pendiente desarrollar un protocolo de protección y la movilidad entre administraciones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios celebra la iniciativa aprobada por el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a promover un pacto de Estado en materia de lucha contra la violencia de género, con el voto de todos los partidos, incluido el PP. CSIF considera vital que las diferentes formaciones devuelvan la lucha contra la violencia de género al primer plano del debate social y político, tal y como ocurrió en el pasado, cuando se empezaron a promulgaron normativa y incrementar los recursos a todos los niveles.

Dicho esto, en el ámbito de la Administración General del Estado, ámbito en el que CSIF es sindicato mayoritario, «queda mucho trabajo por hacer», según denuncian. A falta de un mes para que se cumpla la vigencia del II Plan de Igualdad, solo se ha ejecutado un 29% de las medidas, entre las que se encuentran las dirigidas de manera específica contra la violencia de género, tal y como ha constatado CSIF.

En un informe de cumplimiento, facilitado a este sindicato, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reconoce que aún no existe un protocolo de protección específico para las mujeres en este ámbito, ni siquiera es posible la movilidad entre administraciones para empleadas públicas.

CSIF denuncia que el Gobierno, por tanto, tiene pendiente elaborar y difundir un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y tratamiento de situaciones de especial protección que afecten a las empleadas públicas víctimas de violencia de género, en el ámbito de la Administración General del Estado.

Asimismo, está pendiente elaborar un Real Decreto que regule el protocolo de actuación de la Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Por su parte, las Unidades de Igualdad de los diferentes ministerios aún no se han desarrollado reglamentariamente, carecen de recursos y no están coordinadas.

El Gobierno también se comprometió a velar para que el desarrollo de la carrera profesional de las víctimas de violencia de género no se vea afectada por factores relacionados con la movilidad de la víctima o por aquellas licencias, ausencias o permisos que deriven de dichas situaciones, en todo caso se garantizará que dichas circunstancias no conlleven merma retributiva. Pues bien, esto también está pendiente.

MANIFIESTO 25-D

Con motivo de la celebración del próximo 25 de Noviembre (Día Internacional contra esta lacra social), CSIF considera que las Administraciones Públicas deben de estar en la vanguardia para promover este pacto de Estado. El manifiesto de CSIF para este año plantea este decálogo:

1. Recordemos a las víctimas por su nombre no por la cifra, NO SON CIFRAS, SON VIDAS.

2. Empaticemos con las víctimas, PONTE EN SU PIEL.

3. Extendamos el compromiso de CSIF y CEP en nuestro entorno laboral. ALIMENTA EL #COMPROMISO25N.

4.- Reclamemos al nuevo Gobierno un PACTO DE ESTADO Y SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA. DE GÉNERO.

5.- Hagamos una gran coalición, una gran unidad política, sindical y ciudadana, en todos los ámbitos: gobiernos, administración, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación… que eleve el este rechazo social a la categoría máxima, SUMAR NUESTRAS FUERZAS.

6.- Reclamemos que las políticas de igualdad y el valor de la mujer deben ser una pieza fundamental en las PRIORIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS de los diferentes gobiernos, INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTARIA.

7.- Exijamos que se incorporen medidas de sensibilización, detección y protección a las víctimas en el ámbito laboral mediante el desarrollo de los Planes de Igualdad, SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN.

8. Realicemos seguimiento de las víctimas, que nos permita evaluar los resultados de las medidas implantadas, sus derechos no pueden ser invisibilizados, PÉRDIDA DE RETRIBUCIONES, DIFICULTADES PARA CONCILIAR, PÉRDIDA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL.

9. Reclamemos PROTOCOLOS DE MOVILIDAD para empleadas públicas víctimas de violencia de género en el sector público y privado, que garanticen su seguridad y su adaptación a la vida normal y la reserva de un cupo de las plazas de la administración para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género y beneficios fiscales.

10. Asignación suficiente de recursos humanos y materiales a las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, tanto en los equipos de investigación de delitos de violencia de género como en aquellos dedicados a la protección y acompañamiento de las víctimas. Resulta vital, en este sentido, reducir la ratio de mujeres protegidas por policía, que ahora supera las 47 mujeres por agente, según la media nacional.

 

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