Palem pide que se apruebe una ordenanza contra la prostitución en Córdoba

 

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha presentado una iniciativa para que el Ayuntamiento de Córdoba apruebe una norma jurídica que establezca mecanismos «que impidan la explotación de personas en espacios públicos».

En la rueda de prensa han intervenido Amelia Sanchís profesora de derecho eclesiástico de la UCO, Rafaela Pastor Martínez, presidenta de Palem y Lourdes Pastor Martínez, socióloga, activista feminista y cantante, donde han presentado la exposición de motivos para la aprobación de una Ordenanza Municipal para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en la ciudad de Córdoba. Según defienden, los fundamentos jurídicos de la Ordenanza se encuentran en la Constitución Española, Las Leyes de Violencia tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.

Según la ONU el 27% de las víctimas de trata son menores. Según los últimos datos de Naciones Unidas se estiman que 21 millones de personas han sido víctimas de trata. «La explotación sexual y trata de mujeres, niñas y niños, así como el alquiler de los vientres para la compra de niñas y niños son forma de violencia extrema en la que se cosifica el cuerpo de las mujeres», han comunicado desde Palem.

Penalizar la demanda de servicios sexuales

Palem, en su exposición de motivos para que se apruebe la ordenanza, solicita medidas concretas contra la demanda de servicios sexuales, ya que en el legislación penal sí se incluye la figura del proxeneta como explotador pero no la del prostituidor: «Con esta inciativa, se pretende proteger el adecuado uso de la vía pública abriendo una nueva vía de sanciones a uno de los elementos necesarios para la existencia de la prostitución, que aparece, hasta ahora, como elemento sin responsabilidad: el «cliente», prostituidor».

Asimismo, Palem insta a garantizar que en los locales se lleven a cabo las actividades para las que han obtenido licencia y no se realicen actividades de explotación sexual, y apunta a la publicidad de la prostitución como un elemento importante a sancionar.

 

 

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