Recomendaciones a España sobre discriminación contra la mujer

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica visitó España del 9 al 19 de diciembre de 2014 por invitación del Gobierno. La Presidenta-Relatora, Frances Raday y Eleonora Zielinska participaron en la visita.

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Recomendaciones del Grupo de trabajo  de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica[1]

 

En el ámbito del marco institucional, el Grupo recomienda: 

  1. Aplicar la normativa sobre igualdad de género, prohibir la discriminación contra la mujer y eliminar la violencia de género de acuerdo con las obligaciones que el país ha contraído en la CEDAW, los Convenios de la OIT, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de la UE y el Convenio de Estambul de modo uniforme en todas las comunidades autónomas. En caso necesario, podría modificarse la Constitución para lograr este objetivo.
  2. Recuperar el Instituto de la Mujer como organismo especializado dedicado a los derechos de la mujer, para evitar el riesgo de desviar sus objetivos centrados en la mujer al asignarle otras funciones, reduciendo así la visibilidad, el enfoque y la especialización en materia de género de las instituciones.
  3. Establecer marcos institucionales con especial atención en la supervisión y la evaluación del impacto de las leyes y programas para la igualdad de la mujer y la superación de la violencia de género.

En lo relativo a la participación de las mujeres en la vida económica y social, el Grupo recomienda:

  1. Eliminar barreras para la participación de la mano de obra femenina adoptando medidas administrativas concretas para afrontar los distintos problemas identificados, como la falta de trabajo a jornada completa, la brecha salarial de género y la excesiva carga de atención a personas dependientes que soportan las mujeres.
  2. Reimplantar niveles mínimos de protección social para todos los tipos de atención a la dependencia, incluidos servicios de asistencia infantil subvencionados, asequibles y de gran calidad, especialmente para padres que trabajen a jornada completa, y la armonización de la jornada y las vacaciones escolares con el horario laboral, que son medidas fundamentales no solo para las mujeres, sino también para la recuperación sostenible de la economía.
  3. Incrementar la participación de las mujeres en la iniciativa empresarial y la toma de decisiones económicas, mediante la imposición de cuotas en los consejos directivos de las grandes empresas, y establecer líneas de crédito y cuotas en la adjudicación de contratos públicos para empresas dirigidas por mujeres.
  4. Aumentar la concienciación social sobre la posibilidad de denunciar la discriminación laboral prevista en la Ley de Igualdad de 2007, delegando la aplicación de la prohibición de la discriminación tanto en el sector público como en el privado en la Inspección de Trabajo y el Instituto de la Mujer. Facilitar que las personas y las organizaciones de la sociedad civil recurran a los tribunales, entre otras cosas eximiendo a los procedimientos por discriminación laboral de las tasas judiciales. Ratificar la Carta Social Europea revisada y el mecanismo de reclamaciones colectivas que esta establece.
  5. Realizar estadísticas desagregadas por sexos en todos los aspectos laborales en los servicios públicos y privados, incluida la promoción, la formación y las prestaciones complementarias, como los pluses, gastos de desplazamiento, pensiones, etc.
  6. Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos como paso hacia la protección de los derechos de los empleados de hogar. Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
  7. Evaluar el impacto sobre los derechos humanos, incluido el impacto de género, de las medidas de austeridad fiscal de modo transparente e inclusivo, en estrecha cooperación con la sociedad civil y las estructuras existentes de derechos humanos a nivel nacional.

