La Plataforma 7N pide que se apruebe un Plan estatal de Acción contra la violencia sexual

Imagen de la Marcha del 7 de noviembre contra las violencias machistas

Imagen de la Marcha del 7 de noviembre contra las violencias machistas

La Plataforma 7N contra las violencias machistas celebraba este sábado pasado una Asamblea Estatal en la que ha pretendido fijar la hoja de ruta del próximo curso político e incidir y desarrollar una campaña contra la violencia sexual, tanto en lo político como en lo social.

Este verano ha sido el de mayor compromiso público contra este tipo de agresiones. Son muchos los municipios que han celebrado las fiestas patronales con campañas en las que las asociaciones y ayuntamientos han actuado para combatir y prevenir estos ataques. Concienciar a la ciudadanía para disminuir al máximo el número de delitos sexuales es el objetivo de estas campañas, que generalmente han ido acompañadas de mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las instalaciones donde se realizaron las actividades festivas.

La Plataforma 7N ya había exigido en su manifiesto de constitución que la lucha y los recursos contra la violencia hacia las mujeres incluyera «las agresiones sexuales», junto a todo el catálogo de violencias machistas”. Para la Plataforma, la Ley 1/2004 contra la violencia de género «no abarca toda la realidad».

 


El Ministerio de Interior contabilizó 9.040 denuncias por violación entre 2009 y 2015 (solo las agresiones con penetración), es decir, unas 1.300 anuales. En este tipo de agresión, el 8,6% de las víctimas tiene menos de 13 años y el 19% entre 14 y 17. Se  estima que sólo se denuncia el 10% de las que se producen y que el 82% se perpetran por conocidos.


 

Todas las organizaciones de mujeres coinciden en considerar la violencia sexual como violencia machista o de género. Las organizaciones consideran que la impunidad de este tipo de agresiones las ha hecho crecer. Algunas instituciones públicas ya han puesto el foco en las llamas «violaciones en cita» por considerarlas las más difíciles de combatir a pesar de ser las más frecuentes. La Junta de Castilla-La Mancha ha desplegado este verano la primera campaña específica para afrontar este problema, no descocido, pero muy oculto.

Más recursos para quienes trabajan en asistencia a víctimas de violencia sexual

Para Stop Violencia Sexual (Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género), pionera en la atención a víctimas de estas violencias, y que desarrolla programas de atención y acompañamiento jurídico y psicológico desde hace décadas, «es esencial reforzar la lucha contra las agresiones sexuales» y apunta la prevención y vigilancia en centros educativos como un elemento clave para poner freno a la escalada de agresiones.

Beatriz Bonete, presidenta de Stop Violencia Sexual, señala también la «importancia de que se reconozca la violencia sexual como violencia de género, porque es una violencia mucho más silenciada y eso afecta a las víctimas a la hora de denunciar», especialmente cuando el agresor es un conocido o cuando «la agresión se produce en un encuentro personal o contexto de cita, que suponen en torno a un 70-75% de las agresiones que atendemos en cada una de las asociaciones de la Federación».


«En torno a un 70-75% de las agresiones que atendemos en Stop Violencia Sexual son en un encuentro personal o contexto de cita»


Bonete apunta a la importancia de reconocer la violencia sexual como violencia de género ya que «su inclusión en la ley 1/2004 supondrá una forma de reflejar a nivel institucional y político que la violencia sexual es un problema social al que tenemos que dar una respuesta de forma contundente y coordinada». Asimismo, señala la necesidad de proveer de recursos «para las entidades que trabajamos desde la asistencia especializada a las mujeres que sufren una agresión sexual».

Por su parte, la Plataforma 7N propone extender  la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia de género que establece el artículo 19 de la Ley 1/2004  contra la violencia de género y reclama financiación estatal a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la prestación de estos servicios. También reclaman que los juzgados y tribunales «empiecen a atajar la impunidad y a aplicar en lo que les toca el Convenio de Estambul y la 21ª de las observaciones del Comité CEDAW a España en 2015».

La Plataforma apuesta por la aprobación de un Plan de Acción contra la violencia sexual, conforme al artículo 7 del Convenio de Estambul, «escuchando al parlamento, a los organismos de igualdad de las mujeres de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos y a las organizaciones feministas». La apuesta por una educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas «alejada del modelo heteropatriarcal y basada en el respeto a la igualdad y a la diversidad» es el otro aspecto clave que plantean.

 

 

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