Deficiencias en la estructura policial contra la violencia de género 

A lo largo del año, el sindicato CCOO ha venido mostrando su preocupación por «la percepción de que la violencia está creciendo» – en el primer trimestre de 2015, fueron asesinadas 10 mujeres – pero además por el hecho de que las víctimas cada vez sean más jóvenes.

iforme-violenciaEsta preocupación ha llevado a la FSC CCOO a poner en marcha un grupo de trabajo con personal especializado que interviene en el tratamiento y recuperación de las mujeres que han sufrido violencia, reuniendo a expertos de la policía nacional, guardia civil, policía local, funcionarias de la administración de justicia, de intervención social y sindicalistas.
El objetivo de este grupo de trabajo era conocer las posibles deficiencias que se pudieran estar produciendo y plantear propuestas de actuación para prevenir que se produzcan más asesinatos.
El trabajo realizado por CCOO repasa la reestructuración en enero de 2015 del SAF, UPAP y GRUME, integrándose todos ellos en una unidad : UFAM (Unidad Familia Mujer), integrada en la Comisaría General de Policía Judicial.

Esta Unidad de Familia y Mujer tiene como competencias la investigación y seguimiento de delitos de violencia de género, delitos contra la libertad sexual y malos tratos en el ámbito familiar; así como coordinar la asistencia a las víctimas. No incluye el seguimiento de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, ni de mujeres víctimas de trata.

Su estructura, a nivel central, dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, se establece del siguiente modo:

  • Una Brigada operativa de atención a la familia y a la mujer, que desarrollará la función de coordinación a nivel central.
  • Un Gabinete de estudios integrado por el Área de seguimiento y control, SAF central y UPAP central.
 En las Comisarias dependen de cada Jefatura Superior, de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial.
El Grupo de trabajo que ha analizado desde el Sindicato CCOO la realidad de estas unidades ha señalado  las siguientes carencias:
1) La asistencia de este servicio no es de 24 horas, por lo que en horario nocturno y festivo las víctimas son derivadas a Oficinas de Atención al Ciudadano, atendidas por personal no especializado.
2) Los funcionarios/as encargadas del seguimiento y protección de las víctimas, tienen un excesivo número de casos asignados, llegando a quintuplicar los aconsejados, sin medios materiales en la mayoría de las ocasiones.
3) La tan controvertida Valoración de Riesgo Policial (VPR) y las posteriores evaluaciones de seguimiento (VPER), no deja de ser una fría herramienta informática. El programa asigna un nivel determinado de riesgo (extremo, alto, medio, bajo,….) en función de la respuesta a una batería de preguntas que debe de cumplimentar el funcionario/a policial de turno, según responda la víctima, testigo, victimario o agente policial.
4) Escasez de medios materiales, que impiden, tal y como demandan los distintos protocolos por su valor en sede judicial, efectuar reportajes fotográficos e inspecciones técnico policiales, tanto a las víctimas como en el lugar de los hechos.

La Guardia Civil sin recursos en el territorio 

El informe relata que a pesar de que desde principios de marzo de 2007, se pusiera en marcha el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VdG) y el Manual de Buenas Prácticas, el Gobierno de España se ha olvidado de la Guardia Civil. Esto implica que no se cumple con el apartado 3 del Manual de Buenas Prácticas Policiales en la lucha contra la Violencia de Género, lo que se concreta en la práctica con la falta de creación de unidades especializadas encargadas de tramitar denuncias, de llevar a cabo investigación, evaluación de los niveles de riesgo y del seguimiento específico de casos de violencia dirigida a las mujeres, que faciliten ayuda y coordinación a otras unidades policiales.
Esta denuncia ya fue realizada en la anterior legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista  una Proposición No de Ley para la creación por catálogo de puestos de trabajo de las unidades territoriales de la Guardia Civil especialmente preparadas para afrontar la violencia de género, que fue rechazada por la Comisión de Interior del Congreso.  Los socialistas plantearon como tema clave la lucha contra el maltrato en los pueblos pequeños y denunciaron el frenazo a la implantación y especialización de la Guardia Civil en esta materia.  El informe de CCOO hace referencia a las mayores dificultades de denunciar agresiones en el ámbito rural y  para «hacer un seguimiento de ayuda a la víctima».

Aunque en la Guardia Civil, existen un grupos especializados los Equipos y Especialistas Mujer-Menor (EMUMES) encargados de este tipo de delitos, estos equipos no se encargan del control directo y evaluación diaria adecuada a cada nivel de riesgo de las víctimas, ya que no existen unidades en todo el territorio y estos se hallan solo en las Comandancias de la Guardia Civil.

En realidad los EMUMES llevan la investigación criminal de los hechos más graves sobre maltrato (mujer y menores), pero no del día a día de los casos generales ni del seguimiento de las medidas cautelares judicialmente impuestas a los agresores, encargándose de estas cuestiones las Unidades de Seguridad Ciudadana.
La Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC)  viene denunciando desde hace años esta situación que supone de facto que el Instituto Armado «no se encuentre en disposición de dar un servicio de calidad a la víctima y mucho menos llegar a la protección que exige la norma».
 La AUGC también se ha venido quejando de que «el grueso de los casos, a falta de personal, recae en agentes sin preparación ni recursos».
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