En el ámbito de la educación, la cultura y los estereotipos, el Grupo recomienda: 

  1. Permitir que el sistema educativo desempeñe su función esencial de combatir la persistencia de las estructuras patriarcales y los estereotipos profundamente arraigados sobre el papel y las responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y la sociedad, y de eliminar la violencia de género, incluida la violencia doméstica.
  2. Revisar los libros de texto y planes de estudio en todos los centros educativos, públicos y privados, para eliminar estereotipos de género, facilitar la emancipación y proporcionar orientación profesional a las estudiantes.
  3. Diseñar, en colaboración con la comunidad gitana, mejores políticas de integración para la educación de las niñas, evitando la segregación. Superar la brecha de las niñas gitanas en la educación secundaria y superior mediante programas específicos supeditados a los resultados.
  4. Reimplantar la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en todo el país como asignatura obligatoria en los planes de estudio, que incluya la promoción de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra la mujer, incluida la discriminación múltiple.
  5. Realizar investigaciones sobre las causas de la persistencia de estereotipos de género profundamente negativos. Entre otras cosas, favorecer y facilitar que las niñas y las jóvenes escojan entre un gran número de campos de estudio.
  6. Combatir los estereotipos de género en los medios de comunicación, televisión, páginas web y declaraciones de personajes públicos, incluidos los políticos, los jueces y la jerarquía eclesiástica. Reforzar las excelentes disposiciones legales y políticas con sanciones eficaces.

En cuanto a la violencia contra la mujer, el Grupo recomienda: 

  1. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado, tal como propone un proyecto de ley en la Comunidad Foral de Navarra.
  2. Ampliar el sistema VioGen sobre violencia doméstica para que abarque todas las formas de violencia contra la mujer – incluida la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial, la violencia en espacios públicos, el lugar de trabajo y las escuelas y mantener el sistema exclusivamente dedicado a la violencia basada en el género, tal como la define el Convenio de Estambul.
  3. Aplicar urgentemente todas las recomendaciones del Comité de la CEDAW al caso González, incluyendo asumir la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar la debida diligencia, especialmente en el caso de los derechos de visita o custodia de los hijos.
  4. Garantizar que no se otorguen derechos de visita sin supervisión a los padres cuando ello pueda suponer un riesgo para los derechos, el bienestar y la seguridad de la víctima o de sus hijos.
  5. Evaluar sistemáticamente el impacto de los programas de formación con dimensión de género, haciendo especial hincapié en los contenidos y la metodología. Garantizar programas de formación eficaces para todo el personal relevante de todas las instituciones, incluidos los parlamentarios, el poder judicial, los funcionarios públicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el personal sanitario.
  6. Realizar una evaluación profesional exhaustiva, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, de la aplicación de la ley de 2004, que incluya el funcionamiento de los mecanismos institucionales y judiciales, como los juzgados especializados de violencia sobre la mujer.
  7. Dar prioridad a los esfuerzos hacia los grupos vulnerables de mujeres, incluyendo la no-deportación de las mujeres inmigrantes en situación irregular o posibles víctimas de trata de personas que denuncien haber sufrido violencia de género.

En el ámbito de la salud y la seguridad, el Grupo recomienda:

  1. Eliminar los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a servicios seguros y legales de interrupción del embarazo en todo el país, como por ejemplo el rechazo regional generalizado a practicar abortos acogiéndose a la objeción de consciencia. Redactar una normativa adecuada sobre tutela pública para que las niñas menores de 16 puedan practicar un aborto sin el consentimiento de sus padres.
  2. Suspender todos los intentos de restringir el actual acceso seguro y legal al aborto.
  3. Incluir la educación sexual obligatoria en los programas educativos.
  4. Garantizar la cobertura médica universal para todos, incluidas las mujeres inmigrantes, y extender el ejemplo de Andalucía y Navarra, que han seguido proporcionando asistencia sanitaria universal, a todas las comunidades autónomas.

En relación con la participación de las mujeres en la vida política y pública, el Grupo recomienda:

  1. Aplicar medidas especiales de carácter temporal para alcanzar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la administración pública, incluidos los niveles superiores del poder judicial y los servicios diplomáticos.

[1] Consejo de Derechos Humanos

Vigesimonovena sesión

Punto 3 del orden del día

Promoción y protección de todos los derechos humanos,  derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,  incluido el derecho al desarrollo

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica  / Misión en España

 

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