Desigualdades en el acceso a la anticoncepción en España

 

  • El 26 de septiembre es el Día Mundial de la Anticoncepción.

Con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) recuerda que todavía en nuestro país hay necesidades no cubiertas de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y que siguen sin abordarse por parte de las Administraciones públicas. Es el caso, por ejemplo, de las personas inmigrantes que por razones administrativas no cuentan con la tarjeta sanitaria, y de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad que difícilmente tienen acceso a la información y los servicios. «Hay que abordar los problemas de uso de los métodos anticonceptivos por parte de las personas jóvenes, y las desigualdades en la financiación y el acceso a los servicios entre las comunidades autónomas», afirman en un comunicado hecho público a propósito de este día.


En el Estado español casi un 70% de las mujeres en edad fértil usan anticoncepción moderna, un porcentaje casi 30 puntos por encima del que se tenía en los años 80, lo que supone un avance muy importante.


Constatan que entre las personas jóvenes este porcentaje se reduce al 60%. Muchas y muchos jóvenes usan los anticonceptivos seguros de forma no continuada o inconsistente, en menor proporción que los adultos (es el caso del preservativo masculino) y con un menor uso de métodos hormonales, lo que reduce la efectividad de la anticoncepción. Por otro lado, tanto los hombres como las mujeres, especialmente jóvenes, controlan más el riesgo de embarazo no deseado que la prevención de las infecciones de transmisión sexual (I.T.S.).

Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, afirma que, a pesar del aumento del uso de anticonceptivos en nuestro país, hay colectivos que “tienen más dificultades en el acceso a los servicios de asesoramiento contraceptivos, se exponen a un mayor riesgo de embarazos no planificados, desconocen en mayor medida la anticoncepción de urgencia y presentan tasas más altas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que el resto de la población”. Esta realidad requiere de las Administraciones públicas un esfuerzo añadido para ofrecer atención efectiva y asesoramiento adecuado en salud sexual y reproductiva, y la derogación de las medidas que excluyen a las personas de la atención sanitaria por su situación administrativa.

En este sentido, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo incluye el compromiso de establecer una estrategia estatal que a día de hoy sigue sin desarrollarse. El consejo contraceptivo y la financiación de los anticonceptivos eficaces sigue dependiendo de las decisiones de las comunidades autónomas, que en muchos casos no tienen los servicios de salud sexual y reproductiva entre sus prioridades. Esto genera desigualdades entre territorios que se deben corregir urgentemente.

La FPFE insiste en que hay que desarrollar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y acordar, con base en las competencias de las comunidades autónomas, unos criterios comunes que eliminen las desigualdades en el acceso a los servicios y garanticen el acceso de todas las personas a la información y  los servicios.

«Es necesario también que el sistema sanitario garantice la financiación de los anticonceptivos seguros, incluidos los más novedosos y la anticoncepción de urgencia. Hay que recordar que este gasto hace ahorrar en gastos mayores al sistema sanitario derivados de la morbilidad y mortalidad asociada a embarazos no planificados; que reducirá el número de abortos, incidirá en la mejora de la salud pública y contribuirá a una mejor calidad de vida», afirman.

Además, recomiendan incluir la contracepción en los planes de estudio del sistema educativo como parte de la educación afectivo-sexual (que no es aún obligatoria a pesar de la Ley y de las recomendaciones de organismos internacionales), y solicitan reorganizar y establecer mecanismos de integración funcional de los servicios de atención primaria, los centros de orientación y planificación familiar y la atención especializada, para mejorar la cobertura y la atención, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

 

 

 

